El Ministerio del Interior difundió un comunicado mediante sus redes oficiales para informar sobre un caso que generó fuerte atención pública. En el mensaje, el sector indicó: “El Ministerio del Interior informa que la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú viene realizando una rigurosa investigación contra dos oficiales que habrían incurrido en presuntos actos de corrupción en la región Apurímac”. Agregó, “desde el sector Interior, liderado por el ministro Vicente Tiburcio, no se tolerarán conductas al margen de la ley. Por ello, se ha establecido y se mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier acto de corrupción que afecte la institucionalidad y la confianza ciudadana”.
El comunicado concluyó señalando que el sector mantiene su compromiso con la transparencia y con mecanismos internos orientados al control disciplinario. “El Ministerio reafirma su compromiso con la transparencia, la integridad y el fortalecimiento de los mecanismos de control interno para garantizar un servicio policial honesto y eficiente al servicio del país”.
La alerta sobre estas irregularidades surgió luego de que el consultor y analista en seguridad integral Pedro Yaranga difundiera diversos mensajes en sus redes. Desde su cuenta, informó que en la DIVINCRI y la DEPINCRI de Abancay existirían cobros sistemáticos de dinero dirigidos a suboficiales bajo la supervisión de un comandante y un capitán.
Denuncias difundidas por redes sociales
Según Yaranga, los dos oficiales señalados solicitaban pagos mediante Yape y Plin. El consultor explicó que quienes se negaban a entregar dichos montos terminaban reubicados fuera de sus unidades, lo que generó tensión entre el personal. Además, comentó que varios subalternos indicaron que los implicados también ofrecían beneficios indebidos a empresas de transporte investigadas por otras dependencias policiales.
Como respaldo, Yaranga presentó capturas de pantalla que circulan en la región desde hace varios días. En una de ellas se observa un mensaje de un suboficial dirigido a uno de los oficiales involucrados. El texto decía: “Mi capitán, devuélvame los 500 soles. Ya se me ha puesto a disposición, encima se ha informado de mis dos carpetas. Devuélvame o yo lo haré público”. En respuesta, el capitán argumentó que el subalterno terminó entregado a órdenes del comandante por incumplir el monto pactado. En la conversación se lee que la cifra exigida ascendía a 1000 soles. El suboficial replicó: “Los 500 eran por mi cambio. Ahora me botan con informe, maleteándome”.
Una imagen difundida por el consultor muestra la constancia de una transferencia de 500 soles dirigida al comandante Luis Rubén Cordero Granda. Según la denuncia, este monto formaba parte de los pagos solicitados por cambios de puesto o para evitar informes negativos dentro de los expedientes laborales del personal.
Conversaciones que revelan presión y amenazas
Otra captura difundida expone un mensaje del suboficial hacia el capitán Delgado, en el cual señala que revelaría públicamente estas acciones. “Le diré a mi flaca que vaya a la radio. Abajo cobran por todo, usted hace de intermediario del comandante, piden cuotas, hostigan a los que no se matriculan con su billete”, escribió el subordinado. El mismo mensaje menciona que los dos oficiales incluso pedían bebidas alcohólicas a ciudadanos sin ofrecer detalles completos sobre las circunstancias. El texto continúa: “A los civiles piden trago, hace unos días, a nombre del comandante, trajeron botellas de piscos. Quiero mi plata, señor, no se meta en problemas”.
Los mensajes muestran además frases repetidas entre varios subalternos que indican que los cobros se justificaban como “órdenes superiores”. Entre los textos citados figura un intercambio donde el suboficial solicita nuevamente el dinero entregado y el capitán responde: “Que hay compare (sic). ¿En qué monto quedaste con el comandante? Me dijo una luca, yo pensé que eran 5 ferros (5 mil soles). Le di cuenta y se rayó mi tío. Me dijo dale su oficio a ese webon, por eso te puse a disposición”.
Actuación de las autoridades y contexto regional
El caso involucra al comandante Luis Cordero Granda y al capitán Delgado, ambos asignados a unidades de investigación criminal en Abancay. De acuerdo con la información difundida, estos oficiales mantenían un sistema interno de pagos que condicionaba la permanencia del personal en determinadas áreas. La Inspectoría General de la PNP evalúa cada elemento entregado por los denunciantes y revisa las operaciones internas de las unidades mencionadas. El Mininter, mediante su comunicado, indicó que el proceso sigue un protocolo disciplinario estricto, con reserva en cada etapa para evitar interferencias externas.
En paralelo, las estadísticas del Ministerio Público registran 298 policías investigados en el país por vínculos con organizaciones delictivas. Esa cifra, presentada en informes recientes, refleja un escenario complejo para los organismos de control y genera exigencias de mayor supervisión en diversas regiones.
