La decisión de los recién designados ministros Denise Miralles (Economía y Finanzas) y Luis Enrique Bravio de la Cruz (Energía y Minas) de destituir de manera inconsulta al presidente del directorio de Petroperú, Alejandro Narváez Liceras, el pasado 17 de octubre de 2025, ha generado controversia en el entorno laboral de la principal empresa estatal de hidrocarburos de Perú.
Los sindicatos han salido al frente para denunciar irregularidades y exigir el respeto de los derechos laborales, en un contexto político todavía convulsionado por la reciente vacancia presidencial. Exdirectivos de la estatal, como David Tuesta y César Gutiérrez, han reconocido que las formas aplicadas por la Junta General de Accionistas (JGA) no fueron las correctas. Pero ahora se suma un pedido de casi 1.000 millones de dólares adicionales a los compromisos de la estatal.
Petroperú: sindicatos se preparan para la lucha contra la reprivatización
La destitución de Narváez se llevó a cabo durante una reunión donde, según el pronunciamiento del Sindicato Nacional Unificado de los Trabajadores Empleados y Administrativos de Petróleos del Perú (SINUTREAPP), se habría vulnerado la normativa vigente, pues la Ley N° 28840 establece que el presidente del directorio solamente puede dejar el cargo por renuncia o por causal acreditada, ninguna de las cuales se habría concretado en este caso.
A Narváez no le fue solicitada una dimisión, tampoco se le imputó una falta sustancial, únicamente se le notificó su relevo inmediato dejando a Fidel Moreno, vicepresidente del directorio, como presidente interino hasta la llegada de una nueva junta directiva. El comunicado del SINUTREAPP, al que tuvo acceso Infobae Perú, rechaza enfáticamente la destitución de Narváez, considerándola una muestra de intromisión política en la gestión de Petroperú.
La organización sindical advierte que la medida habría sido impulsada por intereses empresariales que buscan “debilitar el carácter público de la compañía y pavimentar el camino hacia una eventual privatización”. El sindicato denuncia que la destitución se realizó sin previo aviso y a espaldas de Narváez, quien únicamente fue informado a través de una comunicación dirigida al gerente general.
Salida exprés de Narváez desata tensión entre sindicatos y la JGA
Durante los últimos meses, según lo afirma el sindicato petrolero, Narváez habría mostrado resultados en la recuperación financiera y operativa de la empresa. De acuerdo con el mismo documento, cuando asumió la presidencia en noviembre de 2024, Petroperú reportaba una pérdida acumulada de 2.109 millones de dólares y un capital de trabajo negativo de 2.359 millones.
En menos de un año, la gestión de Narváez habría logrado reducir la pérdida en 742 millones de dólares, proyectándose un cierre de año 2025 con una pérdida sensiblemente menor, cercana a los 290 millones, y proyección de resultados positivos en 2026, según los trabajadores. El SINUTREAPP respalda la gestión de Narváez y niega que existieran justificaciones de carácter técnico para su salida.
El sindicato sostiene que la remoción vulneró tanto el marco legal como los derechos de los trabajadores, y llama a la unidad sindical para proteger la empresa y los puestos de trabajo frente a lo que describen como una avanzada privatizadora desde el gobierno de transición. “La clase trabajadora veía cómo nuestra empresa mejoraba económica y financieramente en menos de un año”, resume uno de los párrafos del pronunciamiento.
Trabajadores demandan deuda de S/3,8 millones so pena de embargo
Pero no todos navegan el mismo barco. Mientras la directiva del SINUTREAPP pidió al representante de los trabajadores en el directorio (Néstor Reynaldo Herrera Guerrero) que exponga públicamente su posición, otro de los sindicatos históricos de Petroperú aprovechó la coyuntura para recordar obligaciones pendientes con el personal. El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú (STAPP) emitió su propio comunicado, enfocado en asuntos legales y económicos que afectan a sus 927 afiliados.
En el comunicado N.o 021-2025, la actual directiva del STAPP comunicó que una reciente resolución del Cuarto Juzgado de Trabajo Permanente de Lima obliga a Petroperú a pagar 4.100 soles a cada afiliado, al amparo de lo dispuesto en la negociación colectiva de 2023, autorizando medidas de embargo en caso de incumplimiento. El sindicato reafirmó su orientación jurídica y reiteró que actuará para que se respeten los derechos económicos, que ascienden a 3,8 millones de soles (poco más de 1 millón de dólares) que se sumarían a la ya descalzada situación de la compañía.
El monto es exiguo si se le compara con la deuda de más de 6.000 millones de dólares que la estatal mantiene con sus accionistas, pero llega en el peor momento. De esta manera, la ola de pronunciamientos tras la decisión del Gobierno evidencia una ausencia de consenso sobre el futuro de Petroperú y el clima de tensión entre la administración y los trabajadores. La petrolera estatal enfrenta así reveses internos y externos tras el relevo exprés de su presidente.
