Petroperú: remoción exprés de Alejandro Narváez reactiva alertas sobre legalidad y control político en la empresa estatal

La destitución de Alejandro Narváez Liceras como presidente del directorio de PETROPERÚ S.A. el 17 de octubre de 2025, ejecutada por la Junta General de Accionistas (JGA) bajo el control de los nuevos ministros Luis Enrique Bravo de la Cruz (Energía y Minas) y Denisse Miralles Miralles (Economía y Finanzas), podría haber marcado un severo quiebre en las garantías de gobernanza corporativa en la principal empresa estatal peruana.

El comunicado oficial del Gobierno peruano, ampliamente difundido a través de diversos medios de comunicación, invocó argumentos genéricos sobre la “gobernanza” y la “sostenibilidad”, sin mostrar informes, auditorías ni actas que pudieran probar una motivación alineada al marco legal. Queda a cargo de la petrolera el director no independiente Fidel Moreno, exsecretario de Rómulo Mucho en el MINEM, pero se espera la remoción total del directorio.

Ambos ministros, recientemente juramentados en el gabinete del presidente de la República, José Jerí Oré, intervinieron en la JGA que preside la empresa, pero no se han pronunciado sobre los métodos y las razones concretas de la destitución.

Expertos de derecho societario advirtieron en diálogo con Infobae Perú que la remoción viola no solo el procedimiento formal estipulado por la Ley General de Sociedades y el estatuto de PETROPERÚ, sino que también contraviene la exigencia de motivaciones técnicas dispuesta en la Ley N° 28840 y el Decreto Legislativo Nº 043.

Los expertos consultados coinciden en que la remoción sin justificación ni actas públicas expone a PETROPERÚ a graves riesgos operativos y reputacionales. “Una decisión de este tipo puede traducirse en incertidumbre institucional, deterioro de la calificación crediticia y percepción de politización, afectando la confianza de los mercados y el acceso al crédito internacional”, precisaron.

Bloomberg, precisamente, había comunicado hace unos días que solo el respaldo institucional público mantenía a flote a la petrolera para los bonistas internacionales. “El acto comunicado el 17 de octubre de 2025 carece de evidencia técnica y formal que respalde su legitimidad. Las razones expuestas son genéricas e inverosímiles, lo que revela una posible motivación política incompatible con el modelo empresarial establecido”, remitió otra fuente.

Según las opiniones recogidas, el control de la JGA por parte de Bravo de la Cruz y Miralles Miralles habría subordinado la conducción de la empresa a intereses de corto plazo, desplazando los estándares requeridos para proteger la autonomía y profesionalización de la gestión de PETROPERÚ. “Constituye un quiebre en la gobernanza corporativa y un riesgo severo para la estabilidad institucional y financiera de la empresa”, continuó.

Cualquier destitución debe estar acompañada de evidencia técnica, evaluación de desempeño y un plan de transición claro, ninguno de los cuales se expuso tras la intervención ministerial. “Se recomienda que el Ejecutivo y la JGA revisen el acto adoptado, garantizando su ajuste a los principios de legalidad, transparencia y gobernanza corporativa”, señala

Desde el entorno del directorio, se insiste en que la falta de transparencia y de fundamentos pone a la empresa y al Estado en riesgo jurídico y patrimonial, pues la ley obliga a que toda intervención garantice estabilidad, legalidad y gobernanza profesional. Hasta la fecha, ni el MINEM ni el MEF han publicado información oficial sobre la supuesta sesión de la JGA.

El primer trimestre de 2025 registra un EBITDA positivo de 4 millones de dólares y una utilidad bruta de 1 millón de dólares. Entre 2022 y 2024, la empresa acumuló pérdidas por 1.335 millones de dólares y proyectó una pérdida de 1.030 millones de dólares en 2024, cifra que se redujo a 872 millones en octubre. En ese periodo, el capital de trabajo mostró un saldo negativo de 1.952 millones de dólares y la cuota de mercado nacional retrocedió de 32% en 2022 a 25% en octubre de 2024.

Narváez entra en noviembre del 2024. Para enfrentar esa crisis, su directorio adopta un plan de reducción de costos y gastos del 30%, optimización de operaciones en las refinerías de Talara, Conchan e Iquitos, y recuperación de clientes, sobre todo en minas. La aprobación del DU N°013-2024 habilitó capitalización por 750 millones de dólares, ampliación de líneas de crédito, un aporte adicional estatal de 800 millones y garantía estatal de hasta 1.000 millones de dólares para fortalecer el capital de trabajo.

Como resultado, la empresa disminuyó la pérdida estimada para 2024 a 742 millones de dólares y recuperó cinco puntos porcentuales de cuota de mercado, situándose en 28% en el primer trimestre de 2025 (posición de mercado perdida, según Narváez, cuando el expresidente y hoy crítico de la estatal, Carlos Pardes Lanatta, decide detener la refinería durante la modernización, acto que benefició a su principal competidor, Repsol). Además, logró reducir las primas de seguros de 39,9 millones de dólares en 2023–2024 a 21 millones para 2025–2026, un 72% menos del costo.

Ahora se cuentan por nueve los presidentes de Petroperú en la última década. En adelante, persisten deudas y créditos fiscales relevantes. El Estado debe a su petrolera 109 millones de soles vigentes y otros 1.934 millones por obligaciones de pensiones y transferencias. La empresa mantiene créditos fiscales por 4.912 millones de soles, en su mayoría por exoneraciones del IGV, y tramita la recuperación de 127,8 millones de dólares invertidos en el Oleoducto Norperuano.

Las proyecciones para 2026–2030 prevén estabilización financiera a partir de 2026 y recuperación plena en 2028. La cuota de mercado alcanzaría un promedio de 35% y el volumen, 120 mil barriles diarios de crudo. A partir de este segundo semestre de 2025, se inició la exportación internacional de productos terminados como IFO-180 y Jet A-1, como parte de la estrategía para la recuperación y transformación operativa al 2030.