La permanencia de Dina Boluarte con las horas contadas. En menos de una hora, se presentaron cinco mociones de vacancia presidencial. Las iniciativas parlamentarias, procedentes de diferentes bancadas y con fundamentos independientes, buscan remover a la mandataria por la causal de “permanente incapacidad moral” previsto en la Constitución.
El escenario político enfrenta así uno de sus momentos más críticos desde el inicio de la gestión de Boluarte, con un debate enfocado en la responsabilidad ética y legal de la Presidencia de la República ante la ola de criminalidad, las denuncias de corrupción y la pérdida de liderazgo público.
¿Cuáles son los argumentos?
Los textos presentados ante el Pleno identifican como argumento recurrente el incremento sostenido de la inseguridad ciudadana. Los documentos citan cifras oficiales de la Policía Nacional del Perú: solo entre enero y septiembre de 2025 se reportaron más de 20,700 denuncias por extorsión, con aumentos superiores al 50% en regiones como Tumbes, Madre de Dios, Puno, Cusco y Lima Metropolitana. Las mafias han consolidado su dominio en zonas urbanas y rurales, mientras ataques a empresarios, transportistas y orquestas como Agua Marina, Chechito y los Cómplices de la Cumbia, y Toño Centella han puesto al descubierto la vulnerabilidad de los sectores productivos y artísticos.
La crisis, según los argumentos, alcanzó al sector educativo. Más de 500 colegios privados recibieron amenazas extorsivas, y varios han suspendido clases o migrado temporalmente a la virtualidad por temor a atentados. El gremio transportista, uno de los más afectados, reportó decenas de asesinatos de choferes por negarse a pagar cupos a bandas criminales. Las mociones responsabilizan al Gobierno de una respuesta ineficaz y acusan a la presidenta de mostrar desconexión y falta de empatía frente al sufrimiento de la población.
El costo económico de la criminalidad supera, según estimaciones recogidas en los pedidos de vacancia, los 20 mil millones de soles al año, lo que equivale a 1,7% del Producto Bruto Interno Perú, generando desinversión, cierre de empresas y reducción del empleo formal.
Otra línea argumental clave es la serie de acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito conocidas como “Rolexgate”. Las mociones refieren la investigación de la Fiscalía de la Nación sobre la posesión y omisión de declaración de relojes de alta gama, y el presunto vínculo con transferencias presupuestarias a gobiernos regionales. Se menciona el préstamo de los relojes por parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, y el hallazgo de documentos y objetos de valor en allanamientos judiciales.
Junto a esta denuncia, los parlamentarios cuestionan los viajes internacionales de Boluarte, presuntamente avalados tras cambios legislativos inconstitucionales, así como la prolongada ausencia de la presidenta por procedimientos médicos y cirugías estéticas —hecho que, según los autores de las mociones, se intentó ocultar mediante la difusión de imágenes de archivo y sin informar oportunamente al Legislativo. Se refiere además la investigación contra la mandataria por los presuntos delitos de abandono de cargo y omisión de actos funcionales durante estos periodos.
Las mociones abordan también el supuesto blindaje político de funcionarios cuestionados en el Ministerio del Interior y denuncian nombramientos de personas con antecedentes o investigaciones por corrupción.
Los argumentos se expanden a la respuesta estatal frente a las protestas sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023. Los documentos de vacancia incluyen el registro de decenas de civiles fallecidos y acusan a la administración de Boluarte de implementar una política represiva que habría vulnerado derechos fundamentales. Las mociones denuncian la justificación pública de las fuerzas policiales y la falta de reconocimiento de responsabilidad política o penal por parte del Ejecutivo.
La reacción ante estas protestas se enmarca dentro de la crítica al deterioro institucional: las iniciativas legislativas sostienen que la presidenta recurrió a medidas excepcionales, como los estados de emergencia, sin obtener resultados efectivos, y acusan que la confianza pública y la legitimidad de la Primera Magistratura han quedado gravemente erosionadas.
En paralelo, se señalan omisiones en la gestión de programas sociales como Qali Warma, casos de intoxicación masiva por alimentos escolares y el cierre de servicios esenciales, lo que evidenciaría una pérdida de rumbo a nivel administrativo.
