Durante una reunión entre el presidente José Jerí y los alcaldes de Lima Metropolitana, varios burgomaestres insistieron en proponer medidas en contra de los conductores de motos lineales, que anteriormente han sido criticadas por expertos.
El alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, aseguró que en su distrito el 50% de los delitos se cometen por medio de este vehículo y que el atentado contra el grupo de música Agua Marina es un “dato claro y concreto” de ello. Asimismo, aseguró que a la exmandataria Dina Boluarte le faltó “mostrar liderazgo y voluntad política de solucionar este problema.
Sobre las prohibiciones, el burgomaestre de Surco, Carlos Bruce, indicó que se podría prohibir temporalmente que dos personas se trasladen en una misma motocicleta. En ese sentido, alertó que la delincuencia ha evolucionado. “Al inicio robaban celulares desde motocicletas, ahora disparan armas de fuego y cometen sicariato”, señaló.
“Estamos viendo que este medio de transporte se ha convertido en herramienta de sicarios, por lo que se requiere una respuesta inmediata del Estado”, dijo durante la reunión.
El nuevo alcalde de Lima, ante la renuncia de Rafael López Aliaga, Renzo Reggiardo, propuso declarar estado en emergencia toda la capital, además de una amnistía temporal para entregar armas ilegales.
Por otro lado, pidió a medios de comunicación que hagan una campaña para decirle a la población que no se puede poseer este tipo de armamentos de forma irregular.
Gobierno suspendió esta medida
En junio de este año, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) derogó la exigencia del uso obligatorio de chalecos reflectivos con número de placa y cascos especiales para motociclistas en todo el territorio nacional. La disposición se formalizó mediante la Resolución Directoral N.º 0012-2025-MTC/18, publicada en una edición extraordinaria de Normas Legales del diario El Peruano.
El nuevo marco legal limita la obligatoriedad del chaleco exclusivo solo a Lima y Callao, y plantea un plazo de 60 días calendario antes de que se inicien las sanciones correspondientes. Hasta entonces, no habrá multas ni fiscalización activa mientras las autoridades realizan una campaña de difusión sobre la actualización normativa y evalúan su impacto en la ciudadanía.
La decisión fue antecedida por reuniones entre representantes de asociaciones de motociclistas, funcionarios del Ejecutivo y legisladores. Durante estos encuentros, los gremios argumentaron la existencia de vacíos legales en la norma anterior, que permitían la imposición de sanciones arbitrarias por parte de efectivos policiales. La actual medida recoge estas observaciones y responde a la demanda social por reglas más equitativas y claras.
El MTC explicó que la modificación busca tener en cuenta las particularidades de cada región y facilitar la adaptación progresiva de los ciudadanos a los nuevos requisitos. En su pronunciamiento oficial, el ministerio subrayó que la disposición se adopta para considerar las necesidades de diferentes contextos locales y ofrece un período razonable de adecuación para la población.
Esta actualización representó un alivio para miles de motociclistas que venían protestando contra regulaciones consideradas poco claras. Además, busca prevenir nuevas movilizaciones en las calles, como las ocurridas recientemente en la capital.
