La Contraloría General de la República intervino un local municipal en Santa Anita tras encontrar una gran cantidad de material de propaganda electoral vinculado a la candidatura de David Alegría a la alcaldía de ese distrito y de César Acuña, candidato a la presidencia. El operativo se realizó el 13 de octubre de 2025 en el inmueble identificado como Torre II y buscaba supervisar el uso correcto de los bienes públicos en el distrito.
Hallazgo de material proselitista en instalaciones municipales
Personal técnico de la Contraloría General de la República (CGR), en conjunto con efectivos de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (Dircocor) y representantes de la Fiscalía Anticorrupción Lima Este, inspeccionó el local con el objetivo de constatar si el patrimonio municipal estaba siendo utilizado para almacenar elementos proselitistas. Durante la intervención se detectaron más de 90 marcos de madera diseñados para sostener propaganda electoral y numerosas tablas de distintos tamaños, utilizadas como base para la colocación de carteles políticos.
Las evidencias reunidas en la inspección señalan que los bienes municipales habrían sido destinados a fines electorales, conducta prohibida durante los procesos de campaña por la normativa de neutralidad estatal. Este material había sido reportado a través de denuncias ciudadanas y publicaciones en redes sociales que alertaban sobre la utilización irregular de predios públicos.
Inventario y primeras medidas administrativas
El equipo de control elaboró un inventario detallado de los marcos, banners y materiales almacenados. Solicitaron a la Municipalidad de Santa Anita información sobre cuál área o funcionario gestionó la contratación y financiación de dichos insumos electorales, además de precisar el origen de los recursos económicos utilizados en su adquisición.
La Contraloría anunció la ejecución de un servicio de control específico para determinar si existe alguna responsabilidad administrativa, civil o penal entre los servidores públicos involucrados. El uso de instalaciones estatales con fines partidarios puede ser considerado un presunto delito de peculado y conllevar sanciones legales.
Respuesta del alcalde de Santa Anita y responsabilidades
El alcalde de Santa Anita explicó, en una entrevista televisiva a Panamericana Noticias, que desconocía la presencia del material electoral en el local y atribuyó el hecho a una posible actuación a espaldas de su gestión, señalando que “todo funcionario es responsable de sus actos” y recordó haber emitido un memorándum previo exigiendo neutralidad a los trabajadores ante el proceso electoral.
El alcalde manifestó que, aunque corresponde a los funcionarios supervisar directamente los espacios municipales, él asume parte de la responsabilidad por no haber verificado los locales en persona. Resaltó que, en caso de comprobarse una falta, los responsables serían sancionados drásticamente: “Vamos a seguir investigando y sancionar a los responsables”, declaró. Añadió que, si algún familiar suyo estuviera involucrado, le correspondería afrontar las consecuencias ante la justicia.
Antecedentes y desarrollo de la investigación
Días antes del operativo, denuncias ciudadanas ya habían advertido sobre la existencia de una supuesta fábrica de banners en instalaciones municipales de Santa Anita, elaborado propaganda vinculada a la figura de César Acuña. Ante estos hechos, la Contraloría y las autoridades anticorrupción desarrollan un proceso para verificar la procedencia de los fondos, la contratación de bienes y la eventual responsabilidad de funcionarios y/o servidores públicos.
