El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) lanzó una alerta pública frente a la insistencia del empresario minero Roberto Facundo Santos Gueudet de ejecutar el Proyecto Minero Hermés en la cuenca del río Ayampis, pese a la oposición histórica de las comunidades y a la falta de consentimiento indígena.
En su pronunciamiento, publicado el 3 de noviembre desde Kanus, Soledad, el GTANW advierte que la propuesta constituye “una amenaza directa a la vida de nuestro pueblo”, afectando ecosistemas, territorio ancestral y la salud de las comunidades.
Rechazo reiterado a la actividad minera en el territorio Wampís
El Gobierno Wampís recordó que desde años atrás ha manifestado de forma “clara y unánime” su rechazo a actividades mineras y extractivas que afecten su territorio. Esta posición fue ratificada en diversos espacios internos, como la XVI Cumbre de la Nación Wampís (agosto de 2023), donde los representantes reafirmaron su mandato colectivo de proteger el territorio heredado de sus mayores.
La Nación Wampís considera que tanto la minería como la tala representan un riesgo para su integridad cultural, ambiental y social, generando degradación de bosques y ríos, ya sea mediante actividades legales o ilegales. “Los resultados son siempre los mismos, siendo las víctimas el territorio y quienes vivimos en él”, advierten.
La concesión y el contrato cuestionado
El GTANW denuncia que la concesión minera Ayambis I y II, otorgada por el Gobierno Regional de Amazonas, se superpone a territorio wampís y fue gestionada sin consulta ni consentimiento previo, vulnerando derechos reconocidos a los pueblos indígenas en el Perú y a nivel internacional.
Además, rechaza un contrato suscrito por un exdirigente comunal de Alianza Progreso que permitió el uso del territorio superficial a favor del concesionario. Consideran este acuerdo como “lesivo y entreguista”, pues otorga libre tránsito al minero y habilita la subcontratación de operaciones mediante REINFO, mecanismo usado para encubrir minería ilegal.
Intentos de ingreso minero frenados y nuevo avance
El pronunciamiento recuerda que en 2024 ya se denunció un intento de exconsejeros regionales y comuneros de instalar un campamento minero en Boca Ayampis, bajo el argumento de contar con respaldo legal. La intervención del GTANW llevó al Gobierno Regional de Amazonas a desmentir esta versión y frenar la instalación mediante la Resolución N° 01-2024-GRAMAZONAS/GRDE-DREM, emitida el 4 de enero de 2024.
Pese a ello, el empresario Santos Gueudet ha presentado una Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) para avanzar con el Proyecto Minero Hermés, que plantea abrir un tajo abierto por 19 años, con la remoción de 680 mil toneladas de material en plena Amazonía.
Los riesgos ambientales reconocidos en la propia EVAP
El GTANW sostiene que, aunque el documento busca minimizar daños, la propia EVAP admite impactos severos durante el proceso de extracción, como:
- Alteración del relieve y erosión
- Incremento de ruido, vibraciones y material particulado
- Migración de fauna y afectación de biodiversidad
- Riesgo de accidentes y conflictos sociales
- Contaminación de cuerpos de agua
El pronunciamiento advierte que la minería a tajo abierto implica la remoción de cobertura vegetal, erosión y sedimentación que vulneran la Ley de Recursos Hídricos (N.º 29338). Además, señalan que la pérdida de especies sería irreversible.
Exigen nulidad y piden frenar aprobación de evaluación ambiental
El Gobierno Wampís exige al Gobierno Regional de Amazonas no aprobar la EVAP del Proyecto Hermés y ratifica su demanda de nulidad total de la concesión. “Es una amenaza directa a la vida de nuestras poblaciones, a los bosques, el agua, la biodiversidad y la naturaleza”, afirman.
El pronunciamiento también recalca que cualquier actividad extractiva requiere consentimiento colectivo, lo cual no se ha cumplido.
“Defenderemos nuestro territorio para las futuras generaciones”
El GTANW concluye enfatizando que la defensa del territorio Wampís es un compromiso histórico con sus pueblos, el país y la humanidad. Señalan que continuarán apelando a normas constitucionales y del derecho internacional que protegen a los pueblos indígenas.
“Seguiremos luchando por preservar la integridad de nuestro territorio ahora y para nuestras generaciones. No hay paz con extractivismo depredador”, expresan.
