La denuncia de Jessica Gladys Díaz Borges, integrante del pueblo asháninka, expuso ante la opinión pública casos de contaminación de los ríos en la comunidad nativa Paucarsito, ubicada en Puerto Inca, Huánuco, presuntamente atribuibles a actividades de minería ilegal.
De acuerdo con información recabada por medios locales como Diario Ímpetu, desde 2022, la dirigente alertó un deterioro notable de las aguas usadas para consumo, pesca y agricultura, lo que repercutió directamente en la salud y la economía de varias familias de la zona.
Según declaraciones recogidas por la prensa, Díaz Borges relató la presencia de mineros informales y empresas que operaban sin fiscalización, descargando metales pesados y residuos tóxicos en los caudales ancestrales del pueblo asháninka. Tras hacerse público el caso, la lideresa fue víctima de un ataque en el que resultó secuestrada y golpeada dentro de su propia comunidad, acción que, según testimonios, habría sido ordenada por Josué Víctor Jumanga Ruiz, antiguo dirigente local, y ejecutada por personas vinculadas a las actividades extractivas ilegales.
“Casi me matan”, declaró Jessica Díaz Borges. Durante el incidente, la arrastraron y agredieron frente a su hijo pequeño. Posteriormente, requirió hospitalización durante varios días a raíz de la gravedad de las lesiones. La afectada realizó un llamado enfático: “Quiero justicia antes de que me maten”.
La situación judicial del caso presenta distintos obstáculos. Según un informe difundido, en 2025 la Fiscalía habría solicitado el sobreseimiento para siete de los ocho acusados, lo que implicaría el posible archivo temporal de la investigación. Según Iraya Quevedo, abogada de la defensora, el fiscal responsable habría argumentado que los implicados actuaron sin conocimiento por pertenecer a la comunidad nativa. Además, Quevedo sostiene que el fiscal mantuvo una relación laboral previa con uno de los investigados, lo que pondría en entredicho la imparcialidad del proceso.
La defensa de Díaz Borges denunció, además, que su anterior abogado conocía este presunto conflicto de intereses, pero no realizó la solicitud formal para apartar al fiscal respectivo. Ante esta situación, la activista presentó una queja ante el Órgano de Control Interno del Ministerio Público para pedir la nulidad de los procedimientos y la designación de un nuevo fiscal.
Alexander Fasanando Riveiro, fiscal encargado del expediente, negó para La República haber intentado archivar la investigación. “Yo he pedido un requerimiento mixto, está en curso”, aseguró, y agregó que nunca fue asesor de parte alguna de los acusados. Según sus declaraciones, toda la información contradictoria sobre su persona sería falsa y verificable.
Iraya Quevedo también indicó que la única protección judicial vigente para la dirigente correspondía al ámbito de violencia familiar, sin contemplar riesgos derivados de su activismo ambiental ni considerar la participación de actores ligados a la minería ilegal. La abogada afirmó que el anterior representante legal de la denunciante habría actuado en complicidad con los agresores y omitió solicitar mecanismos de protección pertinentes.
El fiscal Fasanando pidió transparencia en la cobertura mediática del caso y advirtió que, de existir disconformidad con su labor, la defensa puede solicitar formalmente su apartamiento. Estas nuevas revelaciones mantienen el foco sobre las dificultades y vacíos legales que enfrentan los líderes ambientales en contextos de conflicto territorial y actividades extractivas ilícitas.
