Ronderos azotan al acalde y dos regidoras de Piura por incumplir obras: autoridad presentó denuncia por lesiones

El alcalde provincial de Ayabaca, Darwin Quinde Rivera, y dos regidoras del concejo municipal fueron azotados públicamente por ronderos del caserío de Hualcuy, en la región Piura. La sanción comunal se ejecutó durante una asamblea pública ante más de un centenar de pobladores, quienes exigían explicaciones por el incumplimiento de obras prometidas y la falta de atención a sus demandas locales.

Según testigos, los representantes municipales fueron llamados al centro del local comunal, colocados sobre una banca de madera y castigados con 12 latigazos cada uno, mientras los dirigentes exigían una respuesta sobre la paralización de proyectos de infraestructura básica y la ausencia del alcalde en reuniones convocadas por la comunidad. Los pobladores señalaron que las autoridades ediles no habían cumplido con compromisos asumidos en asambleas previas, relacionados con la ejecución de canaletas, defensas ribereñas y puentes modulares necesarios para mitigar riesgos durante las lluvias.

De acuerdo con la Central de Rondas Campesinas de Hualcuy, la medida fue aprobada en una sesión ordinaria y forma parte de sus mecanismos de control comunal reconocidos por ley. Los dirigentes indicaron que la decisión respondió a la reiterada falta de cumplimiento de compromisos por parte del alcalde y su equipo de regidores, además de su incomparecencia a las reuniones donde debían rendir cuentas sobre el avance de las obras.

En videos difundidos por redes sociales, se observa a los comuneros interpelando al burgomaestre antes de aplicar el castigo. En las imágenes se escucha a uno de los ronderos decir: “Usted tiene que ser consciente de la disciplina a la que se va a someter”, mientras otros asistentes respaldaban la decisión. Las dos regidoras también fueron llamadas al centro de la asamblea y azotadas por “guardar silencio cómplice” frente a las presuntas deficiencias en la gestión municipal.

Tras recibir los azotes, el alcalde Darwin Quinde declaró ante los asistentes: “Yo no he robado al pueblo, no tengo por qué pedir disculpas. Los errores fueron de personas que contraté y que no cumplieron”. La respuesta fue recibida con molestia por parte de los comuneros, quienes insistieron en que la autoridad debía ofrecer una disculpa pública al pueblo. Quinde, sin embargo, sostuvo que su conciencia estaba tranquila y que su administración había aportado más de lo que se reconocía.

Horas después del incidente, el burgomaestre acudió a la comisaría del distrito de Ayabaca para presentar una denuncia formal contra los ronderos que encabezaron el castigo, a quienes acusó de actuar de forma prepotente y con motivaciones políticas. En su testimonio, explicó que uno de los detonantes del enfrentamiento fue la falta de cumplimiento de un proveedor con el alquiler de un equipo de sonido solicitado para el aniversario de las rondas campesinas, hecho que habría sido malinterpretado como una negativa de apoyo.

Mediante un comunicado oficial, la Municipalidad Provincial de Ayabaca expresó su rechazo al uso de la violencia y exhortó a la población a mantener la calma y colaborar con las autoridades para el esclarecimiento de lo ocurrido. La institución señaló que se respetan las tradiciones comunales, pero que ninguna persona debe ser sometida a agresiones físicas, especialmente tratándose de funcionarios públicos en ejercicio.

El documento precisó además que la gestión municipal continuará atendiendo los proyectos priorizados por las comunidades rurales y que se buscarán canales de coordinación más efectivos con las rondas campesinas para evitar incidentes similares. La comisaría de Ayabaca confirmó que la denuncia del alcalde se encuentra en trámite y que se identificará a los dirigentes comunales involucrados para determinar responsabilidades.

Los habitantes de Hualcuy y de los caseríos vecinos reiteraron su demanda de ejecución inmediata de proyectos básicos, entre ellos la construcción de defensas ribereñas, el mejoramiento de vías y la instalación de puentes en zonas críticas. Señalaron que las demoras afectan el tránsito y ponen en riesgo a las familias durante la temporada de lluvias.

Las rondas campesinas reafirmaron que sus acciones buscan garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las autoridades, advirtiendo que, de persistir el incumplimiento, el alcalde podría ser nuevamente convocado para rendir cuentas ante la asamblea comunal. Mientras tanto, las investigaciones policiales continúan en curso para determinar los responsables de la agresión física y las circunstancias exactas en las que se desarrolló el castigo público.