El crecimiento de la extorsión en el país, y en particular contra los transportistas, ha encendido las alarmas de las autoridades. En los últimos meses, el crimen organizado ha extendido sus operaciones desde el interior de los penales, coordinando amenazas, cobros y ataques contra choferes y empresarios del sector. Frente a esta situación, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutó un nuevo operativo en el penal Ancón I, dirigido a los pabellones donde se encuentran recluidos los internos considerados cabecillas de estas redes.
Por disposición del presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, se desplegó una intervención en respuesta a los recientes actos extorsivos atribuidos a organizaciones criminales que operan desde las cárceles. “No vamos a permitir que desde los penales se siga intimidando a los transportistas ni a la ciudadanía”, expresó la mandataria durante una reciente conferencia.
El operativo se concentró en los pabellones 8 y 2 de Ancón I, donde se encuentran recluidos Adam Smith Lucano Cotrina, conocido como “El Jorobado”, y Yojairo Arancibia Sevillano, alias “JJ”, señalado como la mano derecha de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”. Ambos internos son mencionados en diversas investigaciones policiales por su presunta participación en redes de extorsión que afectan al sector transporte y al comercio urbano.
La intervención reunió a 30 agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE, quienes realizaron una revisión exhaustiva de las celdas, patios, comedores y servicios higiénicos. También se ejecutó un control físico de los internos, siguiendo los protocolos de seguridad.
Dispositivos de comunicación incautados
Durante la operación se incautaron celulares, cargadores y equipos de conexión a internet, incluidos dispositivos WiFi de la marca Starlink, de tecnología avanzada. Estos aparatos eran utilizados para mantener comunicación directa con el exterior y coordinar actos delictivos. “Se logró intervenir equipos que permitían mantener señal constante dentro del penal. Es un golpe importante contra la comunicación de las mafias internas”, señaló una fuente del INPE consultada tras la intervención.
Las autoridades penitenciarias informaron que todo el material decomisado fue entregado a la Policía Nacional del Perú (PNP) y al Ministerio Público para las diligencias correspondientes. Con ello, se busca identificar posibles redes de apoyo dentro y fuera del penal, así como eventuales responsabilidades del personal penitenciario.
El presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, dispuso además la rotación inmediata del personal de seguridad y de tratamiento penitenciario de Ancón I, como medida preventiva frente a la corrupción interna. “No se va a permitir ningún tipo de complicidad con quienes buscan mantener sus operaciones desde prisión”, afirmó el funcionario, quien solicitó también a la Oficina de Asuntos Internos abrir una investigación para determinar si existió alguna omisión o colaboración indebida dentro del establecimiento.
Escalada de extorsiones a nivel nacional
El operativo se da en un contexto de incremento sostenido de las denuncias por extorsión en el país. De acuerdo con el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL-PNP), entre enero y septiembre de 2025 se registraron 20,705 denuncias, un 28.8% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 16,075 casos.
El ingeniero electrónico y analista de datos Juan Carbajal advirtió, mediante sus redes sociales, que “cada 19 minutos se registra, en promedio, una denuncia por extorsión a nivel nacional”. Esto equivale a unas 75 denuncias diarias en lo que va del año, una cifra que muestra la rapidez con la que se expande el delito.
El Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana informó que 19 regiones reportaron incrementos respecto a 2024. Lima Metropolitana encabeza la lista con 8,671 denuncias, un crecimiento del 55.1%. Le sigue el Callao con un aumento del 46.7%. En el norte, Piura registró 2,335 casos (51.1% más) y Tumbes duplicó sus reportes con un salto del 109.6%.
En el sur, Cusco registró un aumento del 56.2%, Puno alcanzó un 64.2%, y Madre de Dios tuvo el mayor incremento del país con más del 107%. En la zona central, Huánuco, Pasco y Junín también mostraron variaciones positivas, aunque menores.
Continuidad de las requisas penitenciarias
El INPE informó que entre julio y septiembre de este año se realizaron cerca de 1,800 requisas en distintos establecimientos penitenciarios, con el objetivo de desarticular las redes delictivas que operan desde las cárceles. Estas acciones buscan cortar los canales de comunicación de los internos vinculados a organizaciones criminales y evitar que continúen ordenando extorsiones, secuestros o cobros ilegales desde sus celdas.
“Las intervenciones no se detendrán. Cada operativo representa un paso más en la lucha contra la criminalidad organizada”, reiteró Paredes Yataco tras el operativo en Ancón I, marcando así una nueva fase en la respuesta del sistema penitenciario ante una amenaza que sigue expandiéndose en el país.
