El caso de Sheyla Gutiérrez Rosillo provocó una profunda conmoción tanto en su familia en Perú como entre los migrantes latinos en Estados Unidos.
La joven madre de tres hijos, de 9, 5 y 3 años, fue reportada como desaparecida el pasado 9 de agosto en California. Su entorno familiar señaló a su esposo, Jossimar Cabrera Cornejo, como principal sospechoso, luego de que la última comunicación de la víctima revelara que atravesaba situaciones de conflicto en el hogar.
Durante su última videollamada, Sheyla compartió con su madre, Helga Rosillo, que planeaba denunciar episodios de maltrato por parte de Cabrera.
Según el testimonio materno, incluso el hijo menor había sido afectado. Las conversaciones concluyeron el mismo día que Sheyla llevó a sus hijos al parque y dejó de tener contacto con sus familiares.
La versión ofrecida por Cabrera a la familia fue que las autoridades migratorias de Estados Unidos (ICE) habrían detenido a Sheyla, aunque la fecha oficial de su cita ante ese organismo estaba programada semanas después y la dependencia no recibía visitas ese día.
La sospecha creció tras la difusión de imágenes extraídas de cámaras de seguridad del condominio, donde se observa a Cabrera desplazando un bulto envuelto en sábanas el mismo día de la desaparición.
Los hechos se esclarecieron días después, cuando las autoridades hallaron el cuerpo de Sheyla Gutiérrez. Este episodio desencadenó una serie de denuncias públicas de la familia y un pedido urgente de justicia para esclarecer los detalles y garantizar la seguridad de los tres niños.
Gobierno aprueba solicitud de extradición
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), publicó la Resolución Suprema N.º 236-2025-JUS que autoriza la extradición de Jossimar Cabrera Cornejo a territorio peruano.
Su comparecencia responde a la investigación por la presunta comisión del delito de asesinato en agravio de Sheyla Gutiérrez, según la resolución que fue oficializada este jueves 30 de octubre.
La norma establece que la entrega se realice bajo el procedimiento simplificado al que Cabrera se acogió voluntariamente, según lo previsto por el Tratado de Extradición suscrito entre Perú y Estados Unidos de América.
Como parte del protocolo, la autoridad central verificará que el requerido no registre procesos judiciales ni condenas pendientes en Perú. Además, la resolución dispone que se le compute el tiempo de privación de libertad cumplido en el exterior al momento de su procesamiento en el país de origen.
Por decisión judicial, el 31.° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Lima dictó prisión preventiva por nueve meses con fines de extradición.
Frente al impacto familiar causado por el crimen, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables implementó acciones a favor de los tres menores, entre ellas la cobertura de los gastos de repatriación de la víctima, asistencia psicológica y social, y acceso a becas escolares y equipos para estudios.
Además, se estableció el pago de 600 soles bimestrales para los niños hasta los 28 años, siempre que se encuentren estudiando. Los menores quedaron bajo la custodia de su abuela materna y la autoridad solicitó garantías personales junto con patrullaje diario para protegerlos.
