Durante dos décadas, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fue el corazón técnico del Poder Ejecutivo, dejando de lado —naturalmente— al Banco Central de Reserva (BCR), indiscutible baluarte de la estabilidad macroeconómica del país. Su autoridad garantizaba previsibilidad incluso en medio de crisis políticas. Hoy, sin embargo, su peso se ha reducido. La alta rotación ministerial, la pérdida de liderazgo técnico y una ofensiva legislativa sin precedentes han minado su capacidad para imponer orden. Y justo cuando el país más lo necesita, llega un presidente sin experiencia en la gestión pública ni respaldo político sólido.
La flamante titular del MEF, Denisse Miralles, es una técnica con trayectoria en la administración pública, especialmente en la promoción de la inversión privada durante la gestión del exministro José Salardi. Sin embargo, debe comprender que su labor va mucho más allá de su paso por Proinversión. En este tramo final del gobierno, su reto será que el MEF recupere su papel como contrapeso institucional que preserve la sensatez económica frente al populismo legislativo y la incertidumbre preelectoral. Estos factores condicionan la recuperación de la confianza de los agentes económicos —tanto empresariales como de los consumidores—.
La prioridad central recae en el frente fiscal. El BCR y la mayoría de analistas independientes prevén que las reglas fiscales se incumplirán por tercer año consecutivo. Aunque la reciente reducción del déficit se explica por ingresos extraordinarios, no se observa un esfuerzo genuino de consolidación por el lado del gasto, especialmente en el gasto corriente. El Consejo Fiscal ha advertido, además, sobre riesgos adicionales: proyectos de ley que amplían los topes de gasto para gobiernos regionales y locales sin respaldo presupuestal, incrementos en las remuneraciones del sector público, y el pago de la llamada deuda “social”, entre otros.
En cuanto a la actividad económica, el BCR proyecta para 2025 un crecimiento de 3,2%, impulsado por una mayor inversión pública y privada, así como por una demanda interna más dinámica. Ese crecimiento será crucial para generar empleo y sostener los ingresos fiscales en un contexto en que la inseguridad ciudadana y la crisis política se entrelazan con un año electoral. Evitar una desaceleración será, por tanto, una tarea prioritaria. No obstante, la mayoría de las previsiones privadas y de los organismos internacionales apuntan a una moderación del crecimiento el próximo año.
La inversión pública creció con fuerza en 2024 respecto al año anterior; sin embargo, también aumentó la proporción de obras inconclusas y proyectos paralizados. Revertir esta situación exige un acompañamiento técnico más cercano a los gobiernos subnacionales, que tienen todos los incentivos para dejar obras inauguradas. En materia de asociaciones público-privadas (APP), el gobierno anterior dejó identificadas varias adendas para proyectos de concesión —por más de USD 7.000 millones—. Es fundamental dar continuidad a estos procesos para evitar que queden atrapados en un limbo preelectoral, sin asumir riesgos fiscales indebidos y aplicando criterios técnicos rigurosos. Además, retomar la apuesta por las APP, en lugar de privilegiar la contratación pública bajo la modalidad Gobierno a Gobierno, sería saludable siempre que se respete la restricción presupuestaria y se evite recurrir a pasivos contingentes, como pretendía el exministro Pérez Reyes.
La situación financiera de Petroperú añade un componente crítico al panorama fiscal. A julio de 2025, las pérdidas acumuladas ascendían a USD 299,4 millones —más del 50% del capital social de la empresa estatal—, lo que obliga legalmente a convocar una junta de accionistas para adoptar medidas urgentes. El MEF debe afrontar no solo las pérdidas operativas, sino también su impacto en los pasivos contingentes, el financiamiento estatal (directo o indirecto) y la confianza de los inversionistas. A la fecha, no se han implementado las condiciones exigidas para justificar los salvatajes otorgados a la petrolera durante los últimos dos años.
Aunque la seguridad ciudadana no sea competencia directa del MEF, su rol técnico es clave para garantizar que los recursos asignados se traduzcan en resultados. Ello implica exigir indicadores de desempeño, evaluaciones de impacto, metas trimestrales y transparencia en el uso del gasto destinado a seguridad, justicia y prevención. Asimismo, debe evitarse la duplicidad de funciones entre sectores y niveles de gobierno, que hoy resta eficiencia al gasto público.
La nueva ministra debe cerrar este ciclo con la casa ordenada: un presupuesto 2026 aprobado, el registro completo de los pasivos contingentes —incluidos los de Petroperú—, las adendas priorizadas bajo criterios técnicos y escenarios fiscales claros ante el cambio de gobierno. En un país sumido en la inseguridad, la incertidumbre electoral y las tensiones políticas, ese nivel de orden no es un lujo: es una necesidad.
El Perú mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos —inflación contenida, deuda pública en torno al 33% del PBI y un crecimiento cercano al 3%—, pero sus fundamentos institucionales se están erosionando. En un gobierno carente de liderazgo político, la ministra Miralles debe ejercer su autoridad técnica con firmeza, ordenar el gasto y exigir resultados. Recuperar el peso institucional del MEF no es solo deseable: es una condición imprescindible para que el país recupere el rumbo.
