La prolongada falta de un gabinete ministerial tras la asunción de José Jerí Oré como presidente de la República ha incrementado la tensión y la incertidumbre en el clima político nacional. Más de 72 horas después de la destitución de Dina Boluarte, el país sigue sin conocer la lista de quienes ocuparán los principales ministerios ni la identidad del nuevo primer ministro. Esta demora, poco habitual en la dinámica reciente de relevos presidenciales, ha suscitado inquietud no solo en el Congreso y la élite política, sino también en una sociedad pendiente de la estabilidad institucional, el rumbo económico y la respuesta a las múltiples crisis que enfrenta el Perú.
El artículo 120 de la Constitución determina que todos los actos ejecutivos del presidente requieren refrendación ministerial para tener validez jurídica. En la práctica, esto significa que, mientras no se conforme un gabinete, el auge oficial del nuevo gobierno está virtualmente paralizado: ningún decreto supremo, ni decisión administrativa relevante puede entrar en vigor. Aunque la legislación concede hasta treinta días para que cualquier gabinete se presente ante el Congreso en busca del voto de confianza, la ausencia de un plazo concreto para la designación de ministras y ministros permite amplias interpretaciones y genera un vacío legal-político que pone en cuestión la continuidad y legitimidad de la propia gestión del Ejecutivo.
Durante este impasse, José Jerí Oré continuó un maratón de reuniones institucionales, apariciones públicas y actos protocolares. Sin embargo, todas sus actividades han tenido hasta el momento un carácter netamente simbólico, pues su capacidad real de decisión y acción está limitada por la falta de respaldo ministerial. Ejemplo de esta situación fue la noche del incendio en San Juan de Miraflores: el mandatario acudió de urgencia a la zona afectada acompañado de varios ministros salientes, entre ellos quienes lideraban las carteras de la Presidencia del Consejo de Ministros, Justicia y Vivienda.
El fondo y la forma de esa visita evidenciaron dos realidades: el agradecimiento del nuevo presidente a quienes estuvieron a cargo durante la transición y, sobre todo, el hecho de que el nuevo equipo aún no estaba listo, profundizando la sensación de vacío de poder tanto en el entorno político como entre la opinión pública.
En sus primeras declaraciones tras asumir la presidencia, Jerí expresó su reconocimiento al gabinete saliente y anunció que, en conjunto con el futuro primer ministro, finalizaría la conformación de lo que llamó un “Gabinete de amplia base y de reconciliación nacional”.
Sin embargo, la falta de precisión respecto a los nombres, tanto del jefe de Consejo de Ministros como de los responsables de las carteras más relevantes —Economía, Salud, Interior, Educación y Justicia, entre otras—, fue percibida por la ciudadanía como un signo de indefinición y de poca coordinación inicial entre el presidente y sus propias bases partidarias.
Jerí ha insistido en que su gabinete excluirá a congresistas en ejercicio, así como a exministros y cuadros emblemáticos de la anterior administración, buscando proyectar una imagen renovadora y de autonomía con respecto a los pactos y cuotas previas. Ha reiterado que se priorizarán perfiles con experiencia en la gestión pública, conocimiento técnico de cada sector y habilidades de diálogo y entendimiento de las realidades del país.
Esta consigna, aunque valorada en abstracto por varios analistas, ha contribuido en este caso particular a complejizar las negociaciones, ya que sectores de la bancada oficialista, grupos independientes y representantes de distintas regiones tienen expectativas de cuotas propias en el nuevo gabinete. Al interior del Congreso, muchas miradas están puestas sobre la potestad del presidente para lograr u obviar alianzas, lo que incidirá en la gobernabilidad del nuevo ciclo político.
La exclusión explícita de legisladores y figuras relacionadas con la gestión anterior ha sido interpretada por observadores políticos y actores sociales como un gesto de diferenciación y autonomía destinado a consolidar una legitimidad inicial ante la opinión pública, marcada por el desgaste de los acuerdos políticos recientes y el clima de enfrentamiento constante entre poderes del Estado. Sin embargo, la decisión ha contribuido a alargar los tiempos y a multiplicar las tensiones dentro del entorno presidencial. A diferencia de la costumbre de los presidentes salientes de anunciar su equipo en cuestión de horas o pocos días, la demora actual ya es una de las más extensas en las últimas décadas del país.
Varias experiencias anteriores ilustran lo inusual de la situación. Mandatarios como Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski presentaron su gabinete apenas horas después de asumir el mando. Otros, como Pedro Castillo, Francisco Sagasti y Manuel Merino, lograron instalar su equipo entre uno y dos días después de la sucesión. En contraste, la administración de José Jerí se destaca por una prolongada indefinición, que empieza a tener implicancias legales, administrativas y políticas de considerable magnitud.
Actualmente, la composición del círculo de confianza es una incógnita que genera debate fuera y dentro del oficialismo. Se sabe, sin embargo, que el entorno directo de Jerí está integrado por figuras ligadas a Somos Perú, asesores que lo acompañaron en el Congreso y profesionales de carrera técnica. Las labores de coordinación política y la toma de decisiones estratégicas se concentran en parte en la lideresa partidaria y operadores vinculados al núcleo fundacional del partido, quienes cuentan con ascendiente en las decisiones más sensibles del Ejecutivo.
