La Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú ejecutó 199 órdenes de expulsión de extranjeros durante el periodo del estado de emergencia vigente en Lima Metropolitana y Callao. Las autoridades llevaron adelante un despliegue de operativos conjuntos para identificar a personas extranjeras en situación migratoria irregular y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.
Operativos focalizados y control migratorio en Lima y Callao
Entre el 21 y el 31 de octubre, la Superintendencia Nacional de Migraciones, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), implementó 42 operativos de verificación migratoria en barrios claves de la capital y la zona portuaria del Callao. Más de 900 extranjeros fueron sujetos a controles de identidad en estas jornadas, mientras que el personal de Migraciones verificó el estatus migratorio de cada uno.
El accionar de las fuerzas de seguridad se enmarcó en las disposiciones de emergencia del gobierno peruano, que restringieron una serie de derechos fundamentales como la inviolabilidad de domicilio y la libertad de tránsito, para intervenir en favor de la seguridad interna del país. De acuerdo a la información oficial, Migraciones pudo identificar casos de personas que habían ingresado sin control migratorio o incumplían obligaciones legales de identificación.
Balance en el ámbito nacional: verificación, cifras y sanciones
A nivel nacional, Migraciones desarrolló un total de 249 operativos de fiscalización migratoria en el mismo lapso, con un registro de intervención superior a 4.300 extranjeros. Tras el análisis individual de cada caso, las autoridades determinaron que 590 ciudadanos se encontraban en situación irregular, por lo que avanzaron con el marco sancionador correspondiente.
Mediante el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), el organismo aplicó 199 órdenes de expulsión. Esta herramienta permite disponer la expulsión expedita de ciudadanos extranjeros que hayan ingresado al país sin el debido registro migratorio, así como de quienes representen riesgo para la seguridad nacional, el orden público o la seguridad ciudadana.
“Los procesos de expulsión se activan ante la detección de situaciones irregulares, vulneraciones a la normativa, o cuando se constata que la persona extranjera no cuenta con documentos válidos identificatorios”, precisó Migraciones.
Coordinación interinstitucional y alcance de los operativos
Los procedimientos de fiscalización migratoria se desplegaron en colaboración con entidades como el Ministerio Público, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Diversas municipalidades distritales y provinciales también participaron en las acciones, que apuntaron no solo a la regularización migratoria sino también a la protección del espacio público y la verificación de condiciones laborales.
La declaratoria del estado de emergencia en Lima y Callao habilitó a las autoridades a suspender temporalmente ciertos derechos con el objetivo de fortalecer la seguridad. Entre las medidas adoptadas, se suspendió el derecho de reunión y se autorizó a la policía a ingresar a domicilios sin orden judicial cuando existía sospecha de delito flagrante.
Perspectiva y próximos pasos
La aplicación de expulsiones administrativas a extranjeros ha sido parte de una política de refuerzo migratorio desde el anuncio del estado de emergencia. Más de 40 intervenciones de fiscalización evidencian una estrategia sostenida de monitoreo, sanciones y acompañamiento policial en zonas estratégicas de la capital.
Las autoridades peruanas mantienen activa la vigilancia de la movilidad migratoria, al tiempo que ofrecen canales formales para la regularización y el cumplimiento de los requisitos legales en el país. El seguimiento a los procedimientos de expulsión se prevé como una constante mientras dure el actual marco de emergencia y las campañas de seguridad nacional.
