El presidente José Jerí ratificó a Alfredo Ferrero como embajador del Perú en Estados Unidos. La Resolución Suprema N.º 164-2025-RE del Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con la aprobación de la presidencia del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, y el canciller Hugo de Zela.
En la edición del diario oficial El Peruano también se incluye la designación del abogado constitucionalista Carlos Hakansson como embajador en Costa Rica mediante la Resolución Suprema N.º 165-2025-RE, y el nombramiento de Javier Manuel Paulinich, como embajador ante la India.
Ambos, junto a Ferrero, ya habían ocupado estos cargos hasta el 22 de octubre de 2025, fecha en la que finalizaron sus funciones debido al cambio de gobierno, cuando José Jerí reemplazo a Dina Boluarte en la presidencia.
Estados Unidos es una nación clave para el Perú y no solo por la relación económica que une a ambos países, sino también por la influencia política. Por ejemplo, el fiscal provincial Angel Astocondo, en el requerimiento de impedimento de salida del país por 36 meses contra Dina Boluarte, teniendo en cuenta que en ese país vive y trabaja su hijo, David Gómez Boluarte.
El caso se centraba en el presunto delito de lavado de activos a raíz de la cuenta mancomunada a su nombre, donde habría ingresado dinero ilícito para pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón.
Vínculo con Odebrecht
Según la hipótesis del Ministerio Público, Alfredo Ferrero habría incurrido en colusión agravada, vinculada al favorecimiento de la empresa brasileña Odebrecht en el marco del proyecto Eje Multimodal de Amazonas Norte.
La investigación identifica como elemento central la adjudicación directa de dos tramos de la carretera IIRSA Norte a Odebrecht por parte de Proinversión, a pesar de que la compañía tenía restricción para contratar con el Estado debido a procesos legales pendientes, según informes de la Contraloría.
El entonces Consejo Directivo de Proinversión respaldó la entrega del contrato. Junto a Ferrero, la indagatoria también involucra a Pedro Pablo Kuczynski, por ese entonces ministro de Economía y Finanzas, así como a Carlos Ferrero (jefe del gabinete), Clodomiro Sánchez (Energía y Minas), David Lemor (Producción) y José Ortíz (Transportes y Comunicaciones).
Como parte de la investigación, el Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios impuso un embargo en forma de inscripción por un monto de S/ 27′748.514,66 sobre los bienes de Ferrero. Así también, dispuso la inhibición de los derechos y acciones que le corresponden sobre sus propiedades, de acuerdo con la documentación oficial recogida por Infobae.
Consultado por el canal Latina, el penalista James Rodríguez explicó que “la finalidad que tiene es asegurar el pago de la reparación civil en caso de encontrarse responsabilidad en el procesado. Como ya está embargada la propiedad, la rematan para cobrar la reparación”. Entre los activos sujetos a la medida figuran un departamento en el parque Federico Blume de Miraflores, un sublote en el Valle Lurín, una parcela en Pachacámac, otro sublote frente a la calle El Manantial en La Molina y un inmueble en la calle Baltazar en San Isidro.
