El pedido de autonomía para la gestión de Machu Picchu se presentó hace unas semanas, tras los problemas que se suscitaron en el santuario inca por paros, bloqueos y cuestionamientos sobre la administración del sitio. Desde el Gobierno Regional de Cusco y diversos gremios locales se insiste en que la región debe tener mayor poder de decisión sobre el manejo turístico y cultural del monumento más visitado del país. Sin embargo, el Ministerio de Cultura mantiene su postura: la gestión de Machu Picchu solo puede estar bajo control del Estado peruano.
La tensión entre las autoridades locales y el Ejecutivo se incrementó luego de que la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) exigiera al Congreso la censura del ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja, por lo que consideran un “desorden en la administración de Machu Picchu”. Según el pronunciamiento de la ANGR, la situación afecta directamente “la economía y estabilidad de la región de Cusco”. En paralelo, el Gobierno Regional presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, argumentando que no se transfirieron las funciones a la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco (DDC Cusco).
Desde el Ejecutivo, el ministro Fabricio Valencia fue categórico. En entrevista con RPP, explicó que la transferencia de la gestión del santuario a un gobierno subnacional “no es posible” conforme a la normativa vigente. “Machu Picchu es un Patrimonio Mundial declarado por la UNESCO, por lo tanto, la administración le corresponde al Estado peruano a través del Ministerio de Cultura”, sostuvo.
El titular de la cartera afirmó que su despacho coordina permanentemente con las autoridades locales, aunque dentro de los límites que establece la ley. “Lo que sí hemos hecho es trabajar de manera articulada con el Gobierno Regional del Cusco, con los alcaldes, con los representantes de los gremios, con la Cámara de Comercio, con los guías y con los porteadores”, indicó.
Debate legal sobre las competencias
El ministro recordó que, en el año 2010, con la creación del Ministerio de Cultura, se estableció que las entonces direcciones departamentales del Instituto Nacional de Cultura (INC) debían ser transferidas a los gobiernos regionales. Sin embargo, varias disposiciones posteriores suspendieron dicha medida. “Es recién en el año 2023 donde deja de existir una norma que suspenda esta obligación de transferir las entonces Direcciones Departamentales de Cultura al Gobierno Regional”, explicó.
Pese a ello, precisó que la administración de Machu Picchu no forma parte de las funciones transferibles. “¿Es posible transferir la gestión de Machu Picchu a un gobierno subnacional? La respuesta es no, no es posible. ¿Y por qué no es posible? Porque no es posible. Cuando interpretamos el sistema jurídico, debemos hacerlo de manera sistémica. No basta con revisar una norma, hay que considerar la Constitución, los convenios internacionales y otros cuerpos normativos”, declaró.
El ministro recordó que la Convención del Patrimonio Mundial, firmada por el Estado peruano en 1981, determina que la gestión de los bienes reconocidos como patrimonio de la humanidad corresponde exclusivamente al gobierno nacional. “En la Convención se señala claramente que es el Estado nacional el que gestiona un bien integrante del patrimonio cultural de la humanidad”, afirmó.
Además, sostuvo que la gestión, protección y conservación de Machu Picchu son atribuciones exclusivas del gobierno central. “Existen competencias que únicamente son atribuidas al gobierno nacional. Ejemplo, la defensa nacional, la política monetaria, la política exterior. En ese orden de ideas, la gestión del patrimonio mundial es una competencia del gobierno nacional. No lo digo yo, lo dice la Convención de Patrimonio Mundial”, remarcó.
Asimismo, detalló que en la administración del sitio arqueológico intervienen tres sectores del Ejecutivo: el Ministerio de Cultura en el aspecto patrimonial, el Ministerio del Ambiente en el tema medioambiental y el MINCETUR en el ámbito turístico.
En relación con los conflictos por la carretera Hiram Bingham, explicó que el problema surgió por una concesión que fue responsabilidad del gobierno local de Urubamba. “El tema de la carretera Hiram Bingham corresponde a un gobierno local. No es competencia del gobierno central otorgar esa concesión”, aclaró.
Propuesta de autoridad autónoma en evaluación
Sobre la posibilidad de crear una autoridad autónoma que gestione de forma integral Machu Picchu, el ministro señaló que la propuesta debe ser analizada con sustento técnico. “He escuchado esta propuesta a nivel de noticia. No he visto un sustento técnico ni un argumento que la respalde. Debemos tener en cuenta cómo está estructurado el Estado y ser respetuosos de la Constitución y del sistema jurídico”, manifestó.
Mientras tanto, las autoridades cusqueñas mantienen su pedido de mayor participación en las decisiones sobre el patrimonio. El futuro de la gestión del santuario dependerá del equilibrio que se alcance entre las demandas de autonomía regional y el marco legal que protege su condición de Patrimonio Mundial.
