El fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez ordenó que se le retiren los vehículos asignados a Delia Espinoza, los mismos que se les otorgó luego de ser suspendida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para resguardar su integridad física.
En un breve oficio dirigido al gerente general del Ministerio Público, Tomás Gálvez solicitó que los vehículos que hasta ayer martes 28 de octubre usaba Espinoza “se asignen al pool vehicular de la Subgerencia de Transportes, a partir del 29 de octubre de 2025″.
El fiscal de la Nación interino toma esta decisión a pesar de que un informe de la Oficina de Asesoría Jurídica recomendaba que Espinoza podía seguir usando los vehículos. Este informe se basa en la evaluación de la propia Policía Nacional del Perú (PNP), que concluyó que, a pesar de estar suspendida, se debía "salvaguardar su integridad física, debido a las decisiones tomadas cuando se desempeñaba en el cargo de Fiscal de la Nación, así como, la existencia del alto índice de criminalidad y la coyuntura actual que viene afrontando el país, alcanzando un impacto de riesgo alto".
Del mismo modo, Tomás Gálvez deja sin vehículos a Delia Espinoza a pesar de que existe una medida cautelar, cuestionablemente evitada por la JNJ, que la repone en el cargo de fiscal de la Nación.
La jugada de la JNJ
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió mantener la suspensión de Delia Espinoza como fiscal de la Nación, pese a la existencia de una medida cautelar emitida por el Noveno Juzgado Constitucional de Lima que ordenaba su restitución en el cargo. Esta determinación se fundamenta en que la resolución judicial supuestamente solo abordó uno de los cuatro cargos disciplinarios que enfrenta Espinoza, mientras que los otros tres continúan vigentes, lo que impide su reincorporación inmediata. No obstante, la resolución judicial suspende los efectos de la orden de la JNJ sobre la restitución de Patricia Benavides y todos sus actos derivados.
La suspensión de Espinoza se sustenta en cuatro hechos imputados dentro del proceso disciplinario abierto en su contra, todos derivados del supuesto incumplimiento de la resolución de la JNJ. De acuerdo con la resolución y lo expuesto por la JNJ, tres de estos cargos permanecen activos, lo que, en opinión del organismo, no otorga sustento legal para devolverle el puesto.
La JNJ también aclaró que carece de competencia para declarar la validez o invalidez tanto del Acuerdo 6579-2024 de la Junta de Fiscales Supremos como de la Resolución 058-2024, documentos que designaron a Espinoza como fiscal de la Nación. En este sentido, el organismo identificó tres razones centrales que impiden el retorno de Espinoza al Ministerio Público. Rodríguez resumió la situación al afirmar que “mientras los otros cargos se mantengan vigentes, la doctora Espinoza no regresará ni como fiscal suprema ni como fiscal de la Nación”.
Frente a este escenario, Espinoza dispone de dos alternativas procesales. Puede presentar un recurso de reconsideración ante la JNJ para que revise su resolución, o bien acudir nuevamente al Poder Judicial y solicitar que la medida cautelar se amplíe, esta vez incluyendo los otros tres cargos disciplinarios.
