La sentencia a quince años de prisión efectiva dictada contra Guillermo Bermejo Rojas ha abierto un intenso debate sobre el destino de su curul en el Congreso de la República y la posibilidad de que un accesitario asuma su lugar; sin embargo, la figura de la sentencia por terrorismo obligaría al Parlamento a que el escaño ocupado por el representante de la bancada Voces del Pueblo – Juntos por el Perú quede vacía.
El fallo, dictado por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria en una audiencia presencial en Lima, concluyó que Bermejo sostuvo contactos con cabecillas senderistas entre 2008 y 2009. Durante ese periodo, la justicia estableció que sus desplazamientos a campamentos terroristas no fueron casuales, sino parte de una decisión consciente de vincularse con la organización subversiva.
El tribunal basó su resolución en testimonios de colaboradores eficaces, videos, informes de inteligencia y registros de desplazamientos. Todos coincidieron en ubicar a Bermejo participando en reuniones clandestinas con los líderes Víctor Quispe Palomino (“camarada José”), Jorge Quispe Palomino (“camarada Raúl”) y otros miembros del comité central senderista. La Fiscalía detalló además que recibía adoctrinamiento ideológico y entrenamiento en el uso de armas, así como la tarea de establecer lazos con grupos terroristas extranjeros.
La sentencia consideró que el legislador no logró desvirtuar las graves acusaciones, ni aportar pruebas contundentes que contradijeran lo sustentado por el Ministerio Público. Este resultado ha generado un nuevo escenario para el Parlamento, donde surge la pregunta: ¿quién ocupará su escaño mientras dure el proceso?
¿Habrá reemplazo o escaño quedará libre?
El exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, explicó los alcances de la normativa parlamentaria vigente: “Dada la naturaleza del delito, que es terrorismo, el Congreso aprobó en 2015 una modificación al artículo quince del reglamento, por el cual establece que los congresistas condenados por terrorismo, narcotráfico o trata de personas, con sentencia firme, no podrán ser reemplazados en el curul por un accesitario. La silla vacía permanecdrá en la bancada respectiva”.
Cevasco indicó que existe una excepción únicamente en procesos judiciales donde la sentencia aún no es firme. En esos casos, el principio de representación no se pierde y podría convocarse al accesitario. “En situaciones normales, eso podría ocurrir, dado el tiempo que demore el proceso judicial, y el encargado de establecer si viene o no el accesitario es el Jurado Nacional de Elecciones, que emite la credencial”, señaló. Sin embargo, puntualizó que en delitos de terrorismo, a partir de la sentencia con calidad de firme, el curul queda vacante y no hay derecho a reemplazo.
El exoficial mayor enfatizó la importancia de no adelantar decisiones antes de que la sentencia quede firme, pues, de ser absuelto en segunda instancia, Guillermo Bermejo podría retomar su función legislativa. “Por eso, mientras no hay sentencia firme, tampoco se puede llamar al accesitario”, añadió Cevasco, aclarando que tanto el reglamento del Congreso como la ley consideran este criterio.
Una vez la sentencia adquiera firmeza y el Parlamento tome conocimiento oficial, el Jurado Nacional de Elecciones es el organismo encargado de emitir la resolución que confirma el cumplimiento del procedimiento para declarar la vacancia definitiva del escaño y, en su caso, impedir la sucesión por accesitario debido a la naturaleza del delito.
La posición de la Mesa Directiva
El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, señaló que todavía no se ha recibido una notificación formal del Poder Judicial sobre la sentencia. “Como ustedes saben, hay que seguir los trámites del caso. Cuando recibamos la notificación, la mesa directiva se va a reunir para tomar una decisión”, aseguró.
El titular del Parlamento subrayó que existen opiniones encontradas y recordó el espíritu de la normativa: “La idea del artículo quince es que el grupo político o partido que llevó a un congresista con estas características sea castigado y que no se ocupe la curul. Es lo que se llama la silla vacía.”
Rospigliosi evitó adelantar una postura personal hasta no tener todos los argumentos jurídicos y conocer la ruta procesal oficial: “Vamos a esperar recibir la notificación del Poder Judicial y, en base a los argumentos jurídicos y a lo que dicten el reglamento y las leyes respectivas, tomaremos una decisión”.
