El transporte público en Lima y Callao atraviesa un escenario especialmente tenso ante el anuncio de al menos tres paros para este mes de noviembre. Estas medidas evidencian tanto la fractura entre los principales gremios del sector como la presión creciente derivada de la inseguridad, marcada por asesinatos de conductores y reiteradas denuncias de extorsión.
El calendario de protestas ya tiene fechas confirmadas: 3, 4 y 14 de noviembre. De estas jornadas, la que concita mayor preocupación es la del martes 4 de noviembre, señalada como el día con más posibilidades de que una paralización masiva detenga la circulación de cientos de unidades de transporte público, dejando a miles de ciudadanos sin servicio por varias horas. La convocatoria principal corresponde al gremio liderado por Martín Ojeda, reconocido por encabezar una de las movilizaciones más contundentes del año, registrada el 6 de octubre.
Las movilizaciones surgen en medio de una ola de violencia sin precedentes en el rubro, con sucesivos atentados a choferes y una atmósfera de temor entre los trabajadores y sus familias. Al mismo tiempo, la falta de consenso dentro de los gremios ha complicado los intentos de diálogo con las autoridades, propiciando una escalada en la conflictividad social en torno al sistema de transporte urbano en la capital.
División entre gremios
El calendario de protestas evidencia la falta de consenso entre los sindicatos de transportistas. Mientras algunos colectivos optaron por paralizar actividades el lunes 3 de noviembre en el Callao, otros pertenecientes a la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, liderados por Martín Ojeda, fijaron el martes 4 como fecha clave.
En paralelo, asociaciones como la Asociación de Transportistas Nacionales e Internacionales (Asotrani), encabezada por Walter Carrera, preparan una tercera paralización el viernes 14, sumando al llamado a la unidad institucional.
Según un reporte de RPP Noticias, “teniendo en cuenta que no se han cumplido hasta el día de hoy los puntos del acta de acuerdo del 9 de octubre, han decidido realizar un paro de 24 horas el día martes 4 de noviembre”, anunció Ojeda en representación de las empresas formales del cono de Lima.
La Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), bajo la dirección de Martín Valeriano y que agrupa a 460 empresas, tampoco ha logrado plena cohesión sobre fechas y alcance.
En declaraciones recogidas por Infobae Perú, desde Anitra afirman que “aún no hay consenso”, aunque mantienen abiertas las posibilidades de sumarse a alguna de las convocatorias.
Motivos del conflicto
La raíz de las protestas se vincula a una escalada de asesinatos y extorsiones contra conductores. Según declaraciones de Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú (ANCPP), “el estado de emergencia impuesto por el gobierno interino de José Jerí no ha reducido la inseguridad, sino que la situación se ha agravado notablemente”.
A La República, Palomino aseguró que las acciones oficiales no protegen a los trabajadores, quienes denuncian ataques, amenazas y pagos extorsivos que comprometen la integridad del sector.
Solo en los primeros quince días del gobierno de Jerí, datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) documentaron 28 homicidios, cifra casi idéntica a la registrada en los últimos 15 días de la gestión de Dina Boluarte. Esta estadística refuerza la crítica central del gremio: la declaratoria de emergencia no ha frenado la criminalidad organizada.
Las protestas también tienen un componente normativo. Transportistas demandan la derogación de leyes que, a su juicio, dificultan el combate al crimen y “favorecen la impunidad” de extorsionadores.
Entre ellas, mencionan la Ley N.º 31990, que limita la colaboración eficaz judicial, y la Ley N.º 32130, que traslada la investigación preliminar a la Policía. Walter Carrera, de Asotrani, criticó la llamada “ley pro-crimen”, la Ley 3208, que modifica estándares para calificar el crimen organizado y obstaculiza el trabajo contra redes ilícitas.
Impacto de la violencia
La magnitud de la crisis quedó expuesta tras el reciente asesinato de José Johnny Esqueche Ningles, chofer de 47 años baleado en Ventanilla. Su muerte provocó bloqueos y protestas en la avenida Néstor Gambetta, donde transportistas interrumpieron el tránsito y reclamaron garantías de seguridad.
Testimonios apuntan que, solo en esa zona, al menos tres conductores fueron víctimas de homicidio bajo circunstancias similares.
La respuesta de la Policía Nacional del Perú (PNP) incluyó intervenciones para restablecer el tráfico y el despliegue de agentes en los puntos de protesta, con reportes de enfrentamientos y denuncias de abuso policial presentadas por los manifestantes. Portavoces sindicales aseguraron que el clima de impunidad y la persistencia de amenazas mantienen al sector bajo presión permanente.
Las extorsiones, según los propios choferes, implican pagos de hasta diez soles por vehículo en Lima y cinco soles en Callao para evitar nuevos ataques. “Los carros grandes están pagando y por eso no los matan; pero si dejas de pagar, te matan. Los pequeños son los que ahora están siendo atacados”, precisó Palomino.
Demandas y exigencias
Entre las principales demandas de los transportistas figura la creación de una mesa de trabajo urgente en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). También exigen indemnización para las familias de víctimas, refuerzo de la videovigilancia y el despliegue de equipos policiales especializados en corredores de alto riesgo.
Dirigentes como Campos, de la Alianza Nacional de Transportistas, han manifestado que la situación de violencia obliga a una movilización general y acusan a las autoridades de no responder con medidas eficaces. “No queremos que nos sigan asesinando, compañeros. Ni un muerto más”, sostuvo Campos en canal N.
Las protestas se ratificaron en empresas de transporte urbano como Aliventura y Corazón de Jesús, cuyos trabajadores denuncian amenazas constantes y un ambiente que definen como insostenible. Parte de los manifestantes planea marchar hacia puntos estratégicos de la provincia, como el aeropuerto y el puerto, lo que anticipa nuevas tensiones para los próximos días.
Llamado a la unidad
Voceros como Carrera han instado a todos los colectivos y gremios, incluidas organizaciones sociales y la llamada Generación Z, a unificar esfuerzos en la movilización del 14 de noviembre. “Debemos tener esa coordinación para poder unificar fechas y fuerzas”, expresó.
Ante el escenario de multiplicidad de paros y fragmentación sindical, parte del sector transportista insiste en la urgencia de una sola fecha y agenda nacional para presionar por medidas efectivas y frenar la escalada de violencia.
