La permanencia de Iván Paredes Yataco al frente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se encuentra bajo escrutinio luego de que surgieron investigaciones periodísticas que lo vinculan a la presunta recepción de un soborno. La difusión de una serie de audios y testimonios complicó la imágen pública del funcionario, quien en un primer momento evitó brindar declaraciones.
El exjefe del INPE, Wilfredo Pedraza, manifestó que la magnitud de la acusación excluye al funcionario de la administración pública, más allá de la ausencia de una sentencia firme. “Él tiene derecho a la presunción de inocencia, sin duda, pero este no es un proceso penal, es un tema del cumplimiento de la función pública con ética y sin cuestionamientos de esa magnitud”, detalló Pedraza en diálogo con Canal N.
Para Pedraza, la difusión de los audios complica la percepción pública de su liderazgo al frente del INPE y enfatizó la importancia de la ejemplaridad en cargos como la dirección del sistema penitenciario. “Semejante imputación lo descalifica de la función pública. Desde mi punto de vista, por lo menos desde la perspectiva ética, lo inhabilita y no debería estar más en eso”, sostuvo.
Desde la Policía Nacional (PNP) también surgieron críticas sobre la permanencia de Paredes Yataco al frente del INPE. El coronel PNP Walter Lozano fue especialmente enfático y afirmó: “Tiene hasta un perfil criminal”.
“El INPE, para empezar, debe ser liderada por alguien idóneo, no como personas, como abogados de ese tipo que tenemos, que te da la sensación de que en el Perú no hay mejores profesionales que puedan ocupar ese tipo de cargos. Un hombre cuestionado que prácticamente tiene hasta un perfil criminal. Imagínate que eso esté dirigiendo el INPE", enfatizó en RPP Noticias.
“[Paredes] tiene un cuestionamiento y, sin embargo, está dirigiendo una institución sensible. Yo tengo ciertas dudas, es mi opinión, y yo por eso pienso que debe ponerse a otro tipo de funcionario, profesional calificado que ha tenido anteriormente el INPE", añadió.
Los audios del jefe del INPE
El reportaje de Cuarto Poder reveló una serie de audios que comprometen al jefe del INPE, Iván Paredes Yataco, en un presunto cobro de S/80.000 a cambio de facilitar la liberación del expolicía Marcos Quispe Riveros, condenado a treinta años de prisión por secuestro agravado.
Según un informe difundido este domingo por Cuarto Poder, Paredes fue citado al proceso al menos en cuatro ocasiones, sin presentarse ante las autoridades. “Si no tiene responsabilidad, que lo demuestre. Tenemos que respetar las leyes”, afirmó José Carlos Rivera, abogado de la denunciante Adela Guamancusi, esposa del exagente policial.
En las grabaciones una voz identificada como la del jefe del INPE indica: “Le voy a depositar en su cuenta para empezar 500 dólares”. La otra parte reclama que cumpla su palabra: “Doctor, espero que cumpla su palabra, porque usted lo prometió, doctor”.
Otro registro presenta el siguiente intercambio: “Escúchame, entre doce y una, se está depositando el dinero y yo para que usted vea, ¿ya, señora? Doce y una es la tarde, los quinientos dólares los está depositando, ¿ya?”. El dinero nunca llegó a las manos de la denunciante.
La defensa de la familia presentó al Ministerio Público más de diez grabaciones como pruebas y solicitó una pericia fonética forense para identificar la voz en las grabaciones. Además, relató que ha recibido amenazas (“No sabes con quién te has metido, puedes terminar presa igual que tu esposo”).
Paredes no respondió a los pedidos de declaración de Cuarto Poder, al igual que la oficina de prensa del INPE. Días después, salió a negar la autenticidad de las grabaciones y aseguró que no es su voz la que se oye en los audios. Además, señaló que no piensa renunciar y expresó disposición a someterse a una pericia de voz si la Fiscalía lo solicita.
La Fiscalía Anticorrupción de Lima se encuentra investigando el caso y ha solicitado un análisis fonético para verificar la autenticidad de los audios. El caso ha generado gran repercusión en el sistema penitenciario y en la opinión pública, debido a las acusaciones de corrupción al más alto nivel del INPE.
