El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, pidió a la ciudadanía que “entienda que la extorsión a transportistas es una ”modalidad delictiva que no se encontraba en el país hace mucho tiempo”. Sin embargo, esta postura se distancia del diagnóstico de gremios empresariales, que advierten sobre el impacto creciente de la criminalidad organizada.
De acuerdo con La República, estimaciones de estas organizaciones, reportadas en medios nacionales, el delito de extorsión habría experimentado un incremento del 478% en los últimos cinco años, afectando a trabajadores y emprendedores en todo el país.
Las declaraciones ocurrieron poco después de que transportistas se movilizaran en distintos distritos de Lima y Callao ante la falta de respuestas efectivas por parte del Ejecutivo frente a una escalada de asesinatos y amenazas contra choferes de transporte público.
Pese a la alarma, el jefe del gabinete reiteró ante la prensa que el Gobierno está implementando medidas como el bloqueo de líneas telefónicas utilizadas por extorsionadores y la incorporación de sistemas tecnológicos para rastreo de vehículos.
En la misma declaración, reconoció que varias de estas acciones enfrentan limitaciones cuando se trata de frenar a organizaciones criminales que operan desde penales.
El crimen organizado desafía la seguridad y obliga a respuestas urgentes
Diversos informes coinciden en que la actividad del crimen ha expandido su radio de acción y convertido la violencia en una constante en la vida cotidiana de miles de peruanos.
Según los gremios empresariales, el fenómeno afecta tanto a pequeños comerciantes como a grandes empresas, resultado de cobros ilegales y amenazas que han modificado los hábitos de trabajo y desplazamiento.
Durante los últimos días, las extorsiones y los homicidios de choferes motivaron un paro de 24 horas en la capital, con paraderos desbordados por tumultos y avenidas clave bloquearon parcialmente la circulación. Las consecuencias incluyeron la subida de tarifas en el transporte informal y afectaciones a miles de pasajeros.
Acuerdos y medidas inmediatas tras el paro
Tras casi tres horas de encuentro en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), representantes del Gobierno y gremios de transporte público de Lima y Callao alcanzaron un acta de compromisos. La principal medida es la creación de una mesa de trabajo permanente para enfrentar el avance de las extorsiones, ofrecer apoyo a las víctimas y reforzar las políticas de seguridad.
“El diálogo es el preámbulo para poder llegar a acuerdos estables”, señaló Arana en conferencia de prensa junto a los ministros de Economía, Interior y Transportes.
Según el documento suscrito en la Sala Pérez de Cuéllar de la PCM, los cinco compromisos incluyen el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, la asistencia directa a conductores y deudos afectados por delitos y la promoción de mecanismos legales contra el crimen institucionalizado.
También se establece la obligación de consultar previamente cualquier otra medida de fuerza y garantiza el restablecimiento progresivo del servicio de transporte urbano.
Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte (CIT), puntualizó que estos convenios buscan cerrar una etapa conflictiva e involucrar tanto al Ejecutivo como a los diferentes poderes del Estado para recuperar la seguridad en el sector.
