Familiares de asesinados en protestas rechazan proyecto de ley que ‘borra’ responsabilidad del Estado por muertes

Con la iniciativa de Rospigliosi, efectivos implicados en operativos del 2022–2023 quedarían libres de sanción y sin obligación de reparar a las familias, advierten colectivos

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Familiares de fallecidos en las
Familiares de fallecidos en las protestas de Ayacucho y Juliaca rechazaron el proyecto que propone amnistía para policías y militares acusados por muertes y lesiones en manifestaciones. Foto archivo. REUTERS/Angela Ponce

Los familiares de las víctimas de las masacres ocurridas en las protestas de Ayacucho y Juliaca rechazaron con firmeza el nuevo proyecto de ley impulsado por el congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), que plantea una amnistía para policías y militares denunciados por muertes y lesiones en el contexto de manifestaciones sociales. Consideran que esta iniciativa “blinda” a los responsables y abre la puerta a la impunidad en casos que siguen bajo investigación fiscal y judicial.

Rospigliosi afirma que ya está
Rospigliosi afirma que ya está trabajando con policías y militares para impulsar norma. Foto: composición Infobae

“Es una ofensa a nuestros hijos”: familias al Congreso

A través de un pronunciamiento, la Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres 2022–2023 expresó su “profundo rechazo e indignación” ante el proyecto. Señalaron que la propuesta constituye una ofensa directa a la memoria de sus seres queridos y busca borrar la responsabilidad del Estado en los hechos ocurridos durante el gobierno de Dina Boluarte.

“Esta iniciativa legislativa es una ofensa directa a la memoria de nuestros hijos, hijas, madres, padres y hermanos asesinados por las balas del Estado. Es un intento descarado de legalizar la impunidad y borrar los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo peruano entre diciembre de 2022 y febrero del 2023”, señalaron.

La Organización Nacional de Familiares
La Organización Nacional de Familiares de los Asesinados denunció que la iniciativa representa una ofensa y pretende borrar la responsabilidad del Estado en los hechos de 2022 y 2023. Foto archivo. REUTERS/Sebastian Castaneda

Las familias recordaron que aún esperan justicia y que el Congreso, lejos de garantizar verdad y sanción, pretende proteger a quienes “dispararon y mataron a nuestros seres queridos”.

“Defender al Estado no puede significar matar al pueblo. Nuestros muertos tenían nombre, historia y familia. No fueron enemigos; fueron peruanos y peruanas que soñaron con un país distinto”, enfatizaron.

Familiares de víctimas en protestas
Familiares de víctimas en protestas rechazan ley de amnistía de Rospigliosi para policías y militares.

¿Qué propone el proyecto?

La iniciativa de Fuerza Popular plantea modificar el artículo 20 del Código Penal para que miembros de la PNP y FFAA queden exentos de responsabilidad penal si, en el cumplimiento de su función, causan lesiones o muerte al usar sus armas de forma “reglamentaria” para proteger instalaciones públicas, privadas y la integridad de terceros o de sí mismos.

También propone modificar el artículo 92 del Código Penal para que quienes queden exentos no tengan obligación de pagar reparación civil, aun cuando se demuestre daño a víctimas o familiares.

Uno de los puntos más cuestionados es la Disposición Complementaria Transitoria, que busca aplicar retroactivamente la amnistía a policías y militares ya denunciados, investigados, procesados o condenados por hechos ocurridos durante las protestas del 2022 y 2023. De aprobarse, quedarían libres de sanciones más de 280 policías y 47 militares implicados en operativos.

El congresista Fernando Rospigliosi, de
El congresista Fernando Rospigliosi, de la bancada Fuerza Popular, impulsa la propuesta de amnistía y ha promovido otras iniciativas similares cuestionadas por organismos internacionales por facilitar la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos.| Congreso

Más de 50 civiles asesinados y denuncias de abuso

La exposición de motivos del proyecto justifica la propuesta señalando que, tras la caída de Pedro Castillo y el ascenso de Dina Boluarte, el país enfrentó “actos violentos” y ataques a infraestructura. No obstante, organizaciones nacionales e internacionales han documentado uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte del Estado.

Según la Defensoría del Pueblo, al menos 48 civiles murieron por acción directa de las fuerzas del orden, una cifra que organismos de derechos humanos elevan a más de 60 fallecidos y cientos de heridos.

La iniciativa se suma a una serie de medidas promovidas por Rospigliosi, incluyendo una reciente ley de amnistía cuestionada por la CIDH y la Corte Interamericana, por contravenir estándares internacionales que prohíben el perdón en casos de violaciones graves de derechos humanos.

ARCHIVO - Un oficial de
ARCHIVO - Un oficial de policía apunta con su arma a partidarios del derrocado presidente peruano Pedro Castillo durante una protesta contra su detención, en Chao, Perú, el 15 de diciembre de 2022. La ONU publicó un informe el 19 de octubre de 2023 que revela que las fuerzas de seguridad peruanas violaron los derechos humanos, utilizaron armas de fuego y cometieron torturas durante las manifestaciones que exigían la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y miembros del Congreso que dejaron más de 50 muertos, tras el derrocamiento de Castillo. (AP Foto/Hugo Curotto, Archivo)

“No hay paz con impunidad”

Los familiares afirmaron que seguirán movilizándose para impedir que el Estado cierre los casos sin justicia. “Mientras intenten borrar la verdad, seguiremos levantando su voz. No hay justicia sin memoria. No hay paz con impunidad. Nuestros hijos viven en nuestra lucha”, sostuvieron.

De igual forma, diversos colectivos de derechos humanos, así como la CNDDHH, advirtieron que aprobar esta norma significaría -nuevamente- un grave retroceso democrático y colocaría al Perú frente a un nuevo conflicto jurídico internacional por vulnerar el derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas.