La “Tragedia de los Comunes” es una teoría elaborada por el ecologista Garret Harding en 1968, en un ensayo muy influente de apenas 6,000 palabras, que ha sido citado 38,000 veces y ha tenido una gran influencia en todos los ámbitos de la política pública, desde el cambio climático, la propiedad intelectual y más recientemente en los contenidos digitales.
La Tragedia de los comunes deriva de un concepto económico y ambiental que describe cómo los recursos compartidos pueden ser sobreexplotados y degradados cuando múltiples individuos o grupos tienen acceso a ellos sin una regulación efectiva.
Este concepto ejemplifica cómo la libertad de acceso a un bien común puede llevar a su degradación si no se establecen regulaciones o cooperación.
Si bien es cierto el objetivo de Harding estuvo orientado a los problemas del crecimiento descontrolado de la población en un mundo de limitados recursos, esta teoría se aplica hoy a muchas actividades económicas. A pesar de que tiene críticos, la teoría aplica de manera muy acertada a la extracción de recursos supuestamente renovables que pueden caer en la sobre explotación y el colapso, como ha ocurrido con algunas importantes pesquerías en todo el mundo. (Caso de la anchoveta en el Perú – 1973 – y el Bacalao del Atlántico Norte – 1980 -). En esos casos, las consecuencias socioeconómicas pueden ser devastadoras para las industrias y las poblaciones que dependen de esa actividad.
Los principios en que se basa esta teoría, y que se aplican de modo muy adecuado a nuestra pesquería artesanal y de menor escala son:
(a) Acceso abierto: Los recursos comunes están disponibles para múltiples usuarios sin restricciones significativas. En efecto, gran parte de los recursos que capturan las embarcaciones artesanales y de menor escala son de acceso abierto, con contadas excepciones.
(b) Incentivos individuales: Cada usuario tiene un incentivo para maximizar su beneficio personal sin considerar plenamente el impacto en el recurso compartido. En efecto, los armadores de las embarcaciones, en especial de menor escala, tienen el incentivo perverso de aumentar su flota de embarcaciones sin tomar en cuenta el impacto que esto genera en los recursos que deberían cuidar para asegurar su actividad en el largo plazo. Y como consecuencia,
(c) Sobreexplotación y falta de regulación: La suma de las acciones individuales conduce a la sobreexplotación y degradación del recurso, llevando en muchos casos al colapso de esos recursos. Esta situación la estamos viendo ante nuestros ojos, con la construcción indiscriminada de embarcaciones de menor escala, a pesar de que existen regulaciones expresas que prohíben su construcción desde hace muchos años.
Uno de los estudios más detallados del crecimiento explosivo de la flota artesanal y de menor escala en el Perú en las últimas décadas, titulado “Creciendo en la Pobreza – Reconstruyendo el esfuerzo pesquero de pequeña escala entre 1959 y 2018“ (Santiago de La Puente, Daniel Pauly y otros). Este detallado estudio muestra la paradoja entre el aparente crecimiento económico de unos pocos armadores que concentran el esfuerzo en la pesca de menor escala, y el empobrecimiento generalizado de la gran mayoría de pescadores que cada vez tiene menos acceso a esos recursos y ante cualquier crisis ambiental (como la ocurrida recientemente en el caso del calamar gigante), genera pérdidas y graves problemas sociales en ese sector.
Las cifras que se derivan de ese estudio son premonitorias de una crisis anunciada, en 1960 en el Perú había 3,600 embarcaciones artesanales, y para el 2018 (fecha de los datos del estudio) llegaron a 19,600. Esto coincide con una etapa en que en el país la clásica pesca artesanal de orilla y en las primeras pocas millas del litoral fue evolucionando a pesquerías cada vez a mayor distancia de la costa. La aparición del perico cerca de la costa a raíz del Niño de 1982-83 inició la gran pesquería de esta especie y posteriormente la pesquería del calamar gigante generó un crecimiento explosivo de la flota en las últimas décadas.
La abundancia de estos 2 recursos, y su distribución a mayores distancias de la costa generó un cambio fundamental en la pesca “artesanal”, las embarcaciones crecieron para tener más autonomía, fuera del límite de la capacidad de 32.6 metros cúbicos que determina la ley, pero con el argumento que la propia ley concede de que el arte de pesca sea con “predominio de trabajo manual”.
Hoy en día, gran parte de esta flota que ha seguido creciendo hasta un estimado de 23,000 embarcaciones (a pesar de la prohibición expresa de la autoridad del sector), se autodenomina artesanal a pesar de su gran dimensión y autonomía para pescar a grandes distancias, como un escudo que les permite acceder a beneficios y principalmente protección política frente a las autoridades.
En consecuencia, se ha distorsionado por completo la imagen del pescador artesanal tradicional, aquel que heredaba por generaciones su apego al mar y su respeto por una pesca responsable que debía asegurar su futuro y el de sus familias. Hoy ha incursionado de manera incontrolada una nueva clase de “pescadores artesanales” que lejos de proyectar su actividad como los tradicionales pescadores que aún existen en nuestras caletas costeras, han devenido en oportunistas que representan a miles de embarcaciones informales que presionan políticamente para regularizar sus embarcaciones ilegales.
