El gabinete de ministros que podría acompañar al presidente encargado, José Jerí, finalmente fue anunciado. Con Ernesto Álvarez como el nuevo titular de la PCM, el gobierno de transición deberá enfrentar la crisis de seguridad ciudadana que afecta a todo el Perú.
En la previa, durante un encuentro con alcaldes de todo Lima Metropolitana, se mencionó nuevamente la propuesta de que el Perú denuncie el Pacto de San José y se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para, entre otras cosas, aplicar la pena de muerte a criminales. Sin embargo, esta intención es contraria a las ideas del ministro Álvarez, quien hace un año, en octubre del 2024, calificó esta idea como propia de un dictador.
“Lo normal es que la actitud de un tirano, de un dictador, genere el retiro de la Convención, porque ese es un límite jurídico del derecho internacional a la actuación política”, afirmó Álvarez durante una entrevista con el programa Visión Central.
Álvarez mostró su rechazo a la posibilidad de que el país abandone este organismo y destacó la importancia de contar con una instancia supranacional que actúe como resguardo frente a posibles excesos del poder.
“Necesitamos un organismo, un tribunal de derechos humanos que esté por encima de los Estados y cuando hay una violación flagrante, evidente de derechos humanos por parte, por ejemplo, de nuestros gobiernos, que muchas veces pueden caer en manos de dictadores”, afirmó el ahora titular de la PCM.
“¿Ante quién nos quejamos?”
El actual presidente del Consejo de Ministros, quien anteriormente dirigió el Tribunal Constitucional, sostuvo que la CIDH es esencial cuando los mecanismos de justicia locales resultan insuficientes ante vulneraciones graves.
“¿Qué sucede si gana más tarde un personaje de extrema izquierda, como que ya sucedió? ¿Qué pasa si con dos o tres generales comprados, Castillo se hubiera quedado en el poder y hubiese cerrado el Congreso, intervenido el Poder Judicial, cerrado el Tribunal Constitucional? ¿Ante quién nos quejamos?”, cuestionó el nuevo presidente del Consejo de Ministros.
Pese a su defensa del sistema, Álvarez sí criticó el desempeño reciente de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según manifestó, ambas instancias “se han extralimitado en sus atribuciones establecidas en la Convención Americana” y han tendido a intervenir en asuntos internos de países democráticos, incluidos actos relativos a la elección de magistrados del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo.

Para Álvarez, estos hechos configuran una injerencia indebida en la soberanía peruana. Además, sostuvo que la CIDH mantiene una actitud firme con democracias, pero muestra una respuesta “débil” o “cobarde” frente a gobiernos autoritarios, como el caso venezolano, donde el régimen optó por dejar la Convención Americana.
El titular de la PCM subrayó que el sistema interamericano jamás debe situarse por encima de las instituciones constitucionales peruanas. “Nuestra Constitución señala que las sentencias del sistema forman parte del régimen constitucional peruano. No están por encima, tampoco por debajo. Forman parte del sistema”, explicó Álvarez,
En lugar de promover la salida del Perú de la CIDH, el expresidente del Tribunal Constitucional enfatizó la importancia de “graduar” el cumplimiento de las sentencias y opiniones procedentes de la Corte.
“(...) Nosotros tenemos que graduar también el cumplimiento de las sentencias o de las opiniones, eh, que la, que la Corte pueda emanar. Si la Corte dice en este momento que el, el aborto es válido y debe ser libre hasta el noveno mes, nada obliga al Perú a acatarlo, porque el Perú se debe, como país soberano, a su Constitución, y la Constitución obedece a un pacto social que a su vez está cimentado sobre valores existentes en la sociedad peruana”, afirmó.