A lo largo de estos días, Jerí y sus asesores han sostenido reuniones con dirigentes partidarios, bloques políticos y expertos de diferentes sectores para evaluar las opciones idóneas en cada cartera. Se ha sondeado, de manera informal y formal, a perfiles de diverso signo y trayectoria, lo que se traduce en una especie de “desfile de candidatos” para ministerios clave como Economía, Salud, Interior y Educación.
Entre los nombres considerados por el entorno de Palacio de Gobierno destacan antiguos ministros y tecnócratas de gobiernos previos, así como expertos sectoriales reconocidos. Sin embargo, la búsqueda de figuras dialogantes, alejadas de los extremos y con experiencia en gestión pública, ha complejizado la concertación final, pues varias de las propuestas iniciales fueron rechazadas o no generaron consenso suficiente como para asumir el cargo en condiciones de estabilidad.
Por otra parte, la formalización pública de la renuncia de varios ministros salientes, tanto en Salud como en Transportes y Comunicaciones, ha acelerado el vacío administrativo en sectores sensibles y ha puesto en jaque la continuidad de proyectos prioritarios y la coordinación con gobiernos regionales. Algunos exministros han manifestado abiertamente su deseo de postular a cargos públicos en las Elecciones de 2026, lo que les exige desligarse de la función pública y prepararse para campañas en escenarios complejos marcados por el descrédito político y la alta fragmentación.
El contexto social y político profundiza la urgencia de un gabinete funcional e independiente. La sociedad vive bajo el clima de protesta y movilización, en parte por la persistente amenaza de la inseguridad ciudadana y el avance del crimen organizado, factores que fueron determinantes en la destitución de la presidenta anterior.
Sectores de la ciudadanía demandan soluciones inmediatas y visibles a problemas como la violencia urbana, el desempleo, el encarecimiento del costo de vida y el acceso a servicios fundamentales, mientras que otros exigen claridad y celeridad en las decisiones políticas y una recuperación genuina de la confianza en las instituciones que durante años han sido percibidas como ineficaces o capturadas por intereses particulares.
En varias de sus intervenciones de los últimos días, José Jerí ha reiterado que la primera prioridad de su gestión será el combate contra la delincuencia, la recuperación de la seguridad y el restablecimiento de la tranquilidad en las calles. También ha hecho referencia a la importancia de restaurar la confianza ciudadana, mitigar la polarización e impulsar una política económica sólida y predecible. Todo esto, sin embargo, depende de la rápida y acertada designación de un equipo ministerial con capacidad de diálogo, solvencia técnica y legitimidad social. La falta de un gabinete multiplica el riesgo de parálisis y pone a prueba la paciencia tanto de la ciudadanía como de los actores políticos relevantes.
Al mismo tiempo, la falta de equipo agrava los desafíos internos de la propia administración de Jerí, que debe lidiar con las altas expectativas creadas tras la transición, la presión mediática constante y la vigilancia de sectores críticos tanto del Congreso como de la sociedad civil. La fragmentación legislativa, la doble presión de aliados y opositores y la presencia de bloques políticos con demandas específicas generan una compleja ecuación que obliga al presidente a ejercer habilidades de concertación, negociación y equilibrio político.
Distintos analistas atribuyen la demora en la definición del gabinete tanto a la relativa inexperiencia presidencial en escenarios de alta confrontación, como a la dificultad para generar consensos entre grupos diversos y a la exigencia de liderar una transición “sin mochilas políticas”, es decir, alejada tanto de figuras desgastadas como de cuotas impuestas por alianzas pasajeras. Este proceso, aunque legítimo en su planteamiento, incrementa el riesgo de bloqueo político en un país donde la gobernabilidad depende en buena parte de la conformación de equipos de gobierno sólidos y experimentados.
A medida que pasan los días sin gabinete, crecen la inquietud en los mercados, la duda entre los inversionistas y el escepticismo en sectores empresariales y sindicales que consideran clave la pronta recuperación de la normalidad institucional. Las principales cámaras sectoriales y organismos internacionales observan con atención la señal que pueda dar el gobierno sobre la dirección de la política económica, la continuidad de inversiones públicas y privadas y el cumplimiento de compromisos pendientes tanto a nivel nacional como internacional.
El desafío inmediato de Jerí es conformar un gabinete ministerial que equilibre capacidades técnicas, representatividad territorial, experiencia en gestión pública y compromiso ético. La tarea es compleja y su desenlace marcará el ritmo inicial de su gobierno, así como la confianza —o desconfianza— que la sociedad y los actores políticos depositarán en la nueva administración.
Mientras tanto, la presión de la opinión pública, el escrutinio de la prensa y la urgencia de responder a los desafíos de seguridad, salud, desarrollo social y preservación institucional configuran un escenario en el que la necesidad de un gabinete sólido, con legitimidad y autonomía aparece más urgente que nunca. La continuidad de este periodo de indefinición podría acarrear costos elevados en términos de gobernabilidad, eficacia administrativa y credibilidad internacional, en un contexto histórico donde la confianza de la ciudadanía y la solidez de las instituciones resultan determinantes.