Como bien ha sido identificado por muchos especialistas, esta situación se ha venido agravando en los últimos años de manera muy preocupante, en especial este año en que los grandes intereses económicos de algunos de estos actores informales se han convertido en fuentes de presión política ante las autoridades y el congreso, para volver a abrir un proceso de formalización (SIFORPA) que ya fue cerrado. Esto es injusto para aquellos pescadores que siguieron un proceso legal y cumplieron con la ley, y abre las puertas al típico cargamontón para que todos los ilegales entren por la ventana y generen una sensación que ese el camino para seguir construyendo embarcaciones y pescando sin control alguno.
Este escenario es el típico caso que nos estamos enfrentando a una “Tragedia de los Comunes”. El exceso de flota va a producir crisis cada vez más frecuentes (como la reciente del calamar gigante), que va a afectar a muchas familias, y va producir graves problemas sociales que a su vez van a utilizar esos pescadores informales para presionar a que les den más permisos y privilegios. En resumen, un círculo vicioso que sólo tendrá consecuencias ambientales, económicas y sociales cada vez más difíciles de controlar.
En este contexto, la debilidad del estamento político agrava la situación. Los grupos de presión interesados el dinamitar el sistema de control del crecimiento de la flota de menor escala, están asociados con intereses políticos del propio Congreso, donde se supone que se deben dar normas para regular la informalidad y la ilegalidad de actividades como la minería y la pesca ilegal, pero vemos casos como el REINFO que perforan el marco legal y fomentan un desorden. Caso similar al que hoy ocurre con la pesca de menor escala, donde algunos oportunistas buscan su propio REINFO pesquero, pensando en el beneficio económico del corto plazo, poniendo el riesgo la sostenibilidad de los recursos y el futuro de sus propios compañeros pescadores formales que acataron la ley.
Cuál es la solución, ¿Regulación, Control y Fiscalización?
En primer lugar, las autoridades del Legislativo deben resistir a las fuertes presiones políticas y económicas de los grupos informales e ilegales que asedian a los congresistas buscando perforar el marco legal para formalizar miles de embarcaciones construidas ilegalmente y formalizar una flota que ya es excesiva. En segundo lugar, las autoridades del Ejecutivo deben mejorar sus mecanismos de Control y Fiscalización para cortar de una vez por todas con la construcción ilegal de embarcaciones en astilleros a vista y paciencia de las autoridades. De nada servirá dar nuevas disposiciones como las ya existentes de prohibición de construir nuevas embarcaciones, si los astilleros siguen funcionando y cada día seguirán botando nuevas embarcaciones ilegales cuyos dueños pronto regresarán al congreso a pedir un nuevo REINFO pesquero.
En tercer lugar, es necesario repensar el concepto de “Pesca Artesanal“ para reclasificar las embarcaciones de menor escala en una nueva categoría modificando el Reglamento de la Ley de Pesca para adecuarla a esta nueva realidad de modo que se permita regular esta pesca fuera del contexto de criterio artesanal que debe mantenerse para los realmente artesanales tradicionales. Una vez regulada esta nueva categoría de embarcaciones y pesquerías, iniciar un proceso de otorgamiento de licencias individuales de pesca por embarcación, obligación de control satelital, regulación de áreas de operación de embarcaciones y los tradicionales métodos de otorgamiento de cuotas, periodos de vedas, control de tallas etc. Nada nuevo en nuestro ordenamiento legal ya que es lo que se aplica a la pesca industrial, lo que ha garantizado una pesca sostenible de la anchoveta en el tiempo.
Uno de los grandes problemas que hoy enfrentamos en la pesca artesanal y de menor escala, es el criterio de libre acceso, principio de viene desde la colonia, y que se ha convertido en un derecho adquirido que hoy es una camisa de fuerza que utilizan algunos grupos de presión para promover el desorden y el caos en esta actividad. En otros países, la pesca artesanal está regulada por áreas donde sólo pueden operar las embarcaciones de una zona o región costera asignada lo que permite ordenar la pesca evitando la pesca indiscriminada y la sobre explotación.
Aquí la gran cantidad de embarcaciones de menor escala migran donde se concentran geográfica y temporalmente los recursos, presionando las poblaciones con gran esfuerzo pesquero, desembarcan en cualquier puerto congestionando los terminales pesqueros y en muchos casos teniendo que esperar o cambiar de puerto, con el consecuente deterioro de su pesca por falta de sistemas de refrigeración adecuados, obteniendo en consecuencia un menor precio.
En resumen, la actual actividad de la pesca de menor escala, basada principalmente en la pesquería del perico y el calamar gigante, ha crecido de una manera desproporcionada en gran parte de manera ilegal, y sus promotores en complicidad con legisladores que deberían ser señalados por la prensa y la sociedad civil, pretenden formalizar con el grave riesgo de generar una crisis mayor en esta importante actividad del sector pesquero.
Esta situación viene configurando un clásico caso de la “Tragedia de los comunes”.
Esta en nuestras manos contrarrestar esa campaña política que podría poner en riesgo unas pesquerías tan importantes como las del calamar gigante y el perico, que da trabajo a muchas familias y podría ocasionar en el futuro no muy lejano el colapso de esta actividad.
Soluciones
1.- Regulación: Implementar regulaciones y límites para el uso del recurso.
2.- Propiedad privada: Asignar derechos de propiedad privada para incentivar a los propietarios a gestionar el recurso de manera sostenible.
3.- Gestión comunitaria: Fomentar la cooperación y la gestión colectiva del recurso entre los usuarios.
