El Gobierno de Perú formalizó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao durante un periodo de treinta días. Esta medida, implementada a partir de las 00 horas del 22 de octubre de 2025, restringe derechos fundamentales y refuerza la intervención de las fuerzas de seguridad para enfrentar el aumento de la violencia y criminalidad en ambas jurisdicciones. Autoridades tomaron esta decisión ante la presión por la escalada de delitos como homicidios, extorsión y tráfico ilícito de drogas.
Según el Decreto Supremo N° 124-2025-PCM, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Las zonas específicas de intervención serán definidas con base en inteligencia, indicadores y mapas del delito. La administración del presidente José Enrique Jerí Oré sustenta que el Estado debe responder con decisión ante el grave deterioro de la seguridad ciudadana en la capital y el primer puerto.
¿Cuáles son las principales medidas se aplicarán desde hoy?
Entre las principales medidas adoptadas se anunció la restricción de las visitas en los penales de la capital y del Callao: solo se permitirá una visita semanal o quincenal, según el régimen en el que se encuentre el interno, y únicamente de familiares cercanos por consanguinidad o afinidad. Además, se ordenó el retiro de antenas de telecomunicación ilícita y el control total del suministro eléctrico en celdas, permitiendo únicamente la iluminación.
Las fuerzas combinadas, integradas por la PNP, Fuerzas Armadas y el Serenazgo municipal, intensificarán los operativos de control territorial en zonas consideradas críticas y en instalaciones públicas estratégicas. Estos grupos realizarán patrullajes a pie, controles de identidad en la vía pública, inspecciones en inmuebles, vehículos y la fiscalización masiva de armas, explosivos y productos pirotécnicos.
El decreto adopta acciones específicas para el control e identificación de personas extranjeras, el decomiso de autopartes ilegales y la suspensión inmediata de líneas telefónicas y equipos relacionados con actividades delictivas como extorsión o secuestro.
También se consignó, como parte del plan, la prohibición de dos adultos en motocicletas de la categoría L3 y la retención de vehículos cuya documentación o placas presenten irregularidades; así como el fortalecimiento de la respuesta judicial frente a los delitos en flagrancia, con la presencia activa de fiscales y jueces, quienes recibirán seguridad especial brindada por la Policía Nacional del Perú.
Según el decreto, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), los comités distritales y regionales de Lima y Callao, y el Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC) permanecerán en sesión permanente durante el plazo de la emergencia. Además, se establecieron comités operativos, de inteligencia, de fiscalización y de comunicación estratégica, con la obligación de coordinar acciones, recopilar información y reportar al Ejecutivo los resultados de la intervención.
El financiamiento de estas acciones provendrá de los presupuestos institucionales ya asignados y de recursos extraordinarios autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas. El decreto es refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, la ministra de Economía y Finanzas, el ministro de Justicia y Derechos Humanos y el ministro de Transportes y Comunicaciones.
