Como parte de las estrategias para enfrentar el aumento de la criminalidad en el Perú, el Gobierno del presidente José Jerí está evaluando declarar en emergencia el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Así lo confirmó el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, quien además adelantó que se buscará el traslado de presos a penales como Ancón I y Lurigancho.
Según indicó el ministro Álvarez en conversación con Panorama, “se ha comprobado que muchos líderes de bandas criminales operan cómodamente desde la cárcel. No les falta la comunicación. Tienen acceso a Internet mediante antenas clandestinas portátiles”. Es por ello que se está considerando la declaratoria de emergencia en esta institución adscrita al Ministerio de Justicia.
“Es una de las medidas que sí se está contemplando. Cuando uno entra en la batalla, no puede comenzar a evaluar y a sustituir a aquellos que están en la primera línea de lucha”, afirmó el titular de la PCM.
Durante su intervención, el titular del Consejo de Ministros también indicó que buscará el traslado de criminales presos a otras cárceles como Lurigancho y Ancón I. El motivo, según dijo, es porque “el personal ya tiene experiencia en el manejo de reos peligrosos (...)”. Esto considerando que, además, existe una sobrepoblación de presos en el Perú que necesita resolverse para evitar casos de hacinamiento.
De igual forma, Álvarez afirmó que se implementará el uso de polígrafo para detectar al menos indicios que puedan demostrar que un agente carcelario ha sido corrompido por criminales o ha incurrido en actos ilícitos.
“El polígrafo es un indicio muy importante que nos aporta la tecnología moderna. No es una prueba de un ilícito, pero sí constituye un indicio en el cual una persona, un guardia de penal, incluso un policía, un militar, un funcionario público, tiene problemas de verosimilitud y eso puede ser un indicio para poderlo investigar”, indicó a Panorama.
Cambios en el régimen de visitas
A finales de octubre, junto con la declaratoria de estado de emergencia en Lima y Callao, el gobierno del presidente José Jerí, decretó que algunos aspectos del régimen cerrado especial cambiarían para hacer más estricto el contacto que pueden tener los criminales con sus familias en el exterior.
Según detalló el Poder Ejecutivo, el régimen de visitas ahora depende de la etapa del interno: quienes están bajo la denominada Etapa “A” —considerados los más difíciles de readaptarse— tienen acceso al patio por dos horas diarias y pueden recibir un solo familiar cada dos semanas, durante una hora, a través de locutorio. Sus celdas deben permanecer cerradas sin excepción, según el nuevo articulado.
Para los internos en Etapa “B”, se autoriza la salida al patio por tres horas y se permiten dos familiares en visitas quincenales de dos horas.
Aquellos ubicados en Etapa “C” gozan de cuatro horas en el patio e igual cantidad de visitas, aunque el encuentro puede ser directo y de hasta tres horas, de acuerdo con los lineamientos del Consejo Técnico Penitenciario.
El propósito, confirmado por el INPE, es restringir el movimiento en los pabellones y cortar canales de comunicación informal.
