El Perú atraviesa uno de los periodos más críticos en materia de seguridad ciudadana. En los últimos años, los casos de extorsión, homicidio y sicariato se han multiplicado en varias regiones, sobre todo en la costa norte y en Lima Metropolitana. Según reportes del Ministerio del Interior, la tasa de homicidios creció un 40% en los últimos tres años, mientras que las denuncias por extorsión se incrementaron de manera alarmante, afectando a comerciantes, transportistas y empresarios. La violencia, impulsada por bandas organizadas y redes criminales, ha transformado el miedo en un problema cotidiano.
Sin embargo, las cifras oficiales sobre detenciones en flagrancia muestran una realidad diferente a la percepción generalizada. De acuerdo con el análisis del especialista en datos Juan Carbajal, la mayoría de las capturas no se relaciona con crímenes de alto impacto ni con organizaciones delictivas. Entre enero y setiembre de 2025, 186 mil 487 personas fueron detenidas en flagrancia, pero solo el 1.8% está vinculado a delitos como extorsión, homicidio, secuestro, sicariato, banda criminal u organización criminal.
La mayoría de detenidos son por delitos menores o de convivencia
Del total de personas capturadas, más del 68% corresponde a delitos menores o de convivencia social. Los más frecuentes son conducción en estado de ebriedad o drogadicción (29.73%), agresiones contra mujeres o integrantes del grupo familiar (17.56%), lesiones culposas (6.40%), receptación (5.69%), hurto agravado (4.74%) y promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas (4.11%).
Estas cifras reflejan que el grueso de la labor policial se concentra en delitos comunes, muchos de los cuales tienen origen en el consumo de alcohol, conflictos domésticos o imprudencias. Aunque son infracciones que afectan la convivencia, distan de los hechos violentos que marcan la agenda pública y alimentan la sensación de inseguridad en el país.
Solo el 1.8% de los detenidos está vinculado a crímenes graves
Los delitos de mayor impacto social —extorsión, homicidio, banda criminal, secuestro, organización criminal y sicariato— representan un porcentaje mínimo dentro del total de detenciones. Según el informe analizado por Juan Carbajal, la extorsión alcanza el 0.79%, el homicidio el 0.51%, la banda criminal el 0.27%, el secuestro el 0.17%, la organización criminal el 0.05% y el sicariato el 0.02%.
Pese a que estos delitos concentran la atención mediática y generan temor en la población, las cifras demuestran que las capturas por estos casos son excepcionales. En otras palabras, de cada cincuenta detenidos en el país, solo uno está implicado en alguno de estos crímenes.
El contraste entre la percepción ciudadana y las cifras oficiales
La brecha entre la sensación de inseguridad y los datos reales de flagrancia es uno de los puntos más resaltantes del análisis de Carbajal. Mientras los ciudadanos perciben un país tomado por el crimen organizado, los registros del RENADESPPLE —alimentados por la PNP, la Fiscalía, el Poder Judicial, el INPE y el Programa Nacional de Centros Juveniles— indican que la mayoría de los arrestos se relaciona con delitos de menor gravedad.
Este contraste sugiere que el problema de fondo no solo radica en la criminalidad violenta, sino también en la falta de una comunicación clara sobre la naturaleza de los delitos más comunes. Para el especialista, analizar los datos desagregados es clave para evitar distorsiones y comprender el alcance real de la delincuencia en el país.
La necesidad de datos públicos y transparentes sobre la criminalidad
El RENADESPPLE es la fuente oficial del Estado para registrar y centralizar información sobre personas detenidas y sentenciadas. En su informe más reciente, este sistema reafirma que la mayoría de las detenciones en flagrancia no corresponde a crímenes violentos ni a estructuras criminales complejas, sino a infracciones que forman parte del día a día de los operativos policiales.
Juan Carbajal plantea la urgencia de publicar información abierta y diferenciada por tipo de delito, de manera que se garantice el acceso a datos precisos y sin sesgos. Esto permitiría a la ciudadanía y a las autoridades dimensionar el problema de la inseguridad con base en evidencia, más allá del impacto mediático o político que suelen tener los delitos más graves.
