Una operación coordinada del Serenazgo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana en el distrito de José Leonardo Ortiz, en la ciudad de Chiclayo, Lambayeque, permitió el reencuentro familiar de María Olga Arana Romero, de 69 años de edad, y su familia que la buscaba desde hace 25 años.
De acuerdo con los reportes del municipio, la intervención comenzó cuando el Centro de Monitoreo de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital José Leonardo Ortiz generó una alerta sobre la presencia de una adulta mayor en estado de indigencia y con demencia senil. Las unidades de Serenazgo llegaron rápidamente, asegurando la protección de la mujer y brindando apoyo en todo momento.
El personal de seguridad confirmó la identidad de María Olga Arana Romero durante el acompañamiento inicial. Al verificar los datos, la Municipalidad consiguió contactar a sus familiares. Minutos después, arribaron desde Lima la hermana de Arana Romero y otros allegados, quienes la reconocieron y vivieron un emocionante reencuentro.
La hermana de María Olga Arana Romero agradeció al personal de seguridad ciudadana por hacer posible el reencuentro familiar y anunció que, justamente ese día, doña María celebraba su cumpleaños.
Personas desaparecidas enterradas en fosas comunes
En los cerros de San Juan de Lurigancho, a las afueras de Lima, registros oficiales revelan que personas reportadas como desaparecidas, con alerta vigente, han sido enterradas en fosas comunes sin que sus familias lo sepan. La situación, expuesta por un informe televisivo monitoreado por Punto Final, cuestiona la eficacia de los sistemas públicos de búsqueda y notificación de desaparecidos en el Perú.
Desde 2023 hasta junio de 2025, el Cementerio El Sauce recibió al menos 419 cuerpos remitidos por la Morgue Central de Lima. De estos, 212 permanecen como NN y otros 207 cuentan con identidad establecida. Sin embargo, muchos todavía figuran como desaparecidos en las bases de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior, lo que prolonga la incertidumbre de muchas familias.
El caso de Jenny Espinoza ejemplifica el problema. Ella buscó durante dos años a su hijo Michael, quien fue reportado como desaparecido tras viajar de Lima a Huánuco. Aunque presentó denuncias y el caso se mantuvo abierto en los registros policiales, en realidad Michael había sido enterrado en una fosa común bajo un código, sin que su madre recibiera información.
El director de la Morgue Central de Lima, Félix Briceño, señaló que cada año reciben más de 4.000 cuerpos. Si no son reclamados ni identificados en el plazo establecido, son enviados a entierro en fosas comunes o donados a instituciones académicas. Comentó que “hace unas semanas” se iniciaron coordinaciones con la Dirección de Personas Desaparecidas de la policía para intercambiar información, aunque todavía no hay comunicación automatizada, lo que sigue afectando a las familias.
Otro caso expone que una familia solo supo del paradero de su hermano fallecido, bautizado como Roberto, tras la aparición del reportaje. Su hermana lamentó la falta de conexión entre organismos: “Con tanta tecnología que ahora contamos, hay maneras de ubicar a los familiares”.
Pese a la digitalización creciente, la Morgue Central y la Policía Nacional operan con sistemas que no se comunican, lo que permite que personas sigan desaparecidas oficialmente aunque hayan sido enterradas, sin que sus familias reciban aviso.
