La defensa del expresidente Ollanta Humala se prepara para presentar un hábeas corpus a raíz del reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) a favor de Keiko Fujimori. Así lo confirmó Wilfredo Pedraza, abogado del exmandatario, quien anticipó que la acción legal podría concretarse la próxima semana.
Según indicó Pedraza, el fallo del TC, que reconoce que el aporte de campaña no constituye delito de lavado de activos para el caso de Keiko Fujimori, ofrece argumentos que, a su juicio, resultan aplicables también al proceso que enfrenta Humala. El abogado precisó que el debate jurídico central es si un financiamiento electoral previo a 2016 puede ser tipificado como delito bajo las normas actuales, cuestión que el máximo órgano constitucional resolvió afirmativamente para la líder de Fuerza Popular.
En entrevista con RPP, Pedraza argumentó que el fondo de ambos casos es el mismo: la imputación de lavado de activos por los aportes recibidos en campañas electorales anteriores a la entrada en vigor de la ley que tipifica el financiamiento ilegal en 2016. “El principio de legalidad establece que nadie puede ser procesado por un delito no definido como tal al momento de los hechos”, señaló el abogado de Humala. Añadió que estos planteamientos han formado parte de la estrategia de la defensa desde el inicio, pero solo ahora, tras el precedente sentado por el TC, la vía del hábeas corpus adquiere fuerza renovada.
La defensa legal insistió en que la tipificación del delito de financiamiento ilegal recién existe desde 2016, lo que deja fuera de alcance penal las campañas de 2006 y 2011, objeto de investigación contra el expresidente y su entorno. “Nuestra primera opción era que el propio Poder Judicial aplicara este criterio básico”, sostuvo Pedraza, para quien la acción constitucional se ubicaba como último recurso, en espera de una resolución favorable en instancias ordinarias previas.
En la conversación con RPP Noticias, Pedraza reiteró que “la comunidad jurídica ha manifestado que estos aportes antes de la reforma legal no pueden considerarse lavado de activos”. Relató también que, pese a que en la causa figuran testimonios de ejecutivos de Odebrecht, como Marcelo Odebrecht, las declaraciones no modifican el núcleo del debate: “El TC ha dicho que los aportes de campaña no han sido comprendidos dentro de la colaboración eficaz de la empresa”, recordó el letrado.
Frente a la consulta sobre supuestas evidencias del uso de los fondos para fines personales, Pedraza respondió que en la campaña de 2011 no existe ninguna acusación por aplicación distinta a la electoral y que procesos similares afectaron a miembros del entorno de Humala que ya recibieron sentencias absolutorias. Explicó también que la pericia oficial no halló irregularidades contables en la gestión financiera personal del expresidente.
El abogado distinguió entre los casos de Humala y Fujimori, refiriéndose a matices como el tipo de aportantes y la ausencia de prácticas como el “pitufeo” (fraccionamiento de fondos), presentes en el caso de la lideresa de Fuerza Popular. No obstante, afirmó que “el fondo es la legalidad del financiamiento privado de campañas antes de 2016”.
Pedraza manifestó su expectativa de que la acción de hábeas corpus provoque el archivamiento del caso contra Humala si el TC mantiene su criterio sobre el principio de legalidad. Esta situación podría tener también implicancias para otros procesados, incluida Nadine Heredia, quien se encuentra asilada en Brasil.
