El Ministerio Público solicitó este lunes ocho años de prisión para el comandante de la Policía Nacional (PNP) Abraham Cuadros, exjefe de la Unidad de Tránsito de Chiclayo, acusado del delito de cohecho pasivo en el ejercicio de la función policial.
La acusación fue formulada por el Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque. En paralelo, el Poder Judicial amplió por 18 meses adicionales el plazo de prisión preventiva contra Cuadros, quien se entregó a la justicia en mayo de 2024 y permanece recluido en el penal de la ciudad norteña.
El caso incluye a 20 policías y 12 civiles bajo investigación por hechos similares. La Fiscalía calificó el proceso como complejo debido al número de implicados. Además, tres agentes ya aceptaron su responsabilidad y recibieron condenas de cinco años de prisión mediante sentencias anticipadas.
De acuerdo con la investigación liderada por la fiscal provincial Karim Ninaquispe, Cuadros y el teniente Luis Miguel Salcedo exigieron sobornos a transportistas formales e informales a cambio de omitir controles y sanciones. Esta práctica se mantuvo hasta marzo de 2024, cuando la Fiscalía ejecutó allanamientos con fines de detención.
Las pesquisas revelaron que un grupo de policías cobraba entre 20 y 50 soles diarios en distintos paraderos. Parte del dinero recaudado era entregado a ambos agentes para mantener la estructura de cobros ilegales.
El requerimiento acusatorio incluye documentación bancaria y otros elementos que serán contrastados con los testimonios recogidos para el juicio oral.
“Limpieza”
La semana pasada, el general Óscar Arriola, nuevo comandante general de la PNP, prometió “limpiar” la institución, destacó que la función policial está dedicada al servicio ciudadano y añadió que cumplen un papel similar al de los sacerdotes.
“Tenemos un primer gran lineamiento basado solamente en la vocación, que es de atender empáticamente al prójimo, al público al que nos debemos. Hemos venido a servir, somos casi igual a un sacerdote, a un apostolado del servicio”, dijo.
Por su parte, la presidenta Dina Boluarte expresó el respaldo del Gobierno para luchar contra la corrupción que afecta a la institución policial. “El general Arriola tiene la misión de guiar a cada efectivo en la noble tarea de enfrentar con firmeza la delincuencia y limpiar a la institución de malos elementos”.
La mandataria también defendió la actuación policial y aseguró que se protegerá a los efectivos ante injusticias y reivindicará el respeto hacia la PNP. “No más policías mirados con desdén. En nuestro gobierno defendemos a quienes nos protegen y arriesgan sus vidas”, anotó.
Arriola reemplazó en el cargo a Víctor Zanabria, quien fue suspendido en el cargo por 18 meses al ser investigado por la presunta comisión de los delitos de peculado, colusión agravada y abuso de autoridad en el caso ‘Policías albañiles’.
Una testigo de la PNP declaró que, por orden del alto mando, “los suboficiales no iban al servicio, sino que se quedaban a realizar trabajos de albañilería”, tras lo cual esta agente fue obligada al retiro de la actividad policial, según relató a la emisora RPP el abogado de 16 suboficiales agraviados por estos hechos, José Antonio Palacios.
