El distrito de San Juan de Miraflores se posiciona como el principal foco de violencia contra el transporte público en Lima durante 2025. Según cifras del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, este distrito registra trece ataques armados contra transportistas de servicio urbano, la cifra más alta entre todos los distritos de la capital. La ola de ataques ha dejado un saldo de cuarenta y nueve chóferes, cobradores y pasajeros asesinados y treinta y nueve personas con heridas severas que han requerido hospitalización o atención prolongada, según reportó el Observatorio de Criminalidad.
La información, recopilada por el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público revela que más del cincuenta por ciento de las víctimas de atentados se concentran en Lima Norte y Lima Sur. En la clasificación distrital, después de San Juan de Miraflores, los distritos con mayor número de ataques reportados este año son Bellavista y San Martín de Porres, ambos con once casos. Les siguen San Juan de Lurigancho con diez y Los Olivos con nueve ataques contabilizados.
Cuadros estadísticos del Ministerio Público atribuyen este incremento en los atentados armados a la acción de organizaciones delictivas dedicadas a la extorsión y el cobro por “seguridad” a las empresas y personas vinculadas al transporte urbano. Voceros del sector transporte han denunciado reiteradamente que los chóferes de rutas de pasajeros enfrentan amenazas constantes, y que los actos violentos suelen estar asociados al incumplimiento de pagos extorsivos.
De acuerdo con el reporte del Observatorio de Criminalidad, la mayoría de los asesinatos y lesiones graves ha ocurrido dentro de unidades de transporte público en circulación o durante el ascenso de pasajeros en paraderos. La situación ha generado preocupación en gremios de transporte, así como en las familias de las víctimas, debido al riesgo diario que representa desempeñar estas labores en la ciudad.
Pedidos al presidente
Reuniéndose en Palacio de Gobierno, representantes de los transportistas exigen al Gobierno de Joel Jiri que amplíe el compromiso oficial para destinar un bono de cuatrocientos soles bimensuales a los hijos menores de chóferes fallecidos y a las familias de los heridos. “Solicitamos apoyo directo para quienes dependen de los trabajadores afectados”, manifestó uno de los delegados durante el encuentro sostenido con autoridades.
En este contexto, el ejercicio de la actividad de conductor de transporte público en Lima implica actualmente un nivel de riesgo muy elevado. Los gremios advierten que la situación se agrava ante la ausencia de garantías de protección y asistencia, mientras que los familiares de las víctimas piden que, independientemente del gobierno de turno, la ayuda no sea retirada ni postergada.
Durante los últimos catorce meses, el transporte público en Lima Metropolitana y el Callao ha sido escenario de una escalada de violencia. Registros del Ministerio Público indican que entre agosto de 2024 y octubre de 2025 se han reportado 128 víctimas por atentados a unidades de transporte urbano. De ese total, sesenta y cinco personas murieron y otras cincuenta y tres resultaron heridas. Los incidentes, documentados por el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, evidencian el impacto creciente de la criminalidad y las redes de extorsión en este sector.
Las cifras muestran que los casos se duplicaron en menos de un año. El detalle estadístico indica que entre agosto y diciembre de 2024 se contabilizaron veintinueve víctimas, y entre enero y octubre de 2025 la cifra aumentó a cincuenta y ocho. Ocho de cada diez víctimas han sido identificadas, mientras que treinta y una permanecen sin identificar.
La extorsión opera como factor central de este aumento de violencia. El Sistema de Denuncias Policiales reportó 20.705 denuncias por extorsión entre enero y septiembre de 2025, un incremento de 28,8% frente al mismo periodo del año anterior. Los ataques armados, explosiones e incendios a buses forman parte de la presión de bandas para obligar a los responsables del sector a pagar por protección.
