El precandidato presidencial de Sícreo, Carlos Espá, se pronunció sobre las protestas contra Dina Boluarte a fines del 2022 e inicios del 2023. En diálogo con Edición Especial, aseguró que “desde las provincias llegaban caravanas de personas que venían a generar a Lima”. “Eso se podía haber prevenido muy fácilmente porque las cámaras de televisión lo estaban mostrando”, añadió.
Como se recuerda, más de 40 personas fueron asesinadas en Lima, Arequipa, Puno y Ayacucho durante protestas sociales contra la presidente de ese entonces, Dina Boluarte. Es en este contexto que organizaciones sociales denunciaron represión policial contra la ciudadanía, y hasta el momento se sigue investigando el caso.
“Por supuesto que estoy de acuerdo en que la democracia tiene que defenderse y que tiene que defenderse de manera firme. En algunos casos eh esa firmeza estuvo bien aplicada, en otros casos particulares las investigaciones continúan”, añadió.
En otro momento, en referencia a Alfonso López Chau, acotó que “existe una persona que en ese momento era rector de una universidad”, que ahora “pretende ser candidato a la presidencia de la República”. “Estaba fomentando ese tipo de manifestaciones y les estaba abriendo las puertas de la universidad, que no es su propiedad privada, como diría la canción, que es una universidad del Estado”, subrayó.
Las protestas contra Dina Boluarte
La presidencia de Dina Boluarte fue rechazada ampliamente en su inicio. El 9 de enero de 2023, Juliaca, en Puno, se convirtió en escenario de una de las jornadas más violentas durante estas manifestaciones. Esa fecha, 17 civiles murieron y decenas resultaron heridos durante la represión policial y militar. Entre los afectados hubo menores de 16 y 17 años.
El actual mandatario José Jerí fue una figura clave en la estrategia orientada a proteger a Dina Boluarte frente a las investigaciones sobre las muertes en protestas. Precisamente, él fue el autor de un informe que evitó la comparecencia de la entonces presidenta ante la justicia ordinaria y el Parlamento.
El informe, presentado por la comisión liderada por Jerí, concluyó que la exjefa de Estado no debía responder políticamente por las decisiones tomadas en el marco de las manifestaciones. Este documento recomendó concentrar las investigaciones en funcionarios de menor rango, desligando a la mandataria de cualquier responsabilidad directa o indirecta en los hechos violentos que marcaron el periodo de crisis social.
Diversos miembros del Poder Legislativo respaldaron la propuesta, argumentando que las acciones de la presidenta fueron consecuencia de las circunstancias excepcionales enfrentadas por el Estado. Bajo esta premisa, rechazaron que existieran elementos suficientes para procesarla.
Las propuestas de Carlos Espá
El precandidato de Sícreo propone eliminar el financiamiento público de los partidos políticos, una medida que se implementó para que estas organizaciones no recurran a economía ilícita para llevar a cabo sus campañas.
En diálogo con Latina, mencionó que “los partidos políticos cobran cupo” y que de llegar a la presidencia, designaría un “zar anticorrupción’, como lo fue la excongresista Carolina Lizarraga, bajo la gestión de Alan García.
