El congresista de Somos Perú, Paul Gutiérrez, presentó el proyecto de ley 12762, con el objetivo de crear un registro nacional de agresores, para combatir la creciente violencia escolar en el país, entre otras medidas.
De acuerdo con el documento, la propuesta surge como respuesta a varios casos recientes donde se registraron agresiones físicas y verbales contra docentes en instituciones públicas y privadas de Lima y otras regiones del Perú. Según reportes del Ministerio de Educación (Minedu), el incremento de estos episodios evidencia la urgencia de un marco legal robusto enfocado en la protección del personal educativo y la promoción de ambientes escolares seguros.
La iniciativa plantea la violencia escolar como un problema estructural que supera los hechos aislados y requiere un enfoque normativo integral. Una de sus principales propuestas es la creación de un Comité de Disciplina Escolar en cada centro educativo, responsable de investigar agresiones, aplicar sanciones y garantizar el derecho de defensa tanto para docentes como para estudiantes involucrados. Adicionalmente, el proyecto introduce el Sistema Nacional de Registro de Agresores a la Autoridad Educativa (SIRAAE), una base de datos destinada a identificar y controlar la reincidencia en este tipo de conductas.
La propuesta también modifica el Código Penal para reconocer la condición de autoridad de los profesionales de la educación, equiparando las agresiones contra docentes a las cometidas contra otros altos funcionarios públicos.
El documento señala: “El hecho se realiza en contra de un miembro de la Policía Nacional... o autoridad educativa en el ejercicio de sus funciones pedagógicas, disciplinarias o administrativas”. Esta medida busca elevar el estándar de protección legal de los docentes y enviar una señal clara de respaldo institucional.
Medidas preventivas, sanciones y responsabilidad parental
El proyecto de ley enfatiza la importancia de las políticas preventivas y la formación en valores para transformar la cultura escolar peruana. Así, establece programas obligatorios de educación en disciplina, ciudadanía y respeto a la autoridad dirigidos a estudiantes, familias y docentes, en coordinación con el Ministerio de Educación y otras entidades gubernamentales.
En cuanto al régimen sancionador, el texto regula que los estudiantes agresores puedan recibir desde amonestaciones hasta la reubicación escolar, según la gravedad de la falta. También contempla la participación obligatoria en programas de reeducación y reinserción escolar, sin que la medida implique la exclusión total del derecho a la educación. Si se trata de agresiones graves o reincidentes, se podrá restringir el acceso del estudiante a la institución o evaluar su traslado a otro centro educativo.
La iniciativa legislativa introduce además la figura de la “responsabilidad solidaria parental”. De acuerdo con el proyecto, los padres de los alumnos agresores serán sujetos de sanciones proporcionales, incluyendo la obligación de participar en programas de orientación familiar.
El incumplimiento del deber de educar en el respeto a la autoridad será considerado una infracción, sancionable conforme a la nueva ley. “La omisión en el deber de educar y formar en el respeto a la autoridad constituirá infracción sancionable”, indica el texto normativo, que prevé también acciones de reparación y acompañamiento a las familias.
El contexto de la iniciativa
El documento cita cifras de la UNESCO según las cuales cerca del 32% de los estudiantes a nivel mundial ha sido víctima de violencia escolar, fenómeno que impacta negativamente sobre el bienestar emocional y el rendimiento académico. En el Perú, el Minedu ha reportado un alza sostenida de casos, especialmente en zonas urbanas de Lima.
El proyecto enfatiza que la violencia no se limita al plano físico o verbal, sino que incluye el acoso digital y la difamación en redes sociales, por lo que se prevén mecanismos específicos para denunciar y sancionar ese tipo de conductas.
Según la exposición de motivos, “la presente propuesta de ley parte de la premisa de que la disciplina escolar constituye un principio esencial e innegociable del proceso educativo”. Además, “el Comité de Disciplina Escolar estará integrado por el director, el docente tutor, un representante del profesorado, uno de los padres de familia y un representante estudiantil, garantizando la pluralidad y transparencia en los procedimientos”.
El congresista Paul Silvio Gutiérrez Ticona resalta que la iniciativa no solo busca establecer sanciones, sino también consolidar “un marco legal coherente con el mandato constitucional de garantizar una educación digna, segura y orientada a la formación integral de la persona”. Finalmente, asegura que el Ministerio de Educación será responsable de la reglamentación de la ley en un plazo de sesenta días hábiles.
