El Congreso de la República evalúa un proyecto de ley para imponer sanciones económicas, detenciones y cambios en la tenencia frente al incumplimiento reiterado del régimen de visitas de hijos menores. La iniciativa responde a una problemática persistente que afecta a familias tras la separación de los padres, en un contexto donde los procesos judiciales por custodia y visitas suelen derivar en situaciones de conflicto y perjuicio para los niños y adolescentes.
Según datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), durante 2023 el país registró una caída de 24% en los matrimonios y contabilizó cerca de 10.000 divorcios. Este panorama, de acuerdo con la exposición del proyecto, deja a muchos hijos en medio de disputas legales por la tenencia y el ejercicio de las visitas, lo que puede afectar su desarrollo emocional y social.
En este contexto, la congresista Rosangella Barbarán, integrante del partido Fuerza Popular, presentó una propuesta legislativa que busca modificar el artículo 91 del Código de los Niños y Adolescentes. El objetivo principal es dotar al sistema judicial de herramientas efectivas para garantizar el cumplimiento de los acuerdos o resoluciones sobre visitas y convivencia familiar, respondiendo a la demanda de numerosas asociaciones de padres y organizaciones civiles.
El proyecto de ley establece un mecanismo escalonado de sanciones para responder a la obstrucción del régimen de visitas. Ante actos reiterados de impedir o restringir el contacto entre un progenitor y su hijo, el juez podrá imponer:
- Multas de hasta diez Unidades Referenciales Procesales (URP) por cada incumplimiento. Este monto se ajustará según el caudal económico de la persona sancionada y se destinará a la parte afectada.
- Detención por hasta treinta días si el incumplimiento carece de justificación relevante y afecta el desarrollo integral del menor.
La aplicación de estas sanciones se modulará según la gravedad de los hechos. El juez podrá decidir si aplica las medidas de forma sucesiva, individual o conjunta, e incluso advertirá que el incumplimiento reiterado podría abrir un proceso para modificar la tenencia del menor. La solicitud de variación de tenencia se tramitará como una nueva causa ante el mismo juzgado, para evitar procesos dispersos y asegurar celeridad.
Durante la sustentación del proyecto, la congresista expuso que el derecho del menor a mantener relaciones con ambos padres está reconocido en la legislación nacional y en instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño. No obstante, constató que el marco jurídico actual carece de mecanismos eficaces para garantizar el cumplimiento de los regímenes de visitas y que muchas resoluciones quedan sin ejecución.
El proyecto, inspirado en legislaciones de países como Argentina, Uruguay, Colombia y España, reconoce la posibilidad de imponer multas, detención y modificación de regímenes en situaciones de resistencia injustificada. La parlamentaria destacó que estas sanciones no tendrán carácter penal, sino coercitivo y correctivo dentro de la esfera civil, en estricto respeto al debido proceso y a la proporcionalidad en la aplicación de las medidas.
Los argumentos presentados subrayan que el interés superior del niño debe prevalecer en los conflictos familiares posteriores al divorcio. Tanto la normativa nacional como la internacional sostienen que limitar sin motivo válido la convivencia con uno de los padres vulnera derechos fundamentales y puede provocar daños psicológicos y emocionales. Además, remarcan que dotar a los jueces de instrumentos claros evitará que los hijos queden expuestos a tensiones prolongadas y a la manipulación por parte de alguno de los progenitores.
