El brillo de los conciertos en Lima Norte ocultaba un circuito de dinero sucio que se movía entre cuentas personales, empresas pantalla y negocios de fachada. El nombre de Adam Lucano Cotrina, conocido como “El Jorobado”, encabezaba una estructura que utilizó el espectáculo para lavar fondos obtenidos por extorsión. Detrás de los escenarios y del sonido de las orquestas más conocidas del país, se escondía una maquinaria económica que movió más de S/25 millones en seis años.
La División contra el Crimen Organizado (DIVINCO) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rastrearon cientos de operaciones que, aunque parecían menores, formaban un patrón. Eran depósitos en efectivo, transferencias entre empresas vinculadas y compras de bienes que, con el tiempo, consolidaron una red criminal que usó el entretenimiento como fachada. El atentado contra Agua Marina, ocurrido en octubre, fue la pieza que destapó la magnitud del negocio.
Depósitos en efectivo y empresas espejo
Según los reportes oficiales publicados en el reportaje de Punto Final, entre abril de 2018 y julio de 2024, Lucano Cotrina movió S/1.7 millones y US$357 mil desde sus cuentas personales. Pero ese fue solo el inicio. Entre agosto de 2018 y abril de 2023, registró 94 depósitos en efectivo por un total de S/2 millones 96 mil y US$70 mil, además de operaciones adicionales por S/2.4 millones y US$158 mil, casi todas realizadas en ventanilla.
Las autoridades detectaron que esos fondos pasaban luego a dos empresas de su propiedad: Adán Smith Inversiones y Negocios E.I.R.L. y Serlimax S.A.C.. Ambas registraban movimientos constantes de dinero en efectivo sin sustento comercial claro. Cuando el banco le pidió justificar los ingresos, El Jorobado afirmó que provenían de la venta de cervezas, pero las cifras no coincidían con la capacidad de un negocio minorista.
El circuito del lavado
La ruta del dinero seguía un mismo esquema: los montos recaudados por extorsión o cobro de cupos se ingresaban en pequeñas sumas a cuentas personales del cabecilla y de sus allegados. Luego, esos fondos eran transferidos a empresas controladas por su red, que se presentaban como proveedoras o productoras de eventos.
Entre ellas figuraban Inversiones y Negocios E.I.R.L., encargada de distribuir bebidas; Serlimax S.A.C., que monopolizaba la venta de cerveza y licores; SK&J Servicios Generales, dedicada al alquiler de baños portátiles; Texicom SG S.A.C., que firmaba contratos con municipalidades; y A&S Producciones, vinculada a la organización de conciertos. De ese modo, los ingresos ilícitos ingresaban al sistema financiero bajo apariencia de utilidades por espectáculos o servicios logísticos.
Una vez en circulación, parte del dinero era usado para adquirir bienes inmuebles, vehículos y maquinaria, con lo cual el grupo consolidaba un patrimonio formal. Los cálculos de la DIVINCO indican que el total entre dinero intervenido y activos supera los S/25 millones, cifra que representa la magnitud del negocio criminal encubierto en el entretenimiento.
El vínculo con el espectáculo
El nombre de Glen Montes Malaber, gerente de la productora Yasmil, figura en la investigación como uno de los operadores que facilitaba la conexión entre El Jorobado y las orquestas. Montes organizó presentaciones de Agua Marina, Chechito y los Cómplices de la Cumbia, y otros grupos populares, gestionando permisos y contratos para eventos en Comas, Carabayllo y Ancón.
La DIVINCO sostiene que, a través de Montes, la red obtenía beneficios económicos obligando a las bandas a presentarse gratuitamente en los conciertos que organizaban sus empresas. De esa forma, las ganancias por venta de entradas, bebidas y servicios quedaban íntegramente bajo control del grupo de Lucano. Cuando las orquestas realizaban shows fuera de Lima Norte, se les imponía el pago de un cupo por presentación, bajo amenaza o represalia.
En paralelo, la organización registró una ONG denominada Asociación Peruano Ayuda a Peruano, donde figuraban como directivos Lucano Cotrina y Glen Montes. La entidad, según las pesquisas, se habría usado para ocultar flujos de dinero y evadir impuestos, simulando donaciones y aportes sociales inexistentes.
La guerra por el control del negocio
La disputa por los conciertos derivó en una guerra interna entre grupos rivales. Uno de ellos, liderado por Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, amenazó a promotores y artistas vinculados al círculo del Jorobado. Los mensajes intimidatorios advertían que “la era del Jorobado ya fue” y prohibían trabajar con su promotora. Desde el penal de Ancón, Lucano Cotrina ordenó eliminar a algunos de sus antiguos colaboradores, entre ellos Alan Otárola (Loco Alan) y Jair Pérez Lucano (Gasparín), lo que confirmó que el poder criminal seguía operando incluso desde prisión.
El análisis de llamadas, transferencias y desplazamientos permitió establecer la estructura completa de la organización. Los investigadores hallaron que el cabecilla mantenía contacto permanente con sus operadores financieros, y que cada uno de ellos controlaba un tramo del circuito: recaudación, depósito, transferencia y legitimación.
Con la detención de los principales implicados, la Fiscalía incorporó a Lucano Cotrina en un nuevo proceso por organización criminal y lavado de activos, además del delito previo de tenencia ilegal de armas. La evidencia documentada incluye los registros bancarios, contratos con municipalidades, actas de constitución de empresas y declaraciones de testigos que confirmaron cómo el dinero sucio se camuflaba entre luces, música y multitudes.
