El gobierno de José Jerí señaló que todavía no ha tomado una decisión respecto al salvoconducto para la expresidenta del Consejo de Ministros. La exministra de Trabajo tendrá que permanecer en la embajada de México, a la espera de conocer si podrá viajar al país que le dio asilo diplomático.
Por medio de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que antes de tomar una postura consultará a los países de la Organización de Estados Americanas (OEA) sobre modificaciones a la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático.
Excancilleres de Perú se ha pronunciado sobre este caso. Óscar Maúrtua explicó que la posición del gobierno muestra “una visión ecléctica” sobre una cuestión que ha generado amplia polarización pública.
“A lo largo de la semana hemos sentido gente que estaba reclamando, en apego a la Convención y a la Constitución, que se procediese a otorgar el salvoconducto, y a otras opiniones que recalcaban que era riesgoso [hacerlo]”, declaró.
Recordó que la normativa vigente y el artículo 3 de la Convención de Caracas exigen al Perú conceder el salvoconducto una vez otorgada la condición de asilo.
“Una vez concedido el asilo por parte del Estado solicitante –en este caso, México– corresponde al Perú, de acuerdo con la Convención, otorgarlo”, afirmó. También precisó la función humanitaria del recurso al señalar que “siendo el asilo una institución humanitaria, un acto de protección, de refugio, de inmediato se le tiene que otorgar el salvoconducto”.
Por otro lado, el también exministro de Relaciones Exteriores, Francisco Tudela, sostuvo que el asilo otorgado por México a Betssy Chávez resulta ilegal bajo la Convención de Caracas.
En el programa Prueba de Fuego, argumentó que “no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, y más aún gozaba de libertad, solo tenía comparecencia”.
Resaltan la consulta a la OEA
El especialista en derecho internacional, Gattas Elías Abugattas, mencionó al mismo medio que el gobierno tomó una “salida inteligente” al dejar en suspenso el salvoconducto. Explicó que la consulta a los países miembros de la OEA permite manejar el proceso diplomático “ganando tiempo” y evitando eventuales incumplimientos del tratado.
“Si bien es cierto que tenemos la obligación de dar el salvoconducto de manera inmediata, también es cierto que México está otorgando un asilo que no corresponde, de acuerdo con el artículo 3 de la Convención (prohíbe otorgar asilo diplomático a personas procesadas por delitos comunes)”, remarcó.
Abugattas puntualizó que “el Estado asilante –en este caso México– tiene el derecho de calificar si existe persecución política, pero también prohíbe conceder asilo a personas procesadas por delitos comunes”. Comentó que el conflicto surge por la interpretación opuesta: México considera que existe persecución política, mientras Perú afirma que Chávez enfrenta procesos jurídicos por los delitos de rebelión y conspiración para la rebelión. “Ni otorgo ni niego el salvoconducto”, subrayó.
Desde una perspectiva política, el presidente del Partido Popular Cristiano (PPC), Carlos Neuhaus, valoró la postura del Gobierno peruano de realizar consultas antes de decidir sobre el salvoconducto solicitado para Betssy Chávez.
Ruptura diplomática entre Perú y México
Al cierre de la jornada, la crisis diplomática entre Perú y México escaló con la salida de Karla Tatiana Ornelas Loera, encargada de negocios de la Embajada mexicana en Lima, tras la orden inmediata emitida por el Gobierno peruano. Esta acción se produjo luego de que México concediera asilo diplomático a Betssy Chávez, ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo, quien enfrenta proceso judicial por el intento de disolver el Congreso. La Superintendencia Nacional de Migraciones confirmó el control migratorio de Ornelas, hecho que marcó el cierre de la última representación diplomática mexicana en territorio peruano.
El presidente José Jerí y el canciller Hugo de Zela justificaron la medida al considerar que la decisión mexicana vulnera el marco jurídico internacional y constituye una intervención en asuntos internos. El gobierno peruano también dispuso el retiro de su personal de México, señalando que la ruptura bilateral solo cambiará si el país norteamericano modifica su postura. Las autoridades mexicanas defendieron el asilo como acto humanitario, mientras las peruanas recalcaron que la situación judicial de Betssy Chávez responde a delitos de naturaleza común y no a persecución política.
Este episodio se suma al deterioro progresivo de las relaciones entre ambos países desde la crisis política de 2022. Infobae Perú reportó que, tras la expulsión diplomática, el Ejecutivo peruano insistió en el respeto a la soberanía nacional y la defensa de los procedimientos estipulados por la Convención de Caracas en materia de asilo.
