La reciente anulación del proceso penal contra Keiko Fujimori por parte del Tribunal Constitucional ha generado un nuevo escenario en el Caso Cócteles. Ahora, existe la posibilidad de que la lideresa de Fuerza Popular inicie acciones legales contra el Poder Judicial por su detención preliminar, y contra el fiscal José Domingo Pérez, por presunta difamación.
Según explicó el abogado penalista Carlos Caro en conversación con Infobae Perú, Fujimori tiene la opción de presentar una demanda por detención arbitraria y solicitar una eventual indemnización a su favor, aunque el cobro de la misma dependería del Congreso.
Caro señaló que la normativa peruana contempla la responsabilidad de los jueces ante detenciones arbitrarias, lo que permite a los afectados demandar al Estado, específicamente al Poder Judicial. “Es una demanda por detenciones ilegales, contra el Estado peruano, contra el Poder Judicial”, afirmó el penalista.
Sin embargo, también advirtió que esta posibilidad necesitaría de que el Estado destine presupuesto para pagarle a Fujimori, algo que dependería del Congreso en el que hay parlamentarios vinculados a su partido político.
“Teóricamente hablando, la señora Fujimori tiene derecho a demandar. Hasta puede ganar, pero la probabilidad de que cobre (una indemnización) quedaría supeditada a que el Congreso habilite una partida para que pueda ser reparada. No sé si ella políticamente lo va a querer hacer de cara a sus pretensiones electorales”, indicó Caro a este medio.
Con respecto a una posible denuncia contra el fiscal José Domingo Pérez, Caro sostuvo que esta podría realizarse a título personal y no como parte del Ministerio Público. “Sí pueden existir responsabilidades por actos difamatorios o calumnias (del fiscal José Domingo Pérez). Él siempre podrá argumentar que ejerce su libertad de expresión, y esa sería su defensa”, detalló Caro.
Por su parte, Walter Palomino, abogado penalista docente en la Universidad Científica del Sur, indicó a Infobae Perú que tanto Fuerza Popular como Keiko Fujimori, como partes afectadas “estarían facultados para presentar, en función de la gravedad y del daño que se les ha provocado, intervención de los órganos de control interno. Además de (...) una denuncia, sea por prevaricato o abuso de autoridad (...)”.
Fallo del Tribunal Constitucional era “esperable”
El abogado penalista insistió que la decisión del TC era el esperable y que varios otros especialistas coinciden en que el argumento de la Fiscalía para acusar a Fujimori era por “actos de receptación”, que tienen relación con un cambio en la legislación de finales del 2016, cuando la campaña presidencial había terminado varios meses antes.
“No se puede aplicar retroactivamente la ley penal. Es más, en una parte, el TC dice que el fiscal, en julio del 2025, trató de cambiar la imputación (...) tratando, digamos, de salir del problema cambiando el tipo penal, buscando reacomodar. Pero los hechos son los mismos: recepción de dinero de presunto origen ilegal y esa receptación, y la receptación es atípica”, indicó a Infobae Perú.
El fiscal José Domingo Pérez queda “debilitado”
Durante la conversación con este medio, y al ser consultado sobre el desempeño del fiscal José Domingo Pérez durante el desarrollo del Caso Cócteles, Caro indicó que el representante del Ministerio Público termina muy debilitado en su postura y que, a raíz de su actuación, debería apartarse del caso definitivamente.
“Yo creo que el fiscal, respecto del caso, queda bastante debilitado. Pienso que los abogados del caso mismo van a pedir nuevamente su exclusión y creo que el fiscal debería de dar un paso al costado para que sea otro fiscal el que asuma la competencia y pida el archivamiento o reenfoque el caso, porque el TC no ordena que el caso se archive”, sostuvo el abogado penalista. “Evidentemente, ya el fiscal Pérez no es un fiscal objetivo y los jueces que han estado a cargo del caso tampoco son jueces objetivos”.
Por su parte, Palomino afirmó a este medio que de la resolución del TC puede desprenderse que “el señor fiscal Domingo Pérez ha infringido de forma reiterada principios como los de objetividad, legalidad, congruencia procesal, derecho de defensa, apartándose así del rol de defensor de la legalidad y del interés público”.
La resolución del TC emitida el 2 de octubre de 2025 por la máxima instancia constitucional, anuló el proceso penal que investigaba a Fujimori y a su partido por presunto lavado de activos y organización criminal, en relación con los aportes recibidos durante las campañas electorales de los años 2011 y 2016.
