Tras una espera de más de cuatro días, el gobierno interino de José Jerí finalmente presentó a su primer Consejo de Ministros. Entre las nuevas incorporaciones destaca Teresa Mera, quien juró como titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), en medio de una grave crisis reputacional y operativa en Machu Picchu.
El retraso en la designación de ministros —más de 96 horas desde que Jerí asumió el cargo— generó críticas por parte de diversos sectores políticos y sociales. Aunque el mandatario estuvo activo desde el primer día, encabezando operativos en penales y promoviendo su imagen a través de redes sociales, la ausencia de un gabinete impedía formalizar decisiones clave.
Su gobierno, surgido tras la vacancia de Dina Boluarte por “incapacidad moral” en el contexto de una creciente inseguridad ciudadana, arrancó sin rumbo claro y con cuestionamientos por priorizar la exposición mediática sobre la acción política.
Ahora, con un gabinete nombrado, el foco se traslada a los desafíos inmediatos que enfrentará cada cartera. En el caso del Mincetur, el conflicto social en Machu Picchu será el primer gran reto que deberá gestionar la ministra Mera.
Más de 20 años en el Estado
Teresa Mera Gómez ha desarrollado una extensa carrera en el aparato estatal, con más de dos décadas de experiencia en comercio exterior, propiedad intelectual y relaciones multilaterales. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y magíster en Derecho Internacional y Economía por la Universidad de Berna, en Suiza.
A lo largo de su trayectoria, ha ocupado cargos clave en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), como directora de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior (OCEX) y jefa de Gabinete de Asesores. Además, fue viceministra de Comercio Exterior en 2022, bajo la gestión del entonces ministro Luis Fernando Helguero. También desempeñó roles en el Indecopi.

Ha sido también docente universitaria en casas de estudio como ESAN, la UPC, Cayetano Heredia y la Universidad San Martín de Porres, con publicaciones centradas en propiedad intelectual y derecho económico.
Un nuevo escenario para Mera
Pese a su perfil técnico consolidado, la nueva ministra de Comercio Exterior y Turismo asume el cargo en un contexto marcado por tensiones sociales, presión mediática e impacto económico directo en el turismo nacional. La crisis en Machu Picchu no solo ha paralizado temporalmente el acceso a la ciudadela inca —afectando a miles de visitantes—, sino que también ha deteriorado la reputación internacional del Perú como destino seguro.
Mera llega con una hoja de vida solvente, pero sin antecedentes en manejo directo de conflictos sociales. Su reto ahora será combinar su experiencia en gestión institucional con una lectura política del conflicto en Cusco, donde las comunidades exigen cumplimiento de acuerdos y medidas inmediatas ante lo que consideran una exclusión histórica.
Además, deberá liderar la recuperación del sector turístico, aún por debajo de los niveles prepandemia, y con proyecciones debilitadas para el último trimestre del año debido a las protestas.
Un conflicto que arrastra pérdidas millonarias
La situación en Machu Picchu ha puesto en jaque al turismo nacional. A mediados de septiembre, protestas y bloqueos paralizaron el acceso al santuario, dejando a miles de turistas varados y generando pérdidas por más de 25 millones de soles a nivel nacional, según estimaciones del sector empresarial. El problema, que involucra la operación de rutas de transporte turístico, no ha sido resuelto hasta la fecha.

El origen del conflicto radica en la disputa entre las empresas San Antonio de Torontoy y Consettur, ambas interesadas en operar los buses hacia la ciudadela por la ruta Hiram Bingham. Pese a los acuerdos alcanzados en mesas técnicas lideradas por el municipio de Urubamba, los representantes comunales denuncian que solo cuatro de los dieciocho buses prometidos por Torontoy han sido habilitados, mientras que Consettur sigue operando con normalidad pese a la finalización de su contrato.
El malestar creció durante los últimos días y la tregua, que venció el 13 de octubre, está a punto de romperse. Las comunidades locales y los sindicatos advierten que, si no se implementan los compromisos asumidos —como el retiro de los vehículos de Consettur—, volverán a las medidas de fuerza.