El director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, Eduardo Herrera, se pronunció sobre la controversia generada por el uso de una cámara del Congreso de la República en el evento partidario de Keiko Fujimori en Trujillo, y advirtió que el caso requiere una investigación rigurosa para determinar las responsabilidades internas.
“El trabajador va a tener que decir quién lo autorizó y cómo sacó los permisos, porque la cámara no es suya, no es un celular que se puede llevar en el bolsillo. Es un objeto importante del Estado”, señaló Herrera en diálogo con Exitosa.
El funcionario explicó que todo equipo audiovisual asignado al Parlamento cuenta con un código de registro y control de salida, lo que permite rastrear su ubicación y el personal responsable de su uso. “Hay un tracking (...) El agente de seguridad debe saber a dónde va la cámara”, señaló.
Herrera subrayó que este tipo de hechos evidencian deficiencias en los mecanismos de control y fiscalización dentro de las entidades públicas.
Uso del poder para disponer de bienes del Estado
El director de la Defensoría Anticorrupción criticó que algunos funcionarios actúen como si los bienes del Estado fueran de libre uso. “El gran problema es ese, que nuevamente las autoridades piensan de que como el poder es de ellos, se pueden tirar las cámaras, pueden tirarse la plata”, declaró.
Herrera recordó que los bienes públicos deben emplearse únicamente con fines institucionales y que toda salida del inventario del Congreso requiere una autorización formal.
La cámara fue usada en el lanzamiento de la precandidatura de Fujimori
El caso estalló tras la difusión de imágenes del canal Sol TV, que mostró una cámara con la inscripción “Congreso de la República. Registro secuencial 25459. Inventario físico general 2024” durante el evento político de Fuerza Popular, donde Keiko Fujimori oficializó su cuarta postulación a la presidencia de la República.
El material audiovisual fue empleado para registrar el acto partidario realizado el 31 de octubre en Trujillo, en el que participaron varios congresistas de la bancada fujimorista. La presencia del equipo estatal generó cuestionamientos sobre el uso de bienes públicos con fines partidarios, especialmente en medio del inicio de la precampaña electoral.
El trabajador identificado como Daniel Luza, de la Oficina de Participación Ciudadana del Parlamento, fue señalado como responsable del manejo del equipo. De acuerdo con Canal N, Luza viajó a Trujillo junto a Marco Pacheco, asesor de la congresista Rosangella Barbarán. Posteriormente presentó su renuncia, que fue aceptada por la Oficialía Mayor del Congreso el 1 de noviembre, un día después del evento.
Contradicciones en el Congreso
El trabajador Daniel Luza, señalado por el uso indebido de la cámara del Congreso, figura como aportante de Fuerza Popular en 2023, con una donación registrada de S/ 150.
Desde el partido, el congresista Ernesto Bustamante intentó deslindar responsabilidades y aseguró que “Fuerza Popular no usó esa cámara, la usó una persona de manera no autorizada”. Según dijo, la responsabilidad recaería únicamente en el trabajador que retiró el equipo sin permiso.
Por su parte, la legisladora Patricia Juárez planteó que el hecho podría haber sido “una iniciativa personal” del empleado. “Considero que podría haber sido una iniciativa de la persona que ya ha presentado su renuncia”, declaró a RPP.
Por su parte, el comunicado oficial del Congreso, emitido el 2 de noviembre, en el que se calificó la acción como una “presunta inconducta funcional”, sin mencionar que se tratara de una decisión unilateral del trabajador.
