Transportistas de diversos gremios acudieron este jueves a Palacio de Gobierno con la expectativa de dialogar sobre la crisis de seguridad en las calles y otros reclamos del sector. Los dirigentes denunciaron que no fueron admitidos en la cita, dado que solo ingresaron representantes de empresas del sistema de corredores, lo que acrecentó el malestar y derivó en la convocatoria a una reunión clave este sábado para definir la posibilidad de convocar un paro nacional.
Exigencias y exclusión en la mesa de diálogo
De acuerdo con lo expuesto por Miguel Ángel Palomino Pedraza, líder de transportistas de Lima Norte, el gremio esperaba instalar una mesa permanente de alto nivel que incluyera a los auténticos representantes del transporte urbano y regional. “Este sábado a las tres de la tarde vamos a dar la fecha para evaluar una medida de fuerza junto con otros gremios”, afirmó Palomino Pedraza, quien aseguró que la exclusión de los dirigentes centrales generó aún más disconformidad.
A su vez, uno de los portavoces indicó que “si no se toma una decisión concreta en beneficio de todos los ciudadanos y transportistas, vamos a coordinar un paro nacional que reúna a gremios de todas las regiones del país”. La advertencia se produce en un contexto de creciente tensión, luego de varios paros parciales y amenazas de huelga en semanas recientes originadas por reclamos en materia de seguridad, regulación y costos operativos.
Según información recabada por Infobae un día antes, tanto el Congreso como el Ejecutivo habían convocado a representantes de los transportistas a una reunión en Palacio de Gobierno, con el objetivo de reducir el riesgo de una protesta generalizada.
Acusaciones y dudas sobre la representatividad
Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte de Lima y Callao, expresó que la exclusión de los gremios tradicionales evidencia un intento de favorecer intereses específicos. Según Vargas, “la reunión en Palacio solo permitió el ingreso de las empresas de los corredores, y a los otros del transporte regular, a ninguno”. El dirigente reiteró que las decisiones tomadas no atienden la problemática de la inseguridad ni las verdaderas demandas del sector.
En ese mismo sentido, cuestionó la participación de quienes, según él, “no representan a nadie”: “El señor Martín Ojeda no representa a nadie… todos lo están presentando como el adalid de un paro que él no lo ha gestado, lo han gestado las empresas y los conductores”.
Vargas también señaló que la declaratoria de emergencia en el sector transporte podría estar diseñada para beneficiar a ciertos grupos empresariales y no para abordar la seguridad ciudadana, la principal preocupación de los transportistas.
Tras el rechazo, buscan respaldo en el Congreso
Tras la negativa en Palacio, los dirigentes acudieron al Congreso de la República para continuar el diálogo. Fueron recibidos por el tercer vicepresidente del Parlamento, Ylichis López, y otros legisladores. Según relatos de los propios líderes, llevaron propuestas normativas orientadas a combatir la extorsión y el sicariato, que consideran temas prioritarios y no simples reivindicaciones sectoriales.
De acuerdo con lo explicado por Vargas, presentaron iniciativas para que se incorporen en la agenda legislativa, buscando un tratamiento técnico de sus proyectos por parte de especialistas. “No creemos que estos políticos que están en el gobierno sean capaces de resolver el problema de la inseguridad…”, manifestó Vargas ante los medios tras retirarse de la sede del Ejecutivo y antes de ingresar al Congreso.
El sábado, definición sobre posibles protestas
Los dirigentes confirmaron que el sábado a las tres de la tarde celebrarán una reunión con gremios de Lima y otras regiones para determinar si se convoca a un paro nacional y establecer los lineamientos de la medida. “Vamos a hacer un paro coordinado… me comprometo a aprobar una decisión drástica porque no se ha instalado una mesa de trabajo con los representantes legítimos”, aseguró Palomino Pedraza.
Las jornadas de protestas y anuncios de huelga en el transporte mantienen en vilo a decenas de miles de usuarios en el país, mientras los gremios insisten en la necesidad de que sus voces sean escuchadas en las mesas de negociación.
