El primer día del CADE Ejecutivos tuvo como invitado al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien expuso ante empresarios de todo el Perú sus ideas sobre la necesidad de una reforma en el sistema de justicia para luchar contra la inseguridad ciudadana.
Rospigliosi advirtió que la inseguridad ciudadana ha superado la capacidad de respuesta de las instituciones y exigió que se realicen cambios significativos en el sistema judicial.
El congresista de Fuerza Popular expuso que tanto el sistema judicial como la Fiscalía de la Nación no solo han mostrado deficiencias para combatir la delincuencia, sino que, según su análisis, han agravado la crisis. “Tenemos un sistema judicial que se dedica a perseguir policías y militares y a liberar delincuentes y terroristas”, afirmó durante su intervención.
Rospigliosi también remarcó que la inseguridad ciudadana requiere soluciones fuera del marco habitual. “Para resolver los problemas de seguridad ciudadana, hoy día en el Perú se requieren soluciones radicales. Si pensamos que con métodos normales vamos a solucionar un problema que ha rebasado largamente la capacidad de las instituciones para enfrentarlo, estamos equivocados”, sostuvo el parlamentario.
La idea de Rospigliosi coincide con una que Miguel Torres, vocero de Fuerza Popular que indicó a Infobae Perú que una reforma judicial podría esperarse como parte del plan de gobierno del partido.
“De todas maneras (se puede esperar una reforma del sistema de justicia), pero no mirando desde el lado político, sino mirando desde la posición del ciudadano que necesita fiscales dedicados a la persecución del delito, a la persecución del crimen, de quienes están secuestrando la tranquilidad de nuestro país”, afirmó Torres durante una entrevista exclusiva.
Una “limpieza” del Poder Judicial
Durante su intervención, el primer vicepresidente del Congreso propuso una reforma estructural del sistema judicial como condición para enfrentar la delincuencia. Planteó que parte de estas acciones requiere la remoción de un porcentaje representativo de magistrados para transformar órganos clave y crear mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Rospigliosi calificó el proceso como una “limpieza” del sistema judicial, argumentando que el esquema vigente favorece la impunidad y obstaculiza la lucha contra el crimen.
La propuesta incluyó como pilar el fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú (PNP). Rospigliosi solicitó una política anticorrupción orientada a la PNP, filtros más estrictos para el ingreso, una formación de calidad, infraestructura adecuada y administración eficiente de recursos.
En cuanto al sistema penitenciario, Rospigliosi describió condiciones de hacinamiento, escasez de agentes y salarios bajos, factores que, a su juicio, alimentan la corrupción carcelaria. El congresista propuso construir nuevas cárceles y adoptar medidas transitorias para aliviar la sobrepoblación, junto al refuerzo en la vigilancia y mejora salarial del personal penitenciario.
Acciones drásticas contra la migración irregular
Rospigliosi abordó el impacto de la migración en la seguridad ciudadana. Mencionó que, según datos de la Policía recogidos por el Congreso, el aumento de homicidios y extorsiones se relacionaría con la llegada de entre 30.000 y 40.000 ciudadanos venezolanos calificados como “muy violentos”. El parlamentario criticó la gestión migratoria por considerarla negligente ante la magnitud del reto.
Entre las medidas propuestas, Rospigliosi exhortó al próximo gobierno a asumir decisiones drásticas. El congresista planteó declarar el estado de excepción, aplicar redadas masivas y establecer prisiones provisionales mientras se edifican nuevos centros penitenciarios.
Para justificar la urgencia de estas propuestas, Rospigliosi reivindicó la experiencia de décadas anteriores, en las que el país luchó contra el terrorismo mediante una estrategia integral que comprendió la judicatura, fiscalía, policía, migración y sistema penitenciario.
