En solo quince días de octubre, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) impuso 280 sanciones a vehículos que operaban sin autorización para brindar transporte público, evidenciando la magnitud de la informalidad que afecta a este sector. Las intervenciones se realizaron en el marco de 114 operativos ejecutados entre el 1 y el 15 de octubre, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP).
El número de sanciones por informalidad representa más del 80% de las 348 actas de fiscalización levantadas durante el periodo. Lejos de ser casos aislados, la cantidad de intervenciones muestra una situación extendida y persistente, donde decenas de unidades circulan sin cumplir con los requisitos mínimos para garantizar la seguridad de los pasajeros.
Combis con papeletas millonarias y sin permiso para operar
Durante los operativos, un total de 189 vehículos fueron enviados al depósito, según precisó la ATU. De estas unidades, 80 registraban deudas acumuladas que superan los 4 millones 519 mil soles por diversas faltas al reglamento de transporte.
Uno de los casos más graves fue el de la combi de placa C8D-O59, con más de 80 mil soles en papeletas impagas, que circulaba sin autorización, sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y era conducida por una persona sin licencia de conducir.
También se detectó una cúster de placa M3Y-393 que acumula más de 136 mil soles en multas. En ambos casos, los vehículos fueron internados en los depósitos y sus conductores quedaron sujetos a investigaciones y sanciones adicionales.
En total, 72 choferes fueron intervenidos por manejar sin brevete, lo que no solo constituye una infracción grave, sino que pone en riesgo directo la integridad de los pasajeros y demás usuarios de las vías.
Intervenciones en zonas de alto tránsito y puntos críticos
Los operativos se llevaron a cabo en calles y avenidas de Lima y Callao, incluyendo zonas altamente transitadas por unidades de transporte informal. La ATU también realizó intervenciones en corredores complementarios y en la vía libre del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde 17 vehículos que realizaban servicio de taxi sin autorización fueron llevados al depósito.
Este tipo de transporte informal suele operar sin fiscalización constante, aprovechando vacíos de control en horarios nocturnos o en distritos periféricos. La presencia de vehículos con deudas elevadas y sin documentos en regla plantea serias preguntas sobre la efectividad de los sistemas de control y seguimiento existentes.
Un problema estructural que se repite
El problema de la informalidad no es nuevo, pero sigue creciendo sin una solución integral. La presencia de vehículos no autorizados, sin SOAT ni licencia, y con multas acumuladas que superan los S/100 mil, deja en evidencia una falla estructural en el control del transporte urbano, donde no se están aplicando mecanismos de alerta temprana o sanciones realmente disuasivas.
Pese a las intervenciones, muchas unidades reinciden en operar tras recuperar sus vehículos, en algunos casos mediante el uso de empresas o titulares con historial irregular. La ciudadanía, especialmente en zonas con poca oferta formal de transporte, sigue optando por estos servicios ante la falta de alternativas. Durante el 2023, el 60% de la población limeña se trasladaba en este tipo de transportes.
