El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Walter Martínez Laura, reafirmó una postura de tolerancia cero contra la corrupción en el sistema penitenciario.
Martínez aseguró que el ministerio actuará con firmeza y rapidez para separar del cargo a los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) implicados en hechos ilícitos, así como para imponer sanciones estrictas a los internos que infrinjan las normas vigentes.
El titular precisó que los responsables serán derivados a pabellones de régimen cerrado y máxima seguridad, como parte de un conjunto de acciones destinadas a recuperar el control en dichos espacios.
El contexto de hacinamiento presenta un desafío adicional: los establecimientos penitenciarios, con una capacidad para unos 45.000 a 48.000 internos, albergan actualmente a más de 100.000 personas privadas de libertad.
Esta sobrepoblación implica dificultades para la clasificación adecuada de internos, además de propiciar escenarios fértiles para la corrupción y actividades ilícitas internas.
Martínez informó sobre la realización de operativos de control en penales emblemáticos como Lurigancho, Castro Castro, Chimbote, Cambio Puente y Aucallama en Huaral.
Las intervenciones recientes permitieron la incautación de objetos prohibidos, tales como armas punzocortantes, radios hechizas, artefactos electrónicos, parlantes, válvulas de gas y bebidas alcohólicas artesanales producidas por los internos.
Según explicó el ministro, el objetivo es eliminar las facilidades con las que las bandas operan desde los penales y desarticular posibles redes criminales que influyen en la seguridad fuera de las cárceles.
Estos operativos forman parte de un paquete de medidas que se implementarán progresivamente en los 69 establecimientos penitenciarios del país. Entre ellas destaca la creación de pabellones de máxima seguridad dentro de los mismos penales, orientados principalmente a internos considerados de alta peligrosidad y dedicados a la extorsión.
Estos espacios tendrán restricciones de acceso, visitas y beneficios, para limitar el contacto con el exterior y cortar la estructura operativa de las bandas delictivas.
Revisión de beneficios penitenciarios
El ministro Martínez Laura puso énfasis en la transparencia y rigurosidad en el otorgamiento de beneficios penitenciarios. Explicó que no se trata de medidas automáticas, sino que cada beneficio debe cumplir estrictos requisitos, como la revisión del comportamiento, estudios, trabajo realizado al interior de la prisión y una adecuada resocialización.
Además, aclaró que los condenados por delitos graves y de alta peligrosidad no podrán acceder a reducciones de pena ni a libertades anticipadas, debiendo cumplir la totalidad de su condena sin excepción.
Dentro del diagnóstico realizado por el sector, se incluyen medidas para optimizar la distribución de internos conforme al nivel de peligrosidad, fortalecer los controles en visitas y sancionar con rigor los actos de corrupción o facilitación de ingreso de sustancias y objetos prohibidos.
Walter Martínez lideró personalmente un operativo de requisa en el penal de Aucallama, provincia de Huaral, acompañado de especialistas del INPE. El procedimiento se enfocó en la prevención, el refuerzo de la seguridad interna y el combate al crimen organizado desde el propio sistema penitenciario.
