El presidente de la Comisión de Ética del Congreso de la República, Elvis Vergara, confirmó la apertura de una segunda investigación contra la congresista Lucinda Vásquez, del Bloque Magisterial. Al proceso abierto por el presunto recorte de sueldos a trabajadores, se suman ahora denuncias sobre el uso de personal parlamentario en actividades domésticas, como cortar uñas y prepararle desayunos en horario laboral.
“De todas maneras vamos a investigar. El solo hecho de denigrar a una persona que tiene un objetivo que es colaborar con las labores del despacho en cosas que no tienen nada que ver, evidentemente, genera el rechazo total. No solamente de los parlamentarios, sino de todos. No se puede, aun siendo autoridad, hacer uso de bienes públicos o de personas o trabajadores del Estado para gestiones totalmente distintas a las que han sido encomendadas por el contrato laboral”, expresó.
En diálogo con RPP, el titular del grupo de trabajo parlamentario adelantó que solicitará incorporar el nuevo caso contra la experulibrista en la agenda de la próxima sesión del grupo de trabajo y que los involucrados serán citados para verificar si los hechos ocurrieron durante el horario de trabajo y bajo qué circunstancias, además de revisar si la conducta atribuida a la congresista vulnera la moral y las normas del servicio público.
Mencionó que el inicio formal de una investigación depende de un acuerdo del pleno de la Comisión que sería revisado en la sesión del lunes e invocó a sus colegas a actuar con objetividad. “Más allá de la voluntad y del esfuerzo, lo que aquí prima es el acuerdo de mayoría. Y si la mayoría decide no investigar, el esfuerzo queda estéril porque no produce ningún tipo de resultado”, declaró.
Confirmó que Lucinda Vásquez ha sido citada para audiencia ese mismo día, en el marco del proceso por el presunto recorte de sueldos, y que las nuevas denuncias podrían adjuntarse como parte de la misma audiencia. Como se recuerda, este proceso inicial responde a denuncias de recorte de salarios a los mismos empleados de su despacho, práctica conocida como ‘mocha sueldos’, en la que un funcionario obliga a devolver parte de los ingresos oficiales, una conducta tipificada como falta ética y considerada causa de sanción o potencial inhabilitación.
Hasta el momento, ni la congresista ni su bancada han ofrecido declaraciones públicas sobre las acusaciones ni sobre la reciente difusión de las imágenes. Sin embargo, el rechazo por parte de los demás parlamentarios no se hizo esperar.
Jorge Montoya, de la agrupación Honor y Democracia, solicitó evaluar el desafuero de la congresista; mientras que la parlamentaria Flor Pablo recordó que no es la primera vez que su accionar es cuestionado, por lo que invocó a Ética a “actuar de oficio y con celeridad”.
El presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, calificó la escena como “repudiable” y la describió como “una humillación” para los trabajadores implicados. “Yo creo que eso no debería ocurrir en el Congreso y que las personas que cometen ese tipo de actos deberían ser sancionadas. Yo espero que la Comisión de Ética tome todas las medidas del caso para sancionar a esta congresista después de las investigaciones. Es una humillación para trabajadores del Congreso ser empleados en ese tipo de menesteres que no son propios de su función”, señaló a la prensa.
Desde Somos Perú, el congresista Alfredo Azurín lamentó el incidente y ofreció disculpas públicas a la ciudadanía por la conducta de su colega. “Yo creo que hay cosas que las personas tienen que asumir esa responsabilidad. Yo tengo vergüenza a veces ajena, y también pido acá disculpas por lo que viene pasando en el Congreso, pero nosotros mismos tenemos que cambiar y asumir nuestro comportamiento, nuestro perfil como congresista. A mí me apena lo que ha pasado, yo creo que eso tiene que tener una sanción, y no solamente también la congresista, creo que también el asesor, por permitir que pase eso”, expresó a Canal N.
Por el lado de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez solicitó una investigación integral, incluyendo la determinación de la procedencia de las imágenes filtradas. “Se necesita una investigación para aclarar los hechos, pero también para saber quién filtró las imágenes. Aunque no dudó de la veracidad de los hechos, sí cuestionó por qué no se había denunciado antes”, sostuvo.
