Un paro de transportistas tendrá lugar este lunes 3 de noviembre en el Callao. La protesta, que ha sido calificada por los dirigentes como “contundente”, endurece la presión sobre las autoridades locales y nacionales por la creciente inseguridad y criminalidad en la región.
Según informó Canal N, el gremio encabezado por Julio Campos, de la Alianza Nacional de Transportistas, movilizará a conductores, cobradores y otros trabajadores vinculados al transporte urbano, especialmente en zonas como Ventanilla y Pachacútec, además de otros sectores del primer puerto.
Los líderes sindicales denunciaron condiciones de violencia y extorsión que persisten en el sector e instaron a que toda la ciudadanía del Callao participe en la medida para reclamar cambios concretos en la gestión de la seguridad.
“Queremos inmediatamente la renuncia del jefe policial del Callao, porque ya no lo queremos. No hay resultados”, señalaron.
Cabe mencionar que, a través de Martín Ojeda, los transportistas formales de los conos de Lima Metropolitana, confirmaron que acatarán también una paralización de sus operaciones, pero el martes 4 de noviembre.
Exigencias del gremio
La convocatoria reviste carácter de urgencia ante los recientes asesinatos de trabajadores del transporte y la escalada de extorsiones, factores que, según Campos, han sumido al Callao en una situación crítica desde hace años.
Los transportistas aseguran estar “hartos de vivir una pestilencia de autoridades que tenemos”. En palabras del dirigente: “No queremos que nos sigan asesinando, compañeros. Ni un muerto más. Y estas leyes procrímenes tienen que ser derogadas, que son más de doce leyes de ese tipo.”
El paro convocado, que está previsto desde las primeras horas del lunes 3, fue ratificado también por trabajadores de empresas como Aliventura y Corazón de Jesús, quienes señalaron vivir bajo amenazas constantes.
“Vivimos una extorsión más de treinta años. El Callao hace rato está ensuciado por sangre”, declaró un portavoz sindical. Los manifestantes anunciaron que marcharán hacia puntos neurálgicos de la provincia, incluyendo el aeropuerto y el puerto, áreas clave para el transporte y el comercio local.
Denuncias de abuso policial
Durante un reciente plantón en la avenida Nestor Gambetta, varios participantes relataron abusos por parte de efectivos policiales desplegados para contener las últimas protestas.
Alineados con la demanda de cambios en la cúpula policial, los gremialistas acusaron a altos mandos de “reprimir la protesta” mientras se mantiene la impunidad frente a la criminalidad. Según dijeron, el 80% de la policía estaría “procesada por corrupción, como revelan los informes de la Contraloría”.
Los manifestantes también cuestionaron la ausencia de autoridades distritales y regionales durante los hechos violentos y las protestas. “Está mal eso, ¿dónde está la policía? Cuando vino el presidente, nomás estaba la policía y después no hay nadie”, expresó uno de los voceros del sector.
Reclamos similares se dirigieron al alcalde de Ventanilla y a representantes del Congreso, a quienes responsabilizan por la promulgación de leyes consideradas “procrímenes” que, a juicio de los transportistas, favorecen la impunidad de extorsionadores y sicarios.
Paro del 4 de noviembre
Mientras el Callao se alista para una jornada crítica este lunes, las organizaciones de transporte en Lima han confirmado otro paro para el martes 4 de noviembre, en respuesta a la persistencia de asesinatos, extorsiones y la falta de seguridad en el sector.
Según lo expuesto en Buenos Días Perú, los gremios que representa Martín Ojeda sostienen que el actual contexto político y social exige medidas drásticas hasta que el nuevo Ejecutivo, a cargo de José Jerí, cumpla con los compromisos de instalar mesas de diálogo y revisar el actual paquete de normas legales señaladas como favorecedoras del crimen.
Miguel Palomino, dirigente entrevistado por el noticiero, también subrayó que la paralización tendrá un fuerte impacto en Lima Metropolitana y recordó que los acuerdos alcanzados durante los paros previos “no se han cumplido”.
“Estamos exigiendo la inmediata nulidad de todas las leyes y disposiciones que favorecen directa o indirectamente a la criminalidad. Estas normas han debilitado la capacidad del sistema de justicia para enfrentar el crimen organizado”, puntualizó Palomino.
Las demandas
Los pedidos urgentes del gremio de transporte giran en torno a la derogación de leyes que, a su entender, limitan la capacidad estatal para perseguir y sancionar a redes de extorsión y sicariato.
Tanto en Callao como en Lima, la movilización busca visibilizar el clima de temor e indefensión que viven trabajadores y usuarios. Entre las exigencias figuran la indemnización para las familias de las víctimas, el fortalecimiento de la videovigilancia y la instalación de equipos policiales especializados en puntos de alto riesgo.
Los dirigentes advirtieron un “éxodo de conductores” que están abandonando el transporte público ante el incremento de asesinatos y amenazas. “Por más que haga una élite de trabajo, como le digo, por más que tengamos un gobierno eficaz, no se va a poder controlar la criminalidad”, argumentó Palomino.
