El Gobierno de Perú oficializó este 21 de octubre la firma de dos nuevos Contratos de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en los Lotes I y VI, situados en la provincia de Talara, departamento de Piura.
La decisión, refrendada mediante los Decretos Supremos Nº 019-2025-EM y Nº 020-2025-EM, da luz verde a PERUPETRO S.A. para suscribir los contratos con las empresas adjudicatarias que resultaron ganadoras en la reciente convocatoria pública.
Talara: nuevos operadores privados llegan a los lotes I y VI
El Lote I fue adjudicado al consorcio que integran INEXPORT SERVIS S.A.C. y ALPHA INTEGRAL SERVICE E.I.R.L. tras la Convocatoria Abierta N° PERUPETRO-002-2024. El contrato autorizado por el Decreto Supremo Nº 019-2025-EM establece un plazo de 30 años y detalla compromisos discretos para un lote en decaimiento en las primeras etapas: el consorcio se comprometió a realizar 23 pozos de reacondicionamiento en los primeros cuatro años, 264 pozos de desarrollo entre los años tercero y décimo, y un pozo exploratorio en el sexto año del contrato.
El Lote VI, por su parte, será operado por INVENTA ENERGY PERU S.A.C. y SPARROW HILLS PERU BLOCK VI S.A.C., según el Decreto Supremo Nº 020-2025-EM. En este caso, el consorcio ofreció ejecutar 297 reacondicionamientos en los primeros tres años —con más del 90% programado para el segundo año—, 446 pozos de desarrollo entre los años tercero y décimo, y 40 pozos exploratorios durante los años del cuarto al décimo.
Ambos contratos incluyen una cláusula preliminar, 25 cláusulas y varios anexos (10 en el caso del Lote I y 12 para el Lote VI) y establecen que las nuevas compañías adjudicatarias pueden tomar de inmediato la operación tras culminar las firmas pendientes con PERUPETRO.
PERUPETRO firmará nuevos contratos por 30 años tras periodo de transición
Este paso representa un cambio importante, debido a que estos lotes, ya reprivatizados, estuvieron temporalmente gestionados por Petroperú, que asumió el Lote I tras la finalización del contrato anterior en diciembre de 2021, a través de un contrato de licencia temporal avalado por el Decreto Supremo N° 030-2021-EM y prorrogado posteriormente por dos años mediante el Decreto Supremo N° 022-2023-EM.
El Lote VI de Talara, en tanto, fue transferido a Petroperú en octubre de 2023, luego de que expirara el contrato de 30 años con Sapet Development Perú INC, en un periodo de transición autorizado tras el retiro de la empresa de capital chino, dependiente de CNPC.
De acuerdo con PERUPETRO S.A., la producción de septiembre de 2025 ascendió a 441 barriles por día (bpd) en el Lote I —con un promedio anual de 493—, mientras que el Lote VI alcanzó 1.350 bpd —y un promedio anual de 1.540—. Las metas técnicas propuestas por los nuevos operadores apuntan a superar estos niveles y revitalizar el sector, en línea con la política de libre competencia impulsada por el gobierno peruano.
Petroperú pierde presencia en Talara, pero mantiene parte del Lote X
El proceso de adjudicación tuvo diversas etapas y controversias. En marzo, PERUPETRO S.A. canceló la licitación original tras la descalificación de la inmobiliaria La Ponderosa por problemas con sus garantías. Posteriormente, se convocó a negociación con las siguientes empresas en el orden de prelación.
Petroperú había quedado tercera para el Lote I y a la expectativa de la caída de INEXPORT y ALPHA. Por otro lado, Unna Energía (de Aenza, ex Graña y Montero), que iba en alianza con la estatal peruana, quedó descalificada para concursar por el Lote VI por su pasado vinculado a casos de corrupción. La matriz, a través de Unna Transporte, aún pugna por una adenda en la Línea 1 del Metro de Lima, apenas sea liberada en diciembre de sus impedimentos legales.
De cualquier forma, en febrero Aenza presentó una demanda de amparo para impugnar la licitación, argumentando la afectación de sus derechos y solicitando la suspensión de la concesión mientras se resuelve el litigio. En medio del proceso, Petroperú expresó también su rechazo por la resolución y llegó a considerar acciones legales contra Aenza.
¿Cómo el fue a Petroperú en los lotes I y VI de Talara?
La transición se produce tras el cambio de gestión en el Ministerio de Energía y Minas (Minem), ya que la evaluación de postores concluyó en julio pasado, dos meses antes de la salida del exministro Jorge Montero. Actualmente el ministro es Luis Enrique Bravo de la Cruz, quien suscribió los nuevos decretos junto con la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Azucena Miralles Miralles, y el presidente de la República, José Enrique Jerí Oré.
La publicación de estos decretos deja a Petroperú con la operación de otros activos estratégicos. La compañía nacional permanece como socia minoritaria con 40% en el Lote X en sociedad con la estadounidense Jong, bajo el consorcio OIG, que reportó en septiembre una producción de 8.345 bpd.
Petroperú también mantiene temporalmente el Lote Z-69 (antes Z-2B), donde en septiembre se extrajeron 3.234 bpd desde plataformas marinas, aunque enfrenta dificultades para invertir y buscar un socio que aporte capital y tecnología, tras el fracaso de la última licitación lanzada por PERUPETRO en septiembre, que no atrajo interesados.
¿Qué otros lotes petroleros necesitan operador en el Perú?
Finalmente, a Petroperú solo le toca seguir buscando alianzas para reactivar los Lotes 192 y 64 en la Amazonía, ambos inactivos por falta de socio operador. El acuerdo previo que cobijaba con Upland Oil & Gas para este propósito no ha prosperado hasta la fecha.
Por su parte, PETRUPETRO mantiene abierto el proceso para adjudicar el Lote 206 en Piura, que integración a los antiguos Lotes II y XV (hoy bajo gestión de Petrolera Monterrico) y con exigencias de inversión mínima que han sido motivo de debate por su atractivo para la industria. El área incluye distritos como Lobitos, El Alto y Pariñas, que hasta septiembre producían conjuntamente 320 bpd, cifra menor frente a los bloques mayores.
De cualquier forma, la agencia peruana ha recalcado que la reorganización y cesión de operaciones en los lotes emblemáticos de Talara, ahora bajo responsabilidad privada, marcan una nueva etapa en la relación entre el Estado, sus empresas y los operadores del sector hidrocarburos en Perú.
