La posible ejecución de un centro comercial con casino sobre la playa Las Sombrillas, en Barranco, ha provocado una fuerte reacción de rechazo encabezada por la alcaldesa Jéssica Vargas Gómez y respaldada por numerosos vecinos, comerciantes y deportistas del distrito. El proyecto, producto de una concesión privada otorgada en 2005, reaviva el debate sobre el uso y la privatización de los últimos espacios naturales públicos en la Costa Verde de Lima.
La concesión y su historia
Según explicó la alcaldesa a Buenos Dias Perú, la concesión, originalmente asignada hace casi dos décadas por la administración del exalcalde Martín del Pomar, autoriza a la empresa Capital Properties, vinculada a Gil Shavit, a desarrollar un complejo de gran escala sobre un área aproximada de 10.000 metros cuadrados en plena playa. El plan incluye la edificación de un mall de dos niveles, dos restaurantes de lujo, un casino, tres restaurantes complementarios y la instalación de al menos 125 estacionamientos privados, además de infraestructuras en la playa para servicios y plataformas.
Durante años, el proyecto permaneció inactivo, hasta que en 2017 un laudo arbitral desfavorable para la Municipalidad de Barranco obligó a reactivar la cesión del terreno a la empresa, luego de una disputa judicial prolongada. En entrevista pública, la alcaldesa señaló que la empresa busca que los treinta años de concesión empiecen a contarse solo después del traspaso efectivo del predio, sumando un periodo de gracia de cinco años sin pagos municipales.
Impacto ambiental y social
La alcaldesa Vargas Gómez ha enfatizado a Buenos Días Perú el carácter “intangible” de la zona: “Esta es una de las playas más importantes de Lima y uno de los pocos ecosistemas que aún conserva carrizales y humedales en la Costa Verde. Miles de veraneantes, deportistas y familias dependen de este entorno para actividades recreativas y trabajo diario”. Además, la zona alberga puquios antiguos cuya agua se destina al riego urbano y recibe aves migratorias, lo que refuerza su valor ecológico.
Los comerciantes y deportistas del distrito, incluyendo surfistas y jugadores de paleta, expresaron su preocupación por el posible acceso restringido y privatización de una de las dos últimas playas de arena en Barranco, junto con Los Yuyos, otro espacio defendido previamente por la acción comunal.
Argumentos legales y sentidos de pertenencia
El conflicto adquiere complejidad legal por la vigencia de un fallo arbitral y la interpretación de los derechos adquiridos por la concesionaria. De acuerdo con Vargas Gómez, la resolución que dispone la entrega de la playa no toma en cuenta el principio constitucional de libre tránsito en las playas peruanas, ni el hecho de que el espacio ha sido declarado como bien de uso público.
El municipio sostiene que no recibió ingresos por la concesión durante el periodo en que el proyecto estuvo inactivo y que la reinstalación de los términos contractuales resultaría lesiva para el acceso público y la administración distrital. El liderazgo local ha solicitado la intervención de la Superintendencia de Bienes Estatales (SBN), titular del terreno desde 2017.
Resistencia local y próximos pasos
Los vecinos de Barranco y representantes distritales han convocado a la ciudadanía a defender el espacio. “Esta playa pertenece a todos los limeños y peruanos. Vienen personas de distritos como Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo”, declaró la autoridad edil. La proximidad del verano ha incrementado la preocupación, dado que la temporada alta multiplica la asistencia a la playa.
Aún resta por definirse si la empresa ejecutará finalmente el proyecto y bajo qué condiciones. Las autoridades aseguran que continuarán buscando recursos legales y administrativos para evitar la entrega del terreno, mientras la comunidad organizada intensifica sus acciones de protesta para preservar uno de los últimos accesos de arena en la Costa Verde de la ciudad.
