Patricia Benavides impulsó la postulación de Gino Ríos a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por pedido de un grupo conocido como ‘Los mafiositos’, según el testimonio oficial de su exasesor Jaime Villanueva. La afirmación se dio durante una declaración formal ante el Ministerio Público, en la que Villanueva relató una serie de reuniones y coordinaciones previas orientadas a incidir en la integración de la JNJ y en la designación de cargos fiscales claves.
De acuerdo con lo difundido por Epicentro, Benavides transmitió a Villanueva y a su colega [Miguel Ángel] Girao, quien también era asesor de la fiscal, que “Los mafiositos me han pedido por Gino Ríos, que es empleado de Chang en la San Martín”.
El testimonio de Villanueva sitúa estos hechos hacia noviembre de 2023, poco antes del lanzamiento del operativo “Valquiria”. En ese entorno, según lo relatado al Ministerio Público, la prioridad de Benavides era obtener injerencia sobre la JNJ debido a la importancia de dicho órgano en los procesos contra fiscales y jueces, así como en la convocatoria para las plazas de fiscales supremos transitorios. Villanueva detalló que Benavides buscaba asegurarse el control no solo por los expedientes en los que estaba implicada, sino también para definir quién ocuparía cargos clave dentro de la estructura fiscal.
El exasesor subrayó además la relación de Benavides con la Universidad San Martín de Porres, así como con figuras del Partido Aprista Peruano (APRA).“Lo que es evidente y no es una opinión, es la relación que ella mantenía o mantiene con la universidad San Martín, que fue la que la contrató cuando fue destituida como Fiscal de la Nación, como también es evidente su estrecha relación con el partido aprista a través de su abogado, el señor Jorge del Castillo”.
Agregó que en un homenaje organizado por el Colegio de Abogados de Lima, tras la suspensión de Benavides, la exfiscal apareció acompañada tanto por Del Castillo como por Pilar Nores, viuda del expresidente Alan García, a quien recientemente se le había archivado una investigación por lavado de activos.
En cuanto al mecanismo para influir en la elección de la JNJ, Villanueva explicó que existieron coordinaciones previas al funcionamiento formal de la comisión encargada: “la fiscal Patricia Benavides iba a promover la candidatura de tres personas, con la expectativa de que al menos dos de ellas alcanzaran los puestos en la Junta Nacional de Justicia”. La estrategia involucraba negociaciones con otros integrantes de la comisión evaluadora, especialmente con representantes de la Defensoría del Pueblo.
Villanueva aseguró ante el Ministerio Público que el objetivo central de Benavides se centraba en definir la composición de la JNJ, priorizando el control del organismo por encima de la designación específica de otros funcionarios. Destacó la importancia de elegir al defensor del Pueblo no por el perfil de la persona, sino por la facultad de este cargo de presidir la comisión que seleccionaría a los miembros de la JNJ.
JNJ se niega a reponer a Delia Espinoza, a quien suspendió por no acatar la orden de poner a Patricia Benavides como fiscal de la Nación
La revelación del presunto nexo entre Patricia Benavides y Gino Ríos se da en medio de la negativa por parte de la JNJ de acatar la reposición de Delia Espinoza, la cual fue ordenada por el Poder Judicial, e insistir en el proceso disciplinario y suspensión por no reponer a Patricia Benavides en el cargo.
Como se sabe, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendió a Delia Espinoza tras determinar que desobedeció la directiva de nombrar a Patricia Benavides Vargas como fiscal de la Nación. Espinoza Valenzuela promovió entonces una acción de amparo.
El 13 de octubre, el Juzgado Constitucional declaró fundada la medida a favor de la magistrada y dispuso la suspensión provisional de los efectos de la mencionada resolución de la JNJ y la paralización de cualquier procedimiento disciplinario en su contra derivado de esta controversia. No obstante, laJNJ solo suspendió parcialmente los procedimientos disciplinarios, manteniendo en vigor la medida relativa a cargos distintos a aquellos vinculados por la acción de amparo, interpretación que el Juzgado consideró unilateral y contra legem.
