Desde la madrugada de hoy, miércoles 22 de octubre, Lima Metropolitana y el Callao se encuentran bajo un régimen de estado de emergencia que restringe derechos fundamentales. El presidente de Perú, José Enrique Jerí Oré, arribó al penal de Lurigancho para supervisar el inicio de los operativos junto al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado. El despliegue territorial se implementó tras la publicación del Decreto Supremo N° 124-2025-PCM y responde a la presión por el incremento de homicidios, extorsión y tráfico de drogas en la capital.
El mandatario comenzó la jornada desde las 4:30 horas, recorriendo puntos críticos de la ciudad, de acuerdo a su publicación en Twitter. “Hemos comenzado en el penal de Lurigancho. Nos ha llamado poderosamente la atención y los niveles de control y de supervisión que internamente habían estado haciendo y que han sido deficientes”, declaró Jerí tras inspeccionar el recinto penitenciario, según consignó el medio.
El gobierno dispuso la movilización inmediata de la Policía Nacional del Perú (PNP) con apoyo de las Fuerzas Armadas, y el refuerzo de patrullajes, controles de identidad e inspecciones en inmuebles y vehículos en zonas identificadas por indicadores de criminalidad.
Estrategia de control y nuevas restricciones
El nuevo estado de emergencia se aplicará durante 30 días, con un enfoque en el control de espacios públicos y centros penales. Solo se permitirá una visita semanal o quincenal a los internos, limitada a familiares consanguíneos o afines, y se implementó la desconexión de antenas de telecomunicación ilícita. Además, el decreto plantea la fiscalización masiva de armas y la suspensión inmediata de líneas telefónicas con vínculos delictivos.
Las fuerzas combinadas de la PNP, Fuerzas Armadas y el Serenazgo municipal tendrán la tarea de cubrir zonas de riesgo mediante patrullaje a pie y en vehículos, así como el control del suministro eléctrico en las celdas penitenciarias, donde solo estará permitido el alumbrado básico. Los operativos responden a mapas del delito y reportes de inteligencia elaborados por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC).
“La delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando además el progreso del país. Pero esto se acabó. Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú”, afirmó Jerí.
Otras medidas
El plan, refrendado por el presidente del Consejo de Ministros y ministros de Defensa, Interior, Economía y Finanzas, Justicia y Transportes y Comunicaciones, dispone la permanencia de los comités de seguridad e inteligencia en sesión continua. El financiamiento provendrá de presupuestos institucionales y recursos extraordinarios otorgados por el Ministerio de Economía.
Se adoptaron además acciones como la prohibición de circular dos adultos en motocicletas de la categoría L3, la retención de vehículos con placas o documentos irregulares y el decomiso de autopartes ilegales. El decreto enfatiza la fiscalización judicial de delitos en flagrancia, con fiscales y jueces acompañados de resguardo especial de la PNP, quedando habilitados para actuar en los operativos.
El gobierno destacó la intensificación del control sobre personas extranjeras y la implementación de mecanismos de identificación en la vía pública, en respuesta al aumento de delitos asociados a este segmento en los registros oficiales. “Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú”, insistió el presidente.
La medida genera la intervención simultánea de organismos como el CONASEC, los comités distritales y regionales de Lima y Callao, y el Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC), que deberán coordinar y reportar a diario los avances. Según el decreto, las acciones se evaluarán constantemente y podrían extenderse o replicarse a otras regiones si los resultados lo justifican.
