Poner en marcha una empresa con aspiración a ser mediana en el Perú continúa siendo un proceso largo y costoso en términos de gestión. Para iniciar operaciones formales, una compañía debe destinar, en promedio, 3.331 horas a trámites administrativos, lo que equivale a 139 días calendario, según un estudio internacional sobre burocracia empresarial.
A ello se suma el tiempo destinado a mantener la operación: las medianas empresas emplean alrededor de 3.471 horas anuales —aproximadamente 145 días calendario— para cumplir con obligaciones y procedimientos vigentes. En conjunto, abrir y operar una PYME puede superar las 6.000 horas, un panorama que limita la competitividad y desalienta la apuesta por proyectos formales de mediano tamaño en el país.
Perú en el no top 4
El informe revela que Perú se ubica en la cuarta peor posición entre las 21 economías evaluadas, reflejo de un entorno administrativo poco favorable para el crecimiento empresarial. Además, el sistema tributario actual genera incentivos para no escalar a la categoría mediana, pues resulta más rentable permanecer como pequeña empresa, lo que contribuye a mantener un tejido productivo fragmentado y con altos niveles de informalidad.
Este proceso lento y complejo eleva de forma desproporcionada los costos iniciales, especialmente para emprendimientos locales con recursos limitados. El diagnóstico evidencia la urgencia de una reforma integral orientada a simplificar normas y elevar la eficiencia del Estado en la habilitación de nuevas compañías.
Problemas de operatividad en Perú
Respecto a la operatividad, el país figura como el tercer peor entre las naciones estudiadas. La exigencia de procedimientos confusos y extensos afecta directamente la competitividad, en particular en sectores donde los recursos humanos y financieros son reducidos. Aunque existen plataformas digitales, los procesos mantienen pasos lentos y engorrosos, lo que fomenta la dependencia de intermediarios y encarece la gestión empresarial.
El estudio subraya la necesidad de una modernización regulatoria que impulse la formalización como política pública central, en lugar de convertirse en un freno para el crecimiento y la productividad del sector empresarial.
Opiniones del estudio
Para Carlos Diaz-Rosillo, director fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom, “en un contexto donde la eficiencia estatal y la calidad regulatoria se han convertido en pilares cruciales para la competitividad de las naciones, este estudio ofrece un análisis empírico de altísimo valor. La investigación no solo mide las cargas burocráticas que enfrentan las empresas al momento de abrir y operar formalmente, sino que cuantifica sus costos económicos, su impacto en la productividad nacional y su efecto disuasorio sobre la inversión y la formalización”.
Por su parte, Camila Costa, investigadora principal de Asociación de Contribuyentes del Perú, advirtió: “en el 2026 necesitamos con urgencia un nuevo gobierno que reduzca burocracia, planilla estatal y realice una verdadera reforma radical de la estructura estatal, si no, nos quedaremos definitivamente estancados en la carrera global por la competitividad y la productividad”.
La edición 2025 del Índice de Barreras Burocráticas analizó a 21 países —entre ellos Argentina, Brasil, México, España, Italia, Portugal y Perú— que representan cerca del 10% de la población global y un nivel similar del PBI mundial. Este año, el foco estuvo puesto en las empresas medianas y en cuantificar el peso regulatorio en la región latinoamericana y otros mercados comparables